Un nuevo intento de apuñalamiento y la muerte del supuesto agresor recalentaron ayer la tensión israelí-palestina, un día después de la más sangrienta jornada de los últimos meses, mientras la Policía empezó a cerrar áreas palestinas en Jerusalén y el gabinete de seguridad autorizó enviar soldados a centros urbanos y rutas para reforzar a los policías. Ordenaron demoler viviendas de atacantes y no devolver cadáveres a sus familiares.
El último ataque hecho público se registró en la Puerta de Damasco de Jerusalén Este y, de acuerdo a la Policía israelí, fue en momentos en que un efectivo se aproximó al agresor –que vestía un pantalón de camuflaje y había despertado las sospechas de varios agentes– para solicitar su identificación.
“A su llegada sacó un cuchillo y se abalanzó contra los agentes con la intención de apuñalarlos y un policía le disparó”, precisó un portavoz policial citado por la agencia de EFE.
En medio de la escalada, el gobierno israelí decidió varias medidas en barrios de Jerusalén Este, que Israel ocupa desde 1967, entre las que se cuentan “cerrar” las poblaciones palestinas, destruir las casas de “terroristas” sin permitir que puedan ser reconstruidas y la revocación de la residencia y otros derechos básicos de los que disfrutan allí por su estatus de residentes.
Paralelamente, el gobierno israelí decidió que a partir de ahora no entregará a las familias los cadáveres de atacantes palestinos muertos por disparos de las fuerzas de seguridad, para que los entierros no se conviertan en manifestaciones que alienten a la violencia.
“La familia del terrorista convierte su funeral en una manifestación de apoyo al terrorismo e incitación al asesinato y no debemos tolerarlo”, adujo el ministro de Seguridad Interna israelí, Guilad Erdan, en un comunicado difundido ayer.
Las medidas, decididas tras una maratónica reunión de los diez integrantes del gabinete israelí, fueron luego propuestas al Parlamento (Knesset) por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para tratar de detener la ola de violencia, informaron medios israelíes.
Casi inmediatamente, la organización internacional de defensa de los derechos Human Rights Watch (HRW) condenó las decisiones del Gobierno israelí de “cerrar” o “rodear” barrios palestinos de Jerusalén Este, argumentando que afectará a la libertad de movimiento de toda su población sin resolver un problema específico.
“Cerrar los barrios de Jerusalén Este violará la libertad de movimiento de todos los palestinos residentes sin ser una respuesta adecuada a una preocupación específica”, dijo la directora para la zona de la organización, Sari Bashi, en un comunicado.
