El gobierno provincial enviará esta semana al Senado una solicitud de prórroga de la “ley de emergencia en materia de seguridad” que rige desde noviembre de 2012. La misma facilita la adquisición de equipamiento y la inversión de infraestructura a través de mecanismos administrativos excepcionales para acelerar los plazos de respuesta.
El envío del proyecto de ley fue confirmado a El Ciudadano por una alta fuente de la Casa Gris. Votada por la Legislatura hace tres años, declaró la emergencia por 18 meses con la posibilidad de otros 18, período que vence en los primeros días de diciembre.
El gobierno pretende que la emergencia en adelante transcurra de la misma forma. Un año y medio de vigencia y una cláusula de prórroga por un lapso similar.
De aprobarse, el gobernador entrante tendrá asegurado un flujo de recursos para seguridad por sus primeros tres años. Entre 2012 y 2015, la gestión de Antonio Bonfatti obtuvo más de 470 millones de pesos: 220 millones corresponden al periodo inicial y unos 255 millones desde julio de 2015 hasta la actualidad (funcionarios de seguridad no recordaban con exactitud la cifra pero sí recalcaron que se invirtió todo lo recaudado)
El hecho de que el proyecto ingrese a la Legislatura con la firma de Antonio Bonfatti revela que fue uno de los temas acordados entre la administración saliente y la entrante durante la transición.
El Fondo se constituye con el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a los Sellos.
Móviles, motos, camionetas, minibuses, carros hidrantes y utilitarios para la Policía, el Servicio Penitenciario y otras áreas dependientes del Ministerio de Seguridad fue lo primero en lo que invirtió la administración Bonfatti a partir de 2012. También chalecos antibala, cartuchos, municiones, armas, escudos y bastones. Solventó el alojamiento y alimentación de las fuerzas federales en territorio santafesino. Y todo el sistema de videovigilancia y los centros de monitoreo en Rosario, Santa Fe y ciudades pequeñas y pueblos fueron solventados con el Fondo de Emergencia. También financió la refuncionalización de la Alcaidía de Rosario para pasarla al Servicio Penitenciario; para adecuar instalaciones de los Centros Territoriales de Denuncia (CTD), destacamentos policiales en intersecciones de rutas y módulos habitacionales para la Policía Comunitaria.
En julio de 2014, el Ministerio de Seguridad indicó que casi todas las adquisiciones fueron a través del mecanismo de “gestión directa” y en muy pocos casos por el de contratación directa.
En cuanto a la viabilidad legislativa del proyecto, la Casa Gris eligió ingresarlo por el Senado, que apoyó fervientemente la ley en 2012. En cuanto a Diputados, a partir del 10 de diciembre el oficialismo tendrá mayoría propia, con lo cual no debería sufrir contratiempos su aprobación.
ENRESS Y MINISTERIOS
El Ejecutivo giró a la Legislatura el pliego del diputado de IP Oscar Urruty (su mandato vence en días) para ocupar la silla vacante en el directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios. Además, mañana ingresará en Diputados un proyecto de reforma de la ley de Ministerios, cuya aprobación antes del 11 de diciembre es imprescindible para que puedan jurar los ministros elegidos por el gobernador electo Miguel Lifschitz.
