Familias estafadas por una mujer que ofrecía viviendas de la provincia a cambio de dinero protestaron ayer por la mañana frente a la sede de Gobernación porque, aseguran, el Estado no les dio una respuesta. Desde el gobierno santafesino aclararon que ya están inscriptos a la espera de formar parte de próximos planes habitacionales.
El caso fue conocido porque la mujer, que fue condenada en agosto pasado por la Justicia, tal como publicó este diario, desde 2009 ofrecía a familias adquirir una vivienda social de la Dirección Provincial de la Vivienda y Urbanismo (DPVyU) en cuotas. A la hora del ofrecimiento, aseguraba que usaría contactos políticos que evitarían todos los pasos legales y administrativos necesarios para acceder a una casa.
Ayer por la mañana un grupo de familias estafadas por esta mujer, de 73 años, y su concubino, cortaron el tránsito en Moreno y Santa Fe, lo que llevó a embotellamientos en la zona durante gran parte del mediodía.
En la esquina del edificio donde funciona la sede de gobierno de Santa Fe quemaron gomas. Así, tras mucho insistir, consiguieron ser atendidos por funcionarios provinciales.
Daiana, una de las manifestantes, explicó las razones por las que protestaron: “Firmamos un acuerdo con Russo (por Luis, referente del DPVyU) y el fiscal que tiene la causa en el que se comprometían a darnos una solución para septiembre. Estamos en noviembre y la semana pasada Russo se lavó las manos y dijo que nos van a dar una solución dentro de tres años. Nos prometieron que íbamos a entrar en los sorteos de viviendas o terrenos con materiales para construir, pero no pasó nada”.
Según la mujer, las familias estafadas ingresaron casi en un 90 por ciento al registro provincial para acceder a algún plan de viviendas. “Unas 10 familias tienen tiempo para presentar los documentos hasta diciembre. Ese fue el acuerdo firmado cuando terminó el juicio”, agregó Daiana. “Vinimos acá a que nos den una respuesta. El acuerdo fue para que entráramos en el sorteo de viviendas. No importa que entremos de a 20 o 30 familias, pero queremos que se vaya avanzando. No podemos esperar tres años. Hay gente que está alquilando, hay personas discapacitadas y gente con problemas”, sumó la mujer.
Luego señaló que nos les gustó cortar el tránsito pero entendieron que de otra manera los funcionarios no los iban a recibir. “No queremos que nos regalen nada. Tenemos recibos de sueldo y queremos tener un techo digno. No tenemos 300 o 400 mil pesos para construir ya”, aportó otro de los damnificados.
“Ella (por la mujer condenada por estafar a las familias) está presa y el marido estaba con una pena condicional. No tuvimos ninguna novedad de la plata que le dimos a esa señora”, explicó Daiana.
Por su parte, Rafael Toledo, uno de los damnificados que se reunió con representantes de la provincia, indicó: “No nos dieron ninguna respuesta. La semana pasada presentaron un plan de 680 viviendas y para nosotros, nada. Necesitamos respuestas. Vamos a hablar con nuestros abogados y queremos ir a la Municipalidad para que nos reciba la intendenta (Mónica Fein)”.
En diálogo con El Ciudadano, el referente del DPVyU, Luis Russo, aclaró que recibió a las familias damnificadas pero que no sólo correspondían a casos de la Zona Cero sino de otras partes de la ciudad. “Habíamos acordado inscribirlas en el sistema de viviendas. El 90 por ciento de las familias no estaban inscriptas y ahora sí lo están. Se encuentran a la espera de nuevos planes habitacionales”, explicó el funcionario provincial.
Condenas por la estafa
A mitad de agosto, la Justicia condenó a Lidia Rosa Grecco, de 73 años, a cinco años de prisión efectiva por estafar a 460 personas cuando les prometió viviendas sociales en el Programa Habitacional Rosario Noroeste, también conocido como Zona Cero, y se quedó con el dinero. Su pareja, Ricardo Modesto Ugarte, fue considerado cómplice y cumple tres años de prisión domiciliaria. La decisión que llevó a la condena nació de un procedimiento de abreviado llevado adelante por el fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación, y la defensa de los acusados.
La investigación que llevó a esta decisión judicial empezó a mitad de año, cuando un grupo de 250 personas denunció a Grecco ante la Fiscalía Regional Nº 2.
Los fiscales Sebastián Narvaja y Fernando Sosa ordenaron detener a Grecco y Ugarte con la colaboración de tareas realizadas por la Policía de Investigaciones, las agencias de análisis del Ministerio de Gobierno, del Banco Central y de la Afip.
“Estas personas pedían dinero desde 2009, ya que se presentaban como que tenían cierta capacidad de influir sobre altos funcionarios del gobierno tanto provincial como municipal y aseguraban que eran capaces de conseguir, digamos un atajo, para ello”, señalaron los fiscales a este medio, y agregaron: “Hay que recordar que para conseguir una vivienda social hay registros públicos donde las personas tienen que inscribirse, llenar una ficha, ingresar en una especie de padrón y todo eso conforma una reglamentación bastante específica. Luego se procede al otorgamiento de viviendas a aquellos que se encuentran en una determinada regularidad, lo que se hace por sorteo”.
Siempre según contaron desde la Fiscalía, investigaron si los condenados tenían una relación con algún representante de las áreas de Vivienda. “Nunca habían pertenecido a ninguna área del Estado”, explicó Narvaja a este medio.
Procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado, mediante el cual fueron condenados la mujer y su marido por estafa en agosto pasado, es un mecanismo que permite que un imputado debidamente asesorado por su defensor acuerde monto y modalidad de su condena con el representante del Ministerio Público de la Acusación, respetando siempre las garantías constitucionales vinculadas a la defensa técnica, al consentimiento del acuerdo y a la posibilidad de su retractación hasta el momento de la sentencia, la incoercibilidad moral del imputado y el estado de inocencia, la carga de la prueba por parte del Estado y el respeto del acuerdo como límite máximo por parte del Tribunal.
