Los Tribunales provinciales de Rosario serán escenario hoy de una audiencia clave entre las partes involucradas en el conflicto por la toma de un terreno de 12 hectáreas en zona noroeste en el que están involucradas unas 3 mil personas. La jueza que lleva adelante el caso, Stella Maris Bertune, dispuso el desalojo para el 15 febrero del año próximo, hecho que de consumarse traerá aparejado un fuerte impacto social dado la cantidad de personas que involucra la usurpación. En ese marco, este martes está previsto que se presenten en el Palacio de Justicia (además de los delegados de los propietarios del predio y de las familias que lo habitan) representantes del Ejecutivo local, el gobierno provincial, el Concejo Municipal y el Ministerio Público con el fin de comenzar a buscar una salida por consenso al asunto.
Desde Tribunales señalaron que la reunión se llevará a cabo a las 9. Formalmente, fueron convocados (además de otros funcionarios que dispongan la intendenta Mónica Fein y el gobernador Miguel Lifschitz) el secretario de Estado de Hábitat santafesino, Diego Leone, los referentes de Control Urbano (Osvaldo Aita) y Defensa Civil (Raúl Rainone) locales, el titular del Servicio Público de la Vivienda, Raúl Álvarez, la presidente del Concejo Municipal, Daniela León, y el defensor general del Ministerio Público, Gabriel Ganón.
En tanto, está prevista la presencia de los representantes legales de los propietarios del predio (figura a nombre de Compañía Santafesina de Tierras, una empresa dedicada a la compraventa de suelo que adquirió varios terrenos con el presunto fin de desarrollar loteos y nuevas urbanizaciones) ubicado al sur de avenida Sorrento, entre Cullen y el arroyo Ludueña, en Empalme Graneros. Y, por el lado de los ocupantes, se aguarda la llegada de ocho delegados de las más de 500 familias que están asentadas hace años en el lugar.
Según fuentes judiciales, las expectativas de Bertune es que todos los participantes lleguen al cónclave con una propuesta concreta para que al final del camino se pueda evitar el desalojo. Y que el conflicto se resuelva lo antes posible.
Por el lado del Ejecutivo local, el caso está siendo abordado por la Subsecretaría de Legal y Técnica, que días atrás había pedido una postergación de la audiencia debido al recambio de gabinete que implantó Fein. El área depende de la Secretaría de Gobierno, cuyo nuevo titular (en reemplazo de Fernando Asegurado) es Gustavo Leone. La idea era tomarse un tiempo más para evaluar la situación. Sin embargo, la solicitud no tuvo éxito y de acuerdo a lo que pudo saber este medio desde el municipio solo “irán a escuchar” los planteos de las partes involucradas.
En tanto, las nuevas autoridades de la secretaría de Hábitat provincial tenían ayer poca información sobre la audiencia de este martes y habrá que ver si llegan con algún ofrecimiento concreto.
Una historia conflictiva
La historia del conflicto comenzó cuando Compañía Santafesina de Tierras compró el terreno en el año 1984. El juicio, en tanto, dio inicio 15 años después, en 1999, al momento en que la firma pidió el desalojo del terreno, que coincidió con la pavimentación de Sorrento por parte de la Municipalidad con crédito del BID.
Durante todo ese período se dieron varias reuniones con el fin de darle una salida al problema. Sin embargo, en los encuentros no llegaron a ningún acuerdo y en 2005 se dictó la sentencia de desalojo.
La resolución volvió a poner el tema en agenda e hizo que se intensificaran las reuniones. Producto de ello, en 2009 el por entonces intendente de la ciudad, Miguel Lifschitz, envió al Concejo un proyecto de ordenanza para declarar al predio de “interés público”. Eso fue aprobado al año siguiente.
La idea era que la Legislatura provincial luego tomara el asunto y diera curso a la expropiación –que se realiza por ley– con el fin de desarrollar luego un plan de viviendas para los ocupantes en el lugar.
Una vez que el gobierno provincial se hiciera cargo del terreno mediante el pago de una indemnización al privado se podría en marcha un fideicomiso. Las fuentes judiciales mencionaron que los ocupantes se mostraron predispuestos desde un principio a pagar por las parcelas.
Sin embargo, todo lo proyectado se cayó ya que el pedido de expropiación nunca ingresó a la Legislatura.
El presente
Así, Compañía Santafesina de Tierras pidió ahora que se cumpla la sentencia que está firme desde el año 2005.
Bertune se hizo eco de la solicitud y dispuso el pasado 10 de noviembre que la restitución del predio se ejecute el 15 de febrero. De todas formas, otorgó una última oportunidad a las autoridades estatales convocándolas para la reunión que se realizará hoy.
Con todo, en los Tribunales temen por el impacto social que tendría un desalojo por la elevada cantidad de personas que vive en el asentamiento precario y podría quedar en la calle. Allí residen muchas familias desde hace tiempo, la cuales en buena parte ya construyeron con materiales.
Quién es CST-Terra, la firma que pide desalojar
Compañía de Tierras de Santa Fe SA adquirió los terrenos en 1984 cuando eran inundables (faltaban 10 años para que se hiciera la represa del Ludueña) y demandó el desalojo de las familias allí asentadas en 1999 cuando el Estado invirtió suficiente infraestructura que permitió el cambio de suelo inundable a urbanizable. En el Boletín Oficial de Santa Fe se puede historiar sus orígenes y evolución. Se trata de una sociedad familiar, donde interactúan hermanos e hijos y en 2007 pasó a denominarse CST-Terra SA. Declara como objeto cuatro actividades: comerciales e inmobiliarias; financieras; administración de fideicomisos, y servicios de consultoría. En 2012, la nueva generación pasa a dirigir la empresa, al menos así se informa tras la reunión de directorio del 12 de diciembre de 2012, hace exactamente 3 años: presidente se designa a Lucas Ignacio Brun Peña; directores suplentes a sus padres y su tío: José Luis Brun, Stella Maris Peña y Esteban Parmigiani. El directorio constituyó domicilio legal en su sede social: la oficina 10 del 5º piso de Córdoba 1147, plena peatonal de Rosario.
