El Supremo Tribunal Federal de Brasil hizo lugar a una acción promovida por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) que obliga a la oposición a contar con mayoría especial para aprobar el inicio de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La medida se conoció justo ayer cuando los opositores más radicales planeaban impulsar el inicio del proceso contra la presidenta. Ahora, todo el peso de esa posibilidad recae en el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, enfrentado al gobierno, quien la semana próxima puede dar curso al juicio.
La medida de la Justicia frenó al menos por una semana un debate legislativo que prometía transformarse una «batalla» política en el recinto por el “impeachment” (moción de censura). La presidenta había puesto en alerta a todo su gabinete para cohesionar su base de apoyo en el Congreso y bloquear la iniciativa que impulsa el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb), derrotado ajustadamente por Rousseff en las elecciones de hace apenas un año.
Cunha es el rival político más poderoso del gobierno. De gran predicamento dentro del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb), partido de centro aliado de Rousseff, se declaró opositor después de ser denunciado por la justicia por cobrar un soborno de 5 millones de dólares para facilitar un negocio en el megaescándalo de la estatal Petrobras.
El diputado evangélico adujo entonces que detrás de esa denuncia estaba la mano del gobierno para desprestigiarlo.
Como presidente de la Cámara, Cunha es el encargado de dar luz verde o archivar los pedidos de juicio político contra la presidenta.
El ministro Teori Zavascki, del Tribunal Supremo Federal, emitió un parecer que obliga a que el pedido de impeachment cuente con el voto de 3/5 de la Cámara de Diputados y no de mayoría simple. Así, declaró inviable que, en caso de que el presidente de la Cámara rechace la solicitud, la oposición pueda presentar un recurso para tratar la cuestión en el plenario, como se especulaba que pasaría para evitar que toda la responsabilidad recayera sobre el presidente.
Por tanto, Cunha deberá decidir en soledad.
