La guerrilla de las Farc y el gobierno de Colombia dieron ayer un paso definitivo hacia la firma de la paz que negocian en Cuba, al comprometerse a reparar a las víctimas del conflicto y castigar a los culpables de delitos atroces.
Inmersos desde hace tres años en un proceso de diálogo para terminar con medio siglo de enfrentamiento armado, los rebeldes y el gobierno anunciaron un inédito pacto a favor de las víctimas, considerado el punto medular de los diálogos que llevan a cabo en La Habana.
“En cumplimiento de nuestro compromiso de poner a las víctimas en el centro del acuerdo, el gobierno nacional y las Farc acordamos crear el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición de violencia”, aseguró una declaración conjunta leída en La Habana.
El acuerdo fue suscrito por Iván Márquez y Humberto de La Calle, jefes de los equipos negociadores de las Farc y el gobierno, respectivamente, en presencia de representantes de Cuba y Noruega –garantes del proceso– y de las víctimas, que viajaron a La Habana para respaldar el histórico pacto.
“No es retórica decir que el anuncio del acuerdo sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme”, celebró De La Calle.
El acuerdo, que corona año y medio de discusiones, establece un sistema jurídico especial para castigar a los responsables de ambos bandos de delitos de lesa humanidad, quienes podrán evitar ir a una cárcel común si admiten su culpa, aportan a la verdad y reparan a sus víctimas.
“No habrá prisión en estos casos, en su lugar, habrá una restricción efectiva de libertad”, explicó a la prensa el delegado oficial, aludiendo a penas alternativas de reclusión. Y enfatizó: “Es un sistema que se aplica a todos. No es una puerta a la impunidad”.
El conflicto colombiano, que inició como una sublevación campesina reprimida a sangre y fuego, es uno de los más prolongados del mundo y dejó unos 220 mil muertos y seis millones de desplazados.
“Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos, sino con la creación de una jurisdicción especial con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos humanos y sobre todo los responsables de estas”, destacó Márquez.
El convenio anunciado ayer prevé, además, penas de hasta 20 años de cárcel para quienes no reconozcan su responsabilidad y contribuyan a establecer la verdad.
