Los planes del gobierno para legislar sobre la figura del arrepentido en causas penales, que en los últimos días fuera expresada por Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, abre múltiples desafíos para el Estado y el Poder Judicial.
El proyecto ya es presentado casi como un hecho por Alonso en diversos encuentros la funcionaria asegura que esta innovación estará presente en el discurso de apertura de sesiones legislativas de Mauricio Macri. Vendría a ser el complemento del mensaje de asunción presidencial en el cual el mandatario se comprometió a la lucha contra la corrupción.
Es tal el grado de certeza que en los estudios empresariales han comenzado a analizar cuáles serán las consecuencias para las compañías en caso de que éstas sean señaladas por un supuesto arrepentido. Ocurre que además de las complicaciones penales existe otro agravante: todas las concesiones o licitaciones que sean señaladas por esta nueva figura quedarían suspendidas de modo automático y sin resarcimiento alguno. Algunos detalles ya los ha comenzado a anticipar Guillermo Dietrich en sus reuniones con empresarios de la construcción y sindicalistas.
Una complicación que incluso ya se comenta en centrales empresarias donde, siempre en voz baja, se hace catarsis por los condicionamientos que tienen aquellas firmas que deben trabajar necesariamente con el Estado.
El ejemplo más cercano, y que da lugar a estos temores, proviene de Brasil. Allí hace un lustro el Partido de los Trabajadores impuso la figura del arrepentido, lo cual devino en una serie de trastornos judiciales que primero era de empresas medianas y luego terminó con el hombre más rico del país tras las rejas.
El sentido de la oportunidad siempre aparece. Ante la escasa noción sobre la figura del arrepentido en breve se publicará un libro escrito por Hugo Wortman Jofré que representa a varias empresas (entre ellas el Grupo Clarín) y que fue abogado de Mario Pontaquarto en la causa por los supuestos sobornos durante el último gobierno radical. La otra fuente teórica provendría del abogado Mariano Cuneo Libarona (otro letrado requerido en el ambiente empresarial), quien también ha escrito un libro referido a la declaración del co-imputado en el proceso penal.
En el Poder Judicial la figura del arrepentido encuentra otros obstáculos. De hecho, la falta de bibliografía se debe en parte a que toda la doctrina del Derecho Penal argentino es contraria a esta figura. Los jueces la rechazan porque pierden control del caso ante cualquier negociación entre fiscales e imputados. En el caso de Comodoro Py, el juez Julián Ercolini ha publicado un artículo cuestionando este modelo. A los abogados también los inquieta porque al tener el imputado su testimonio como principal activo, estos profesionales quedan reducidos a un rol decorativo, ya que sus clientes pueden eludir las penas más severas con la propia información que manejan.
El sistema tiene su principal bastión en Estados Unidos, donde el fiscal controla toda la instrucción y negocia permanentemente con los imputados. Es el caso de lo que ahora ocurre con Alejandro Burzaco, hermano del secretario de Seguridad de la Nación Eugenio Burzaco, quien está detenido en Nueva York por el Fifagate y pretende reducir ostensiblemente su pena mediante la acusación a otras figuras de la trama.
Entre los jueces, la percepción dominante es que el arrepentido facilita una alta dosis de pragmatismo que termina perjudicando el proceso penal. Idea que se hace aún más sólida si existen diversos grados de arrepentimiento. Además, como explican los magistrados, en el modelo actual quienes se arrepienten y facilitan información siempre reciben penas más benévolas en la instancia de juicio oral.
