El jefe de Volkswagen en América del Norte, Michael Horn, admitió ante el Congreso de Estados Unidos que se enteró de que podía haber un problema con los motores “pocos días antes” de la reunión de 3 de septiembre de 2014 entre la empresa y un organismo del Estado de California. Pero a la vez se atajó al decir que ignoraba que se trataba de un artefacto para truchar controles de contaminación. Varios congresistas pidieron penas de cárcel a los directivos de la empresa alemana. Por otra parte, la Policía germana allanó ayer la sede de Volkswagen, incautándose de documentos y discos duros en el marco de la investigación sobre el fraude masivo de los controles de polución de sus automóviles diésel.
El Congreso estadounidense exigió ayer responsabilidades penales a Volkswagen y sus directivos por haber falseado de manera intencionada las emisiones de gases de sus automóviles diésel.
Horn, máximo responsable del fabricante alemán para el mercado americano, confesó ante los legisladores que conocía el problema desde hace año y medio.
Aseguró que al ser informado de “un posible incumplimiento” en las normas de emisiones ignoraba que se tratara de dispositivo para trampear controles.
“En aquel momento, no había entendido que era un dispositivo engañoso. Y tampoco tenía idea de que eso pudiera estar en nuestros autos”, declaró en el interrogatorio ante los legisladores estadounidenses.
Los legisladores en el comité de Energía y Comercio en la Cámara de Representantes no le creyeron. El congresista por Nueva Jersey Frank Pallone fue rotundo al decir que el castigo a la empresa alemana debe ser severo y espera que se exijan responsabilidades penales contra los individuos, sin limitarse a sancionar al grupo. “Alguien deberá ir a la cárcel”, disparó. Es la única manera, dijo el demócrata, de “acabar con esta cultura de negligencia” en la industria.
Uno tras otro, los legisladores pusieron en evidencia que este engaño fue “claramente intencionado”.
Los clientes de Volkswagen, señaló el republicano Tim Murphy, presidente del comité, compraron estos modelos anunciados bajo el emblema de “diésel limpio” porque pensaban que cumplían los límites de emisiones sin que eso afectara a su rendimiento ni a su eficiencia. “Todo esto está en el aire”, lamentó la republicana Marsha Blackburn mientras el demócrata Peter Welch ponía el fraude a la altura del de Bernard Madoff y Enron.
Volkswagen reconoció haber instalado un software en once millones de motores diésel de varias de sus doce marcas, para superar sin problemas los controles de polución.
El escándalo, que estalló el mes pasado en Estados Unidos, puso a la firma en la mira de la justicia de numerosos países.
Operativos en Alemania
Al mismo tiempo, en Alemania se llevaron a cabo allanamientos en la sede del gigante automovilístico en Wolfsburgon y en oficinas de otras ciudades, así como en viviendas privadas, precisaron fuentes policiales a la AFP.
Los registros se proponían “poner a buen recaudo documentos y datos informáticos” susceptibles de deslindar responsabilidades en el escándalo de los motores diésel, indicó en un comunicado la Fiscalía de Brunswig.
En Alemania, el nuevo presidente de Volkswagen, Matthias Müller, dijo que cuatro empleados han sido suspendidos por el escándalo pero que no creía que los máximos gerentes estuvieran al tanto del fraude.
Müller trató de librar de sospechas al equipo de su predecesor Martin Winterkorn, que renunció tras el estallido del escándalo.
“No lo creo”, afirmó. “¿A usted le parece que un patrón tiene tiempo de ocuparse de la vida interna de los software de los motores?”, interrogó.
El software fraudulento se creó en 2008, cuando pareció imposible conciliar los imperativos de costos y las exigencias ambientales para proponer un “diésel limpio” en Estados Unidos.
Müller afirmó en la entrevista que la astucia informática se diseñó en la sede de Wolfsburgo y no en Estados Unidos.
Y ahora qué
Horn explicó que los ingenieros de la compañía están trabajando en instalar un sistema alternativo en los futuros modelos diésel. Por este motivo, la compañía procede a retirar la solicitud para que la agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA, en sus siglas en inglés) le dé el certificado para vender los modelos de gasóleo 2016. Eso significa que no habrá ventas de coches nuevos con ese motor durante meses.
