El Centro de Estudios de la Concejalía Popular encabezó ayer un abrazo solidario a la vivienda de una jubilada de barrio Ludueña que resultó subastada por la Justicia hace 15 días, como consecuencia haber contraído una deuda de 7 mil pesos durante la década del 90. La propietaria contrajo la deuda con un banco que luego quebró y vendió su cartera a una empresa financiera: esta le reclamó a la mujer una suma total 240 mil pesos. Desde la organización sin fines de lucro local, que no pudo impedir la subasta, se insistió en hacer eje sobre tres cuestiones: la suspensión de remates por 24 meses, la creaciónun registro de propietarios de vivienda en situación de riesgo –estiman que habría unos cinco mil casos similares en toda la provincia- y la sanción de una ley que garantice el derecho la vivienda única familiar y promueva el desarrollo de inmuebles de interés social.
El acto se realizó en la tarde de ayer en frente a una vivienda de calle Culaciatti al 6010, que resultó ejecutada hace dos semanas en una subasta que, de acuerdo a los integrantes de Concejalía Popular, tiene “otros intereses”.
Un caso insólito
Según contaron a este diario, Susana Silva accedió junto a su esposo a un crédito hipotecario durante la década del 90 con el banco Caseros, que tiempo después quebró y vendió su paquete acreedor a la empresa Compañía Financiera Argentina, con sede en la ciudad de Buenos Aires. En este caso, la deuda ascendía a unos siete mil pesos/dólares que, luego de la pesificación de la deuda más los intereses, alcanzó los 240 mil pesos. Es que varias leyes sancionadas durante la década pasada, que se sumaron a la ley Lamberto (2010) que suspendía las subastas y abría un periodo de 180 días para inscribirse en un registro de deudores con vivienda única en situación de remate. Unos 12 mil propietarios en esas condiciones se incorporaron al registro, pero sólo una tercera parte logró sellar un acuerdo con los acreedores. Así, quedaron unos 8 mil casos activos mientras las dilatación del proceso iba engrosando la deuda.
Èse fue el caso de la mujer, que hoy vive junto a sus dos hijos y sus respectivos nietos, y ofreció el pago de la mitad de la deuda y llegar a un acuerdo para el resto. Sin embargo, se encontró con la negativa de la empresa que, gracias al fallo del juez Civil y Comercial Nº 7 Marcelo Quiroga, terminó finalmente ejecutando la propiedad y subastándola por 180 mil pesos. “Llama poderosamente la atención la falta de una mediación. Por eso insistimos en una ley que garantice la vivienda única para familias de ocupación permanente. En este caso, la propiedad terminó siendo vilmente subastada para que la compre una persona que claramente vive de la usura porque compra una casa sin siquiera ir a verla”, sentenció con indignación Nire Roldán, titular de Concejalía Popular.
El titular de la ONG consideró “una barbaridad” el monto total de la deuda y la falta de mediación entre la empresa titular del paquete acreedor y la titular de la propiedad ya que existen fallos jurisprudenciales, con sustento en “la propia Constitución Nacional que defiende el derecho a la vivienda única”, para llegar a un acuerdo entre las partes. “Se procedió a una subasta cuando la empresa ni siquiera va a cobrar la totalidad de la acreencia”, agregó.
Uno entre mil
El caso de Susana Silva no es ni el primero ni el último en la provincia de Santa Fe. En este sentido, Roldán explicó que se estima que existen, aproximadamente, cinco mil casos como este en todo el territorio por lo que reclamó la inmediata sanción de una ley que, por un lado, impida los remates y embargos y que, por el otro, promueva el desarrollo de viviendas de interés social.
Asimismo, consideró necesario avanzar en otros dos aspectos: la suspensión por 24 meses de todos los remates en territorio santafesino y crear un registro de propietarios de vivienda única, familiar y de ocupación permanente que estén en situación de riesgo.
