El abogado Héctor Superti, representante del gobernador Bonfatti en rol de querellante en la causa que se investiga el atentado contra su vivienda en 2013, explicó que la decisión de desistir de la acusación contra Emanuel Sandóval, conocido como Ema Pimpi, se tomó después de valorar que “el cuerpo probatorio reunido en la investigación no es suficiente” para llegar a una condena.
Superti indicó que “la premisa de la querella es ajustarse al estado de derecho. Que no haya impunidad pero tampoco chivos expiatorios”, y que la investigación, la forma en que se lleva adelante y la disposición de medios es responsabilidad del Poder Judicial.
Con respecto al trámite procesal, el ex ministro de Justicia explicó que “en un determinado momento la Justicia decidió que la investigación estaba agotada. En ese punto la fiscalía decidió acusar (con lo cual va a juicio) pero nosotros no, porque entendemos que no hay pruebas suficientes”.
Aclaró que la decisión no roza al otro acusado, el policía de la comisaría 10ª Pablo Espíndola procesado por el delito de encubrimiento agravado del atentado, cuya participación de dirime en una investigación paralela en la que Bonfatti también actúa como querellante.
Superti admitió “discrepancias con la fiscalía en cuanto a la valoración de las pruebas”. “Para nosotros no son suficientes. Hay un testigo presencial que ve dos motos con cuatro personas pero no los rostros. Era un día de partido y casi no había gente en la calle. Luego hay todo un entramado de datos que se desprenden, pero a nosotros, como querella, sólo nos interesa el atentado, esto tiene que quedar claro. Y la causa reúne informes de inteligencia, que pueden servir para orientar pero no como prueba, denuncias anónimas, rumores, entre otros”.
Recordó que “anteriormente, cuando la fiscalía apeló la decisión de morigerar la prisión preventiva de los detenidos, en la segunda audiencia pública, cuando el juez Ivaldi Artacho analiza el cuerpo probatorio, justifica el procesamiento pero duda que alcance para una condena, y por eso accede a dar la prisión domiciliaria para Sandoval”.
Cuando se le pidió una valoración sobre cómo el juzgado penal llevó adelante la investigación, aclaró: “No estoy en condiciones de hacer una evaluación en ese sentido. Sí por el resultado obtenido, que es altamente insuficiente. No es una crítica; a veces se trabaja bien e igual no se consiguen las pruebas”.
Por último, aclaró que “como querellantes hemos colaborado en la medida de nuestras posibilidades. Pero pensar que la responsabilidad de llevar adelante la investigación recae en nosotros es no conocer cómo funcionan las cosas”.
El atentado a balazos a la vivienda del gobernador en zona norte ocurrió el 11 de octubre de 2013, cuando cuatro personas en dos motos balearon el frente. Los acusados fueron Ema Pimpi y Espíndola, a quien se le halló una de las armas con que dispararon los atacantes.
