La fiscal Paula Borello de la Unidad Fiscal Venado Tuerto ordenó la realización de estudios de ADN a tres hombres mayores de edad y a un bebé nacido este año para establecer la paternidad y que se entreviste en cámara Gesell a la madre del niño, quien tiene 13 años y nuevamente está embarazada.
Según fuentes del caso, la adolescente manifestó en diversas entrevistas realizadas por un gabinete interdisciplinario de la comuna de María Teresa, que sus embarazos serían consecuencia del abuso sexual de su padrastro.
El MPA comenzó a investigar el caso a raíz de que el primer embarazo de la menor fue denunciado por la escuela a la que asiste. A partir de allí tomó intervención la fiscal Borello y comenzó el trabajo del gabinete de María Teresa, localidad del departamento General López, a raíz de que la menor vive en una zona rural cercana a dicha localidad.
Por su parte, la madre de la chica también denunció el hecho en la Fiscalía de Venado Tuerto, denuncia que fue radicada luego de que la escuela informara del caso.
A través de un parte de prensa, la fiscal Borello pidió ser prudente con la información del caso. “Lo principal es evitar revictimizar a la niña. Vive en una localidad pequeña, donde todos se conocen y la sola circulación de la información en los medios de comunicación la afecta, la expone y podría provocar que no quisiera hablar más, lo cual entorpecería la investigación”.
Acerca de la investigación propiamente dicha, la funcionaria del MPA señaló que la menor fue brindando la información de a poco. “La menor vino por primera vez a la Fiscalía y estaba a punto de dar a luz a su primer hijo, y en un brevísimo plazo quedó embarazada nuevamente. Hay muchos detalles que fueron surgiendo meses después de que iniciamos la investigación. De hecho, recién en octubre la menor dijo que el abuso había sido realizado por su padrastro y también señaló que su hermana de 11 años podría haber sido víctima de algún abuso”.
Y añadió: “Esto suele ocurrir en los casos de abusos a menores. Los niños tienen sus tiempos, y van brindando la información de a poco. Por eso es fundamental el trabajo que realiza con ellos la subsecretaría de la Niñez de la provincia”.
La funcionaria del MPA señaló que, “a raíz de que se conoce que uno de los autores sería familiar político de las víctimas, se ordenó como medida excepcional que las menores fueran retiradas del núcleo familiar, y fueran llevadas con una familia de guarda”.
