La líder de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlasur, Milagro Sala, fue detenida ayer en Jujuy, imputada por “tumultos” e “instigación a cometer delitos”, en medio de la protesta que encabeza contra el gobierno de Gerardo Morales.
“En este momento la policía de Gerardo Morales me está deteniendo, esto es como en la dictadura”, informó la propia Sala a través de su cuenta de Twitter, cuando la Policía provincial se disponía a detenerla luego de un allanamiento de su vivienda en el barrio de Cuyaya, en San Salvador de Jujuy.
La detención se da en medio del acampe que la Tupac Amaru realiza frente a la Casa de Gobierno provincial desde hace más de un mes para protestar contra la decisión del gobernador radical de empadronar a las cooperativas para que el Estado entregue ayuda social de forma directa, sin la intermediación de Sala.
Luego de que los efectivos policiales trasladaran a la diputada del Parlasur a la comisaría 49a de la capital jujeña, la organización Tupac Amaru anunció vía Twitter que la dirigente inició una huelga de hambre.
La detención de Sala fue ordenada por el Juzgado de Control número 3 de Jujuy, a cargo de Raúl Gutiérrez, a pedido de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, quien investiga la denuncia del gobierno contra el acampe e imputó a la dirigente por “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”.
“No nos sorprende la situación porque después de 33 días de acampe y sin respuestas del gobierno provincial la criminalización de la protesta era lo que se venía”, indicó el abogado de Sala, Luis Paz.
Tras señalar que el arresto de la líder de la Tupac Amaru es para “ejemplificar” y que “ya ha pasado en 2001”, el letrado agregó: “No nos sorprende la actitud de un gobierno de derecha como el que representa Gerardo Morales y (el presidente Mauricio) Macri a nivel nacional”.
Respecto de la huelga de hambre iniciada por la dirigente kirchnerista tras ser detenida, Paz subrayó que “es una decisión personal de Milagro” y, sobre la situación legal, anticipó que estudiará la orden del juez y pedirá la excarcelación de la dirigente.
En tanto, en la ciudad de Buenos Aires se realizó ayer una marcha a la Casa de la Provincia de Jujuy para exigir la liberación de la líder de la Tupac Amaru.
Por su parte, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández defendió a la diputada del Parlasur a través de su cuenta de Twitter, en la que afirmó que “ahora, la criminalización de la protesta social, en la figura de Milagro Sala”.
Días atrás, Morales le quitó a la Tupac Amaru la personería jurídica por no haberse inscripto en el plazo establecido en el nuevo padrón para cooperativas lanzado por la administración provincial para asignar de forma directa la ayuda social.
En ese contexto, el gobernador jujeño acusó a Sala de haberse llevado en noviembre pasado “29 millones de pesos en efectivo de un banco”.
“No respetan su investidura”
El presidente del Parlasur, Jorge Taiana, solicitó ayer a la canciller Susana Malcorra información sobre la detención de la parlamentaria de ese organismo regional Milagro Sala en Jujuy y advirtió que “no se respeta su investidura”. Así se informó en un comunicado del bloque del FpV del Parlamento del Mercosur, en el que se expresó el repudio de esa bancada al arresto de la líder de la organización Tupac Amaru. Taiana pidió a la canciller que “en forma urgente” le haga llegar información sobre la detención de Sala y sobre “las medidas adoptadas a fin de asegurar su integradidad personal, su libertad, el debido ejercicio de sus garantías judiciales y su derecho a manifestarse libremente”. Además, señalaron que el arresto de la dirigente constituye “una muestra de intolerancia”.
“Situación destituyente”
El gobernador Gerardo Morales dijo ayer: “Acá se ha perseguido gente. No voy a negociar el levantamiento del acampe”; y añadió que “en las calles hay tranquilidad y no hay 2.000 personas en la plaza”. Advirtió que seguirá “avanzando” con medidas porque “detrás del acampe hay una situación destituyente”. Además de la denuncia penal contra Milagro Sala, suspendió la personería jurídica y quitó beneficios sociales para quienes continuaran la protesta.
