El Gobierno anunció que iniciará una «evaluación y revisión» de la incorporación de empleados públicos llevada a cabo en los últimos tres años, ante lo cual resaltó que aquellos que hayan ingresado de manera «ilegítima» o «no estén trabajando» serán cesanteados «automáticamente».
«En el caso de que encontremos situaciones ilegítimas, que no se correspondan con una tarea específica en el Estado y no estén trabajando por supuesto que van a cesar automáticamente, para esto es la evaluación», sostuvo el ministro de Gestión y Modernización, Andrés Ibarra.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario nacional precisó que de los 64 mil contratos que hay en el Estado «24 mil son de los últimos tres años, lo que marca un crecimiento del 50 por ciento respecto a la evolución de los últimos años».
«Es un número importante y como tal vamos a focalizar, mirar y le hemos pedido a cada una de las áreas de la administración que evalúen la situación de los contratos y vean si efectivamente están cumpliendo funciones en el Estado», explicó el ministro.
A la vez, se refirió a aquellos empleados que ingresaron a través de concursos públicos y afirmó que serán sometidos a «análisis y revisión» para corroborar que «los procesos de los concursos sean legítimos, bien desarrollados y se correspondan con cargos que efectivamente tienen una función dentro del Estado».
Ambas tareas se llevarán a cabo a partir de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, según indicó Ibarra.
Consultado sobre la situación laboral de esos empleados, el ministro informó que el Gobierno renovó «por tres meses como máximo» los contratos realizados en los últimos tres años, mientras que los de años anteriores «se renuevan por un año, pero también se va a llevar la evaluación que corresponda».
En ese sentido, el ministro de Gestión y Modernización resaltó que «es el propio empleado el que pide que se tomen medidas respecto de estas situaciones» y aclaró que no se trata de una persecución hacia el kirchnerismo: «Acá la ideología no cuenta. Queremos ver que la gente trabaje».
«Queremos construir una administración ordenada y que este tipo de situaciones no forme parte de ella. El objetivo central es jerarquizar el servicio público», insistió, a la vez que señaló que la intención del Gobierno es «concursar la mayor parte posible de los cargos en la administración».
Finalmente, Ibarra indicó que el objetivo es «un Estado ágil y eficaz», habrá «capacitaciones» y se va a impulsar un «Gobierno abierto».
«Vamos a empezar a compartir muchísima información de gestión. Este va a ser un proceso paulatino, que en la medida que vayamos incorporando tecnología va a ser mucho mayor. Obviamente que como parte de eso están las distintas decisiones del Gobierno en materia de publicación de información, como son los sueldos de los funcionarios, como son las declaraciones juradas», añadió el ministro.
