La Corte Suprema de Justicia aceptó este martes una nueva demanda entablada por la provincia de Córdoba contra el Estado Nacional. Por la misma se requiere que el máximo tribunal declare inconstitucional la exigencia del Estado para con aquellas provincias que ingresan en un programa de desendeudamiento: esencialmente, declinar todos los juicios contra la administración central.
El gobierno estaba pendiente de esta decisión y los pronósticos más recientes sostenían que la Corte no trataría este caso puntual. La decisión de los justices confirma, una vez más, que la llamada deuda interna se intensificará como una cuestión sensible entre la Corte y la economía de la administración que asuma el 10 de diciembre.
Los litigios protagonizados por provincias han dominado la actualidad cortesana de los últimos dos meses. Con Córdoba, la estrategia del gobierno es seguir la teoría del sometimiento voluntario que establece que adherir a un régimen de facilidades implica declinar cualquier accionar legal contra su constitucionalidad.
El oficialismo está cerca de volver a confirmar que los pleitos institucionales -que requieren cierto vuelvo técnico- le implican una debilidad. La provincia de Córdoba es una figura del derecho público. No puede renunciar a sus reclamos sólo con la firma de José Manuel de la Sota sino que requiere de un aval de la Legislatura porque los fondos en litigio son de los contribuyentes.
La letra del reclamo cordobés la aporta el constitucionalista Alberto García Lema, hombre del peronismo y que intervino activamente contra el paquete de leyes de la reforma judicial convocado por el gremio de magistrados. Córdoba apelará al principio de la no discriminación porque allí están sus mayores chances al momento de transmitir que el Estado hace un enfoque desde la justicia conmutativa (entre iguales) en lugar desde la distributiva.
En paralelo a estas cuestiones, la política también juega y más aún ante un eventual balotaje. Las dos provincias que encabezan la litigiosidad cortesana son Córdoba y San Luis, cuyos gobernantes podrían ser decisivos en las aspiraciones de Daniel Scioli en caso de que éste deba ir a segunda vuelta. Los reclamos provinciales estarán entre los elementos de negociación. En definitiva, otra motivación que tiene el campamento sciolista para eludir la incertidumbre de un nuevo llamado a las urnas, percepción que debe complementarse con la novedad de que el martes próximo Ricardo Lorenzetti organizará un acuerdo para revisar la validez de la subrogancia de Laureano Durán en el juzgado electoral de La Plata.
En este sentido, comienza a crecer en el cuarto piso la intriga sobre si el tribunal será completado, ante un eventual triunfo de Scioli, por el actual gobierno antes del 10 de diciembre o si este debate debe esperar por la nueva administración. En realidad, debe decirse, en Balcarce 50 la cuestión está zanjada: el peronismo buscará completar la Corte y apostará por un entendimiento con los senadores del radicalismo.
En esos conciliábulos la tensión pasa más por el candidato a postular. No hay figuras prominentes y la idea del senador Miguel Pichetto de emular a Juan Carlos Maqueda y saltar del Congreso a la Corte por ahora no termina de solidificarse. Algo similar sucede en el radicalismo, espacio en el cual ningún candidato termina de asentarse, producto de múltiples divergencias.
En realidad, si se apela a la perspectiva y se replica el escenario de que el kirchnerismo se retira completando la Corte, el candidato que nomine la oposición es el más decisivo de cara a lo que viene especialmente si el nominado por el gobierno encuentra sintonía con el pensamiento de Elena Highton de Nolasco. El reemplazo de Carlos Fayt podría constituirse como un árbitro a tener en cuenta.
Estos cálculos encuentran eco en diversos escenarios que traza el empresariado. Para aquellos hombres de negocios que observan a la Corte como un dique de contención legal y en algunos casos también política, el tribunal será crucial para marcar los límites en un contexto.
Mientras tanto, el escenario se ve dominado por otras trifulcas de tinte menor pero fuerte significado. La Corte, por ahora no habilita dos nuevos tribunales orales en Comodoro Py, lo cual ayer generaba malestar en la titular de la Casación Penal federal Ana María Figueroa, cercana al oficialismo. Aún sin la habilitación, Figueroa, que insiste ante sus empleados que su destino está en la Corte, intentó organizar un acto de jura que terminó en fracaso porque sólo pudieron jurar dos jueces en un tribunal ya existente. En definitiva, la decepción del acto fue sucedida por un rápido escape al restorán del gremio de jueces, entorno ideal para continuar con las conspiraciones a sólo cuatro días de la fecha más decisiva.
