La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) desadjudica por año alrededor de 200 viviendas a beneficiarios que realizan distinto tipo de operaciones con dichos inmuebles, en especial venta y alquiler de los mismos.
El director de la DPVyU, Pablo Ábalos, señaló que se realizan visitas en forma periódica a unidades adjudicadas, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento de Adjudicación, Ocupación y Uso que regulan los programas habitacionales.
«El objetivo primordial del Estado en política de viviendas es facilitar el acceso de familias a un techo propio, apuntando hacia aquellos sectores que de otro modo no tendrían esa posibilidad. Por eso, una vez inaugurado un barrio, se exige la ocupación inmediata de las unidades», explicó el funcionario.
Y en caso de incumplimiento de este u otro punto, el grupo beneficiario se expone a posibles sanciones, incluso llegando a la desadjudicación de las viviendas. Lo mismo para aquellos casos en donde se comprueba una maniobra especulativa del inmueble, como pueden ser la venta o alquiler del mismo, remarcaron desde la repartición, a través de un parte de prensa.
Según indicaron, equipos territoriales de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo recorren en forma periódica la provincia constatando el efectivo cumplimiento de la normativa vigente. Si existiera algún incumplimiento, se inicia un proceso que puede culminar en la desadjudicación de las unidades.
«Se realiza un promedio de 200 desadjudicaciones anuales”, entre municipios y comunas de toda la provincia», estimó Ábalos, quien detalló que la mitad de estas operaciones se concreta en las ciudades de Rosario y Santa Fe.
El funcionario aclaró que el proceso de desadjudicación también puede activarse por denuncia de particulares, lo cual se somete luego a la verificación por parte de los equipos de la DPVyU.
Desde la Casa Gris recordaron que la única vía para acceder a viviendas es a través de la inscripción en los registros oficiales, padrones que luego se someten a sorteos públicos.
«Es muy importante que ante cualquier situación donde se ofrezca tanto la venta de una vivienda social o bien alguna facilidad para acceder a una casa del Estado, se realice la denuncia correspondiente para iniciar las actuaciones correspondientes», agregaron.
