El gobierno presentará en los próximos días una propuesta a los fondos buitre, de cara a la reunión que se llevará a cabo a comienzos de febrero, luego de que los holdouts pidieran postergar una semana el encuentro con la Argentina.
Así lo anunció la semana pasada el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, al participar del Foro Económico de Davos.
El presidente Mauricio Macri, quien había reconocido que las negociaciones entre las partes no estaban yendo “bien”, sostuvo que se trataría de una oferta “balanceada” para los fondos especulativos.
Por su parte, Prat Gay estimó que la deuda que la Argentina negocia en Nueva York “equivale a menos de 2 puntos del PIB”, por lo cual consideró: “No es el juicio del siglo. Es un monto pequeño comparado con el aumento del 60 por ciento en la deuda en China en los últimos años”.
En ese escenario, los fondos buitre solicitaron postergar la reunión pautada para esta semana, por lo cual los representantes de la Argentina y de los holdouts se volverían a ver entre el 1º y 2 del mes próximo.
La administración macrista ya aclaró que su vocación es “sacarse de encima” el litigio judicial para “avanzar en la agenda de la pobreza cero, del desarrollo y de las inversiones”.
En conferencia de prensa durante el foro, Prat Gay subrayó: “Queremos que esto quede en el pasado, pero en términos justos, por supuesto”.
Los pronósticos apuntan a que la resolución del conflicto con los holdouts implicaría la llegada de inversiones al país, pero todo indicaría que el acuerdo no llegará en un corto plazo.
Es que para mejorar la oferta con relación a los canjes de deuda del 2005 y 2015, se debería derogar la ley de Pago Soberano, mientras se tendría que hacer lo mismo con la llamada ley Cerrojo. La primera implica el paso por la Argentina para concretar el pago de cada vencimiento.
Uno de los puntos clave para poder llegar a un acuerdo se vincula con los intereses punitorios que el juez Thomas Griesa aplicó a la Argentina.
“De la sentencia, 30 centavos son de capital original y 70 centavos son intereses, pero dependiendo del bono que tomemos, llegamos a nivel extremo de 5 centavos y los intereses 95”, fustigó Prat Gay.
El conflicto con los buitres comenzó a partir de un fallo del juez Griesa que favoreció a los holdouts, al disponer que la Argentina debía saldar su deuda de la misma manera en que les paga a los bonistas que accedieron a los canjes.
El juicio inicial era por unos 1.300 millones de dólares, pero en octubre último Griesa aceptó un pedido de 49 demandas de otros tenedores de títulos en default –los llamados “me too”– por otros 6.150 millones de dólares.
Según las estimaciones del gobierno, la deuda asciende a 9.882 millones de dólares, sólo ante la Corte de Nueva York.