El presidente de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros), José Ellena respondió al informe presentado por el centro de estudios Concejalía Popular en donde indicaron que de finales de 2013 hasta ahora los alquileres residenciales y comerciales subieron por encima de la inflación, ubicándose 60 y 70 por ciento por encima de los valores de hace dos años y una semana. Para el directivo las subas no fueron de ningún modo abusivas y las explicó como “actualizaciones a cuenta de expectativas inflacionarias” de los locatarios para 2016. Y también de cuánto conseguirán en las mesas paritarias los trabajadores que alquilan. Según la ONG un tercio de los rosarinos hace frente a pagos por al menos un arrendamiento, ya sea de oficina, local comercial o vivienda.
Ellena salió a contestar un informe de la Concejalía Popular que relevó los aumentos para hogares de un dormitorio y de dos dormitorios en el centro, macrocentro y en los barrios de la ciudad. Y en ese marco propuso la intervención del Estado en el mercado local de alquileres como regulador e incluso como arrendador través de la creación del Servicio Público del Alquiler. Esa área se encargaría, además, de solucionar el tema de garantías, una de las trabas que afrontan muchas familias para poder acceder a una vivienda no propia.
En ese marco, el directivo empresario negó que en Rosario se cobren comisiones excesivas por operaciones o depósitos por adelantado y advirtió: “El Estado siempre que quiso regular un mercado terminó perjudicando a la parte minoritaria. Porque este es un mercado que cuando no es conveniente para ninguna de las partes el de mayor poder retira las propiedades del mercado y se pone mucho más difícil para conseguir”, opinó Ellena sobre la iniciativa.
¿Se les va la mano invisible?
“Hoy por hoy –dijo el titular de Cadeiros– los alquileres los estamos actualizando con parámetros que oscilan alrededor del 25 por ciento anual. Dadas las expectativas inflacionarias que tenemos y que se vienen proyectando estamos en la base de un 30 por ciento. No escapa a la realidad de los precios en general o las expectativas de actualización de los convenios de trabajo”. Y más agregó: “El mercado inmobiliario nunca escapó ni deberá escapar de la evolución de los precios en el bolsillo de la gente en general”.
Consultado por subas injustificadas y abusos de los locatarios, el titular de Cadeiros respondió: “Es un mercado que rige libremente por la oferta y la demanda. Los abusos y los excesos los convalida el mercado. Al momento de renovar el contrato de alquiler de un departamento vos (por el locatario) pedís un número que excede a la realidad ese departamento queda desocupado. Es oferta y demanda. Estamos en un escenario donde la demanda supera a la oferta. Hay una demanda habitacional bastante importante”.
Sobre el cobro de comisiones de los corredores inmobiliarios, Ellena se mantuvo en sus trece: “Puedo hablar por las inmobiliarias que están dentro de la Cámara y cuentan con corredores matriculados. Nos ampara una ley provincial (por la 13.154 sancionada en 2011) donde están fijados nuestros honorarios. Se debe cobrar el 5 por ciento del total de la contratación. No debe haber ningún corredor que cobre más que eso. Quien cobre más debe ser denunciado”.
Sobre las denuncias por depósito en adelanto que cobran las inmobiliarias a los arrendadores temporarios, Ellena dijo: “Es una porción muy chica la que cobran depósitos. Entiendo que en Rosario no hay abuso. Es un mercado libre y hay posibilidades de negociar. Hay momentos en que la situación cambia totalmente”.
Controles, no
Parte de los cuestionamientos a la situación de mercado inmobiliario derivaron en varias propuestas. Entre ellas, la de crear el Servicio Público del Alquiler. Sería un área municipal para regular la actividad reducida a una relación entre privados en la que el Estado sólo da el visto bueno con un sello a los contratos. Según explicó el ex concejal Nire Roldán, buscaría proteger a inquilinos y propietarios además de generar información precisa de la demanda para que el Estado diseñe políticas públicas.
Sobre esto, Ellena evitó pronunciarse desde la institución que preside pero admitió: “En lo personal no lo veo como algo que vaya a cambiar el escenario. El Estado siempre que quiso regular un mercado terminó perjudicando a la parte minoritaria. Porque este es un mercado que cuando no es conveniente para ninguna de las partes el de mayor poder retira las propiedades del mercado y se pone el mercado mucho más difícil para conseguir”.
Modelo
Hace un año y tras mucho tiempo de discusión el Concejo Municipal presentó un contrato de alquiler modelo que había elaborado entre la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros) y distintas organizaciones, defensoras de derechos del consumidor.
Pero su uso, voluntario, no logró imponerse.
Cal y arena
El nuevo Código Civil y Comercial que rige desde el año pasado modificó el escenario del mercado de alquileres. Entre los cambios más resonantes están que los inquilinos ya no deberán avisar dos meses antes del vencimiento de un contrato si piensan renovarlo o no. Esta medida no dejó muy contentos a los propietarios. Con el viejo sistema, 60 días antes de que se desocupara la propiedad ya podían empezar a ofrecerla en el mercado. A favor, el Código nuevo habilita a los dueños de inmuebles a establecer un vínculo en alquileres comerciales más corto, de dos años cuando antes era de tres años como mínimo.
No fueron reclamos
La empresa Litoral Gas aclaró, en referencia a la nota publicada por este diario en su edición del martes 5 “Conflictos Interpersonales hacen punta en la Defensoría”, que “no es correcta” la referencia que adjudica reclamos de consumidores a la distribuidora en la Defensoría del Pueblo, sino que se trata de presentaciones de planillas para el mantenimiento de subsidios, marcada en el Registro de Excluidos con la política de redireccionamiento de subsidios del Estado nacional. “El trámite se realizó allí debido a que la Defensoría del Pueblo, por un convenio con el Enargas, es receptor de los mismos. Estas planillas o solicitudes luego son derivadas a nuestra empresa. La Defensoría clasifica como reclamos o quejas todos los pedidos o solicitudes que ingresan pero en el caso de nuestra empresa esto se refirió casi en su totalidad a pedidos de subsidios”, aclaró la Gerencia de Relaciones Institucionales de Litoral Gas.
