El gobierno de Venezuela decretó ayer el Estado de emergencia económica en todo el país por un lapso de 60 días en los que apuntará a construir políticas estratégicas para reformular el sistema financiero y productivo del país, según señaló el vicepresidente del Área Económica, Luis Salas.
La emergencia le permitirá al Ejecutivo venezolano asignar presupuestos especiales, dispensar trámites cambiarios y ejecutar acciones indispensables para el abastecimiento y fortalecer el aparato productivo nacional.
El gobierno explicó que la medida se puso en marcha debido a un malestar social producido por sectores desestabilizadores, en coordinación con factores externos e internos.
La medida, según dijo Salas en una conferencia de prensa en el Palacio Miraflores, se adopta “para proteger al pueblo en función de las amenazas existentes”, para lo que le concede al Ejecutivo “atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que atraviesa la economía venezolana”.
Esa atribución se le concede al gobierno para “asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales”, afirmó el funcionario chavista.
Con esta herramienta, agregó Salas, se intentan “mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, del sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios así como contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros”.
El gobierno podrá “disponer de los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015” para sufragar la inversión que “asegure la continuidad de las misiones sociales, el abastecimiento de alimentos y otros recursos esenciales para la vida”.
Además, el Ejecutivo podrá asignar recursos extraordinarios, tanto previstos como no, “para optimizar la atención en sectores como salud, educación, alimento y vivienda, que podrán ser ejecutados a través de las misiones”.
También estará facultado para “diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de la evasión y la reducción fiscal” o “dispensar de la modalidad del régimen de contrataciones públicas en determinados sectores a fin de agilizar las compras del Estado que revistan carácter de urgencia”.
Así como podrá “disponer de los trámites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías” e implementar “medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancías por puertos y aeropuertos, pudiendo desaplicar temporalmente normas legales que se requieran para hacer posible dicha agilización”.
El decreto también confiere al gobierno la capacidad de “dispensar de los trámites cambiarios” a “órganos y entes del sector público o privado para agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento, la reactivación productiva o el aumento de la capacidad tecnológica”.
A la vez que el gobierno podrá “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, así como a todos los servicios para el disfrute pleno de sus derechos”.
Para garantizar ese acceso, se podrán “requerir los medios públicos, privados o de empresas mixtas” necesarios.
Los ministerios y el Banco Central de Venezuela (BCV) podrán también poner “restricciones a determinadas operaciones comerciales o financieras para proteger la moneda nacional”.
El ministro indicó que el decreto se remitirá a la Asamblea Nacional para “su consideración y aprobación” dentro de los ocho días siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial.
Además, se remitirá al Tribunal Supremo de Justicia “para que se pronuncie sobre su constitucionalidad” también en los ocho días siguientes, dijo Salas.
Los 60 días de vigencia del decreto, que ha sido aprobado por el presidente Nicolás Maduro y refrendado por todo el gobierno, podrán prorrogarse por otros 60 más, aseguró el vicepresidente económico.
Este plan de emergencia económica había sido anunciada el último 7 de enero por el presidente Nicolás Maduro, quien dijo que su gobierno enfrenta “una verdadera guerra económica”, por lo que solicitó apoyo del pueblo venezolano para entregar el decreto de emergencia ante el Parlamento, cuya mayoría opositora ha rechazado la medida.
La inflación del año pasado llegó al 140 por ciento
Venezuela registró una inflación acumulada durante los primeros nueve meses de 2015 de 108,7 por ciento, mientras que la variación anualizada se ubicó en 141,5 por ciento al cierre del tercer trimestre del año pasado, informó ayer el Banco Central de ese país (BCV).
Tras un año de silencio informativo el organismo divulgó los indicadores, en la misma jornada en que el gobierno decretó la emergencia económica.
“Al evaluar por agrupaciones los resultados del tercer trimestre de 2015 se puede apreciar que 9 de las 13 categorías del índice nacional de precios al consumidor presentaron un crecimiento menor al promedio global (38,9 por ciento)”, indicó el BCV. Se destacan: educación (43,3 por ciento); bebidas alcohólicas y tabaco (50,9); restaurantes y hoteles (52), y alimentos y bebidas no alcohólicas (55,7).
El BCV señaló: “Hay reducción de oferta de bienes de consumo final por baja en importaciones y merma en la producción nacional, circunstancias a su vez influenciadas por caída del precio del petróleo”, sostuvo el BCV.
