El receso estival será la oportunidad para el oficialismo de terminar de asimilar que la justicia en lo Contencioso Administrativo federal es el escenario en el cuál deberá librar batallas decisivas, especialmente si el camino elegido para construir gobernabilidad es más el del DNU que el de los acuerdos con otras fuerzas. Independientemente de recorrido, el final es el mismo: desarrollar una ingeniería que permita dar marcha atrás con gran parte de la legislación de la administración anterior.
Es responsabilidad de este fuero revisar la constitucionalidad de los actos administrativos del Estado. Durante largo tiempo el kirchnerismo logró una sintonía fina con los jueces y camaristas que lo integran, un canal de comunicación que se resintió durante los dos últimos años de ese signo político en el poder y que tuvo su pico de confrontación cuando fue intervenida la SIDE.
Para el macrismo no es complejo retormar diálogos elementales porque la interlocución con Julián Álvarez se había deteriorado al extremo tal como en una ocasión se lo hizo saber el camarista Sergio Fernández, el juez más rutilante de dicho fuero, al ex funcionario. Cualquier cambio de tono será un progreso para los intereses gubernamentales.
Los cambios por decreto en el mercado de las telecomunicaciones y otras reformas ambiciosas que prepara la nueva administración terminarán siendo estudiadas en la justicia en lo Contencioso. Al tanto de esto, el oficialismo ya realiza contactos discretos cuyo destinatario final es el juez Ernesto Marinelli.
Por el momento, debe decirse, no tiene demasiado futuro la idea que meses atrás el camarista Ricardo Recondo le acercó a Mauricio Macri para unificar en un mismo fuero, la justicia Civil y Comercial con la justicia en lo Contencioso. Esa innovación entusiasma a Fabián Rodríguez Simón, entornista presidencial que conoce a fondo la justicia Civil y Comercial. Solo por eso el plan no debería considerarse totalmente dado de baja.
La justicia en lo Contencioso es ahora un terreno más decisivo que los tribunales de Comodoro Py donde además el presidente ya logró su sobreseimiento. Por cierto: esta conclusión positiva para el oficialismo fue posible, según se desprende de lo escrito por el juez Sebastián Casanello, por el testimonio del exministro Guillermo Montenegro que se quedó sin espacio en el gabinete justamente porque no logró el sobreseimiento de Macri cuando este lo precisaba y sí el propio. Giros del destino.
El edificio de Retiro ofrece escenas por momentos conmovedoras, aún en plena feria, como el hecho de que el camarista Eduardo Freiller que solía acusar al presidente de dirigir estructuras de inteligencia paralela (fue cuando confirmó el procesamiento del entonces alcalde en el caso de escuchas ilegales) ahora está empeñado en enviar gestos de buena voluntad como sería susurrarle a un funcionario del staff presidencial que esta dispuesto a confirmar el sobreseimiento firmado por Casanello. Es obvio: nadie quiere transitar el camino de Norberto Oyarbide o el de Rodolfo Canicoba Corral que en febrero podría recibir malas noticias desde la comisión de Acusación de la Magistratura actualmente en manos de una aliada de Daniel Angelici.
El rumbo de la economía también estará atado a decisiones de la justicia en lo Contencioso. Diversas firmas que recurren a la importación para desarrollar su actividad analizan por estas horas una demanda contra el Banco Central por un supuesto incumplimiento de los contratos de dólar futuro.
Cuando se unificó el mercado cambiario desde el Gobierno lograron que Rofex reajustara los contratos de «futuros» que, en su salida irresponsable (y judicializada) Alejandro Vanoli se apresuró a autorizar por montos referenciados en la cotización oficial. Rofex es solo un intermediario entre las empresas y el Banco Central y no responderá por las perdidas que en estas firmas haya causado la unificación cambiaria. Esa respuesta, alega la firma en las intimaciones que desde hace días responde, debería provenir desde la entidad monetaria. El litigio es casi un hecho. Un nuevo frente para Federico Sturzenegger que carga con el rotulo de ser el primer funcionario de la nueva administración con una sentencia en contra de la Corte Suprema de Justicia (por el caso megacanje).
