Hay malestar en las empresas telefónicas por los cambios en las leyes de medios y de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que el Gobierno instrumentará a través de un decreto de necesidad y urgencia que aparentemente se publicaría hoy en el Boletín Oficial. En esas compañías se considera que el DNU, tal como fue anunciado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, discrimina a favor de las empresas de cable.
Según Peña, el cambio en la legislación busca aprovechar las ventajas de la convergencia tecnológica de modo que un mismo operador pueda prestar telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable, lo que se llama cuádruple play. Sin embargo, el mismo funcionario también anunció que el ingreso de las telefónicas al servicio de TV por cable se produciría en un plazo de dos años, extensibles a tres, mientras en sentido contrario las prestadoras de TV por cable podrán desde ya ofrecer los cuatro servicios.
Según las telefónicas, «esta decisión otorga una ventaja competitiva a las firmas de TV por cable porque les da un período de dos o tres años en que no tendrán competencia».
La principal beneficiaria de este cambio sería así Cablevisión del Grupo Clarín que en setiembre ya compró el 49% de la empresa de telecomunicaciones Nextel, con opción a adquirir el resto en dos años, aunque ya pagó por el 100%. (Esta operación fue rechazada por la AFTIC a fines de setiembre porque Nextel no solicitó autorización previa pero con el cambio de Gobierno, la resolución sería revocada).
Fuentes de las telefónicas consideran que «la convergencia tecnológica implica que todos los servicios se presten en igualdad de condiciones, pero el abono de la telefonía fija está congelado desde 2001 y el competidor (la empresa de TV por cable) tiene la tarifa liberada». Según este punto de vista, «si el 80% de la población tiene teléfono fijo y televisión por cable, lo lógico es que la competencia empiece ahora».
La Ley 27.078 de tecnologías de la información y las comunicaciones permitió a las telefónicas dar servicios audiovisuales, con excepción de los brindados a través de vínculo satelital. Para eso, en los últimos meses Telecom y Telefónica cambiaron el estatuto de cada una de las sociedades para incorporar la prestación de servicios audiovisuales al objeto social. Telecom incluso ya había logrado la autorización de la AFTIC para esa modificación, como paso previo a la solicitud de licencias para TV paga en la AFSCA. (En tanto, las acciones de Telefé son propiedad de Telefónica Internacional, debido a que hasta la Ley 27.078 Telefónica Argentina no podía prestar servicios de televisión).
El Grupo Clarín a través de Cablevisión viene posicionándose para dar cuádruple play con la compra de Nextel y aspira a que esta empresa resulte adjudicataria de frecuencias del espectro radioeléctrico para dar 3G y 4G en celulares, que el Gobierno de Cristina Kirchner había transferido a AR-Sat a través de la ley satelital aprobada en noviembre último. Ese paquete de frecuencias se licitó en 2014 resultando ganador Arlink del grupo Vila-Manzano que después no pagó la suma ofertada aunque tuvo un plazo adicional de 6 meses.
Según la opinión de expertos constitucionalistas, el DNU que cambia las legislaciones vigentes terminaría siendo rechazado por la Corte Suprema, debido a que ya hay un fallo anterior en esa instancia que declaró constitucionales los artículos de la ley de medios que ponen límite a las licencias de radio y televisión. La primera reacción de las telefónicas indica también que la pelea en la Justicia podría ser mucho más abarcativa.
