El juez Civil y Comercial de la 7ª Nominación, Marcelo Quiroga, resolvió la intervención del Hospital Italiano Garibaldi, que estará a cargo de un triunvirato (un abogado, un médico y un contador) a designar con asesoramiento de los colegios Médico y de Abogados y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Según el magistrado, la medida no afectará a los casi 500 trabajadores estables, que cuentan con una antigüedad promedio de 20 años, y los otros 300 que en relación indirecta se vinculan a la institución.
Empleados reclamaron, además, participación estatal por el impacto que el establecimiento, con una capacidad de 200 camas, posee no sólo en Rosario sino en toda la región.
En plena crisis institucional, en el Italiano conviven pedidos de quiebra de acreedores, muchos de ellos médicos, y denuncias de boicot de los profesionales. Según adelantaron desde el propio hospital, la intervención fue determinada el pasado viernes pero recién se hará efectiva cuando el magistrado cuente con la terna de interventores sea definitiva o interina.
Crisis institucional
Según fuentes judiciales, la institución entró en concurso de acreedores en 2008. En ese momento, el acuerdo benefició a la institución. Acordaron pagar el 40 por ciento de la deuda en 10 años. El problema fue que el hospital no habría cumplido con el acuerdo por lo que la Dirección de Personas Jurídicas dependiente de la provincia solicitó la intervención dictada por el juzgado. En ese pronunciamiento el magistrado debe definir los nombres de las tres personas a cargo del proceso.
Tal como publicó este medio el clima en el hospital se había enrarecido meses atrás durante lo que algunos llamaron una doble dirección que imposibilitó el correcto funcionamiento. Es que desde agosto la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), que depende de la Fiscalía de Estado de Santa Fe, resolvió crear una comisión colegiada que también se hiciera cargo del gerenciamiento. Para ese lugar se designaron representantes de la Asociación de Medicina del hospital, el Instituto Universitario, la Asociación Médica de Rosario y representantes del personal. Quisieron establecer un cogobierno entre quienes administran el hospital y un consejo asesor de profesionales y empleados.
El conflicto del hospital se hizo público hace más de un mes cuando un grupo de trabajadores denunció que algunos médicos buscaron instalar la idea de que el centro de salud estaba cerrado porque carecía de insumos. “Hace más de dos meses los ingresos vienen disminuyendo y se está buscando instalar que el hospital está cerrado y sin insumos. Y eso no es así. Hay una voluntad explícita de llevar esto a la quiebra. Y es un grupo de médicos el que está generando el boicot. Hay esfuerzos evidentes por vaciarlo y quedarse con el hospital”, acusó María José Ramos, encargada del área de Cocina del hospital. Inclusive, según relataron otros trabajadores, hubo presuntas maniobras de vaciamiento cuando un grupo de personas habría sustraído aparatos del sector de Traumatología.
El presidente del consejo directivo, Pablo Melvin coincidió con esa denuncia. Calificó la situación de “crisis intencional producto de un lock out médico”. “Eso nos ha llevado a que perdamos cápitas de Pami y afiliados de Italmedic, con el consabido perjuicio económico para que los trabajadores cobren su remuneración. Hace tres meses que un 70 por ciento de los médicos no trabaja y la institución tuvo que traer médicos de otros lugares para cubrir especialidades que no tenía y para tratar de recuperar las cápitas de Pami y otras obras sociales”, había declarado el directivo.
Hace un mes unos 35 empleados estuvieron en los Tribunales provinciales, en el juzgado a cargo de Marcelo Quiroga. Entregaron un pedido firmado por unos 250 empleados a modo de “compromiso simbólico” para que la Justicia tome las medidas necesarias que eviten el camino de la quiebra. Pesaban sobre la institución tres pedidos de quiebra.
“(Molina) nos sacó el fantasma de que la quiebra podría llegar de inmediato, pero igual aclaró que los pasos son cortos”, explicó en esa oportunidad Ramos.
Intervención estatal
Para la empleada del nosocomio debe existir también “un compromiso del Estado, mucho más en una provincia que tiene al sistema de salud como bandera”. En ese sentido, explicó que el establecimiento del Virasoro al 1300 es uno de los principales receptores de pacientes de Pami y que atiende casos de, incluso, la ciudad de San Pedro.
“El problema no es de fácil resolución si no hay compromiso por parte del Estado. Estamos de acuerdo con que debe existir un control de los recursos del hospital. La situación es muy compleja porque están dadas las condiciones para que el único camino sea la quiebra”, sentenció.
De otro siglo
El hospital fue fundado en 1892 por la colectividad de inmigrantes italianos que arribó a Rosario. Junto al Hospital Español y a otras sociedades de socorros mutuos signaron el camino en cuanto a la prestación de servicios de salud y sociales comunitarios durante en el inicio del siglo XX. La entidad responde a la Sociedad de Beneficencia, que se rige a través de un consejo directivo. La delicada situación financiera que atraviesa la institución esconde tramas que sólo los protagonistas conocen a ciencia cierta.
“Esto es una refundación”
El hospital Italiano Garibaldi “podrá mantener los puestos laborales y eso es una muy buena noticia”, aseguró la Asociación de Trabajadores de la sanidad de Rosario y el Sur Provincial (Atsa Rosario) luego de conocer que el centro de salud fue intervenido por decisión de la Justicia, tal como se conoció durante la jornada de ayer.
“Este es el inicio para que se ponga el Italiano de nuevo de pie, es su refundación porque todas sus áreas comenzarán a trabajar y generará recursos. Fue lo que siempre dijimos”, expresó Juan Martino, secretario general de Atsa Rosario, quien de inmediato aseguró que “este es el resultado producto de la lucha gremial y de toda la comunidad del efector”.
