El Ejecutivo local comenzó a poner en práctica con inspecciones la ordenanza que regula el corretaje inmobiliario en la ciudad. En ese marco, se clausuraron 12 inmobiliarias que funcionaban de forma ilegal ya que no contaban con un matriculado al frente de la firma. A ellas se sumarán en breve unos 15 intermediarios más, a quienes ya les labraron el acta de infracción. Entre las firmas sancionadas se encuentra Gilli Inmobiliaria, que desarrolló los conflictivos loteos Funes Town y Funes City.
La sanción de la ley que habilitó la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios santafesino se dio en la Legislatura provincial a principios de 2011. Establece en uno de sus artículos más importantes que “los particulares o sociedades que tengan por objeto” esa actividad deberán contar con un particular matriculado. Para eso el Colegio comenzó a exigir a los operadores que presenten el título de corredor inmobiliario.
Como antes de la sanción de la ley no era necesario contar con esa certificación, también se empezó a notificar en 2012 a quienes ejercían la profesión “de oficio” que deberían sortear evaluaciones con exámenes vinculados a la actividad para seguir legalmente en el rubro.
A fines de 2013 el Concejo Municipal aprobó la adhesión en la ciudad a la ley provincial, lo que implicó que las inmobiliarias tuvieran también que reempadronarse para contar con la habilitación local para funcionar bajo ese rubro.
La ordenanza que avaló el Palacio Vasallo entró en vigencia en noviembre del año pasado. Por entonces, se les otorgó 120 días a los corredores para que normalizaran su situación. Superado largamente ese plazo, el municipio inició en las últimas semanas las inspecciones, que ya comenzaron a arrojar resultados.
El director de Habilitación de Comercios y Servicios, Rodrigo Gutiérrez, dijo en diálogo con El Ciudadano que son 12 las inmobiliarias que se clausuraron. “Se les ha caducado el permiso de habilitación que tenían para funcionar y debieron cerrar. Antes se les labró el acta de infracción y no apelaron”, explicó el funcionario.
Gutiérrez agregó que se prevé que otras 15 firmas queden en breve en la misma situación. “Ya se les labró el acta y estamos evaluando si han tenido audiencia con el juez de Faltas para hacer su descargo, y si hay sentencia firme. También estamos chequeando que no hayan impuesto una medida cautelar ante la Justicia provincial”, explicó.
Firma polémica
Lo cierto es que entre las 12 firmas a las que se les caducó el permiso de habilitación hay una que fue foco de un áspero conflicto. Se trata del grupo Lands-Gilli Inmobiliaria, que desarrolló los loteos Funes Town y Funes City, que en conjunto suman unas 2.500 parcelas y forman así el emprendimiento de ese tipo más grande de esa localidad.
Gilli quedó en el ojo de una tormenta por comercializar el loteo sin presentar previamente carpetas ante el gobierno provincial del impacto ambiental que generaría el proyecto ni prever obras para mitigar los efectos. Eso incluyó la falta de planificación del tendido cloacal, estudios de impacto vial y tareas que restrinjan la posibilidad de inundaciones.
El hecho generó bronca entre los compradores, quienes quedaron en el medio de una situación complicada ya que sin la aprobación definitiva del loteo vieron demorado durante largo tiempo el trámite de sus escrituras. También cuestionaron (algo que sigue hasta el día de hoy) a Gilli por el incumplimiento en los plazos de finalización de obras de servicios, como agua potable y gas natural. En ese sentido, la firma acaba de pedir una prórroga de un año para finalizar la obra de construcción de una planta potabilizadora por ósmosis inversa, con la que debe proveer de agua a esos dos barrios y a otros de la zona. El cuerpo legislativo de la vecina ciudad todavía no trató el tema.
Más denuncias
El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios en Rosario, Javier Grandinetti, volvió a alertar a quienes vayan a realizar una operación a que consulten en el sitio web oficial de la institución (cosir.org.ar) el listado oficial de las firmas habilitadas.
“Si alguien que no está en la lista quiere cobrar por una operación no hay que pagarle. El que no está matriculado no puede percibir honorarios. A esa persona no se le debe un peso”, señaló el dirigente.
“Como en cualquier otra profesión, lo que hace el gobierno provincial con la aprobación del Colegio es delegar en él el poder de policía. Y ante alguien que no está matriculado nosotros no podemos hacer nada. En un caso de mala praxis la persona afectada tiene que recurrir sólo a la Justicia ordinaria”, agregó Grandinetti.
El negocio de fondo
La regulación interna que promovió el Colegio de Corredores Inmobiliarios se enmarca en la fuerte disputa que existe por un negocio que se desarrolló con fuerza en la última década en la ciudad. El crecimiento de la construcción llevó de la mano al corretaje.
Según se desprende de datos del Colegio de Escribanos local, el año pasado se comercializaron, en promedio, unos 1.500 inmuebles por mes. A pesar de que la actividad ha descendido un 15 por ciento en el primer semestre de este 2015, el inmobiliario sigue siendo un gran negocio.
Las comisiones que se cobran por ventas (3 por ciento del total del valor del inmueble al comprador y otro tanto al vendedor) y mes a mes con cada contrato de alquiler generan grandes dividendos.
En la mira
El Colegio de Corredores dio a conocer el nombre de algunos de los corredores que quedaron inhabilitados. Ellos son:
Aymo, Alfredo Edelmiro
Dos Lonjas SA
Fernández, Eduardo Daniel
Allegranza, Heriberto
Martínez, Guillermo Gerardo
Barcelone, Federico
Cassini Roque L SRL
Grupo Lands, Gilli
Ducado SA
