La Argentina se encamina a ordenar su sistema electoral, sin vulnerar la autonomía de las provincias pero poniendo algo de racionalidad. Hoy es una mezcolanza en la que median límites constitucionales, subordinación de intereses locales a los nacionales y cronogramas acomodados a conveniencia del que tiene la lapicera para definir fecha. El voto electrónico y la boleta única son posibilidades concretas pero ambas tienen variantes sobre las que gobierno y partidos políticos tienen que acordar y pulir. Lo más novedoso, si se avanza, sería definir en un único turno las elecciones de las provincias y en otro la elección nacional.
Ni urgentes ni necesarios
En casi dos meses, la reforma electoral es el único terreno en el que el gobierno muestra avances por consenso, justo un asunto de Estado que no es ni urgente ni desvela a los argentinos. En todo lo demás, el staff gubernamental se puso las anteojeras y le dio para adelante.
El caso más burdo es el de los decretos de necesidad y urgencia. El que intervino la Afsca y modificó la ley de medios –acto in-jurídico que ni un alumno de primer año de abogacía convalidaría– fue aprovechado por el Grupo Clarín para concretar la compra de Nextel y hacer pie en el negocio del cuádruple play.
Es imposible que esos decretos sobrevivan al análisis de la actual Corte Suprema de Justicia, aunque sirven para ganar tiempo, no sólo a Clarín, ya que la prórroga de las licencias de radio y TV por una década es un guiño consuelo para el resto, del que el gobierno espera cosechar frutos en el frente mediático. Pareciera ser la forma de facto con que los recién llegados pagan los favores de campaña. Néstor Kirchner también lo hizo.
Con febrero empieza a definirse la suerte de otro tremendo DNU nada necesario ni urgente. La marea de críticas que desató el nombramiento de dos jueces de la Corte por decreto y la negativa del presidente de la Corte a tomarles juramento en diciembre forzaron a Macri a emprolijar el trámite y así, como de descarte, buscar una salida por el lado del Congreso.
¿Debe la mayoría justicialista votar a los dos candidatos propuestos? ¿Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz serán jueces independientes después de haber aceptado asumir por decreto? ¿Qué llevó al santafesino Rosatti a manchar su prestigio para salir corriendo desesperado por ese cargo?
Es verdad que los pliegos de ambos ahora están en manos del Congreso, pero el pecado original ya fue cometido, y confesado.
Hay otro tema: ambos pertenecen a una élite en materia de derecho, pero no son imprescindibles. Hay decenas de otros hombres y mujeres que están en el mismo o mejor nivel. Ahora, los senadores podrán limitarse a emprolijar la “institucionalidad” que Macri prometió pero mancilló; o forzar al gobierno a elegir otros nombres y hacer las cosas bien desde el principio.
Cambiemos pero no tanto
Gerardo Morales repitió el mismo camino que Macri. Llegó al gobierno de Jujuy y en cuestión de días amplió la Corte Suprema provincial de 5 a 9 jueces. Acto seguido, nombró tres radicales (dos de ellos diputados que votaron la ley de ampliación) y un aliado. Además, designó a un dirigente radical al frente del flamante organismo acusatorio penal y a la hermana del vicegobernador en el organismo de defensa.
Sin embargo, lo peor que hizo Morales en 60 días de gobierno fue desconocer a Milagro Sala y hacer que la metan presa por protestar en la vía pública.
Sobre Sala se pueden hacer infinidad de cuestionamientos políticos. Y podría ser detenida si se corroborara que cometió delitos económicos, pero hacerla detener por liderar una protesta implica una escalada de consecuencias funestas.
Hay un triple propósito en el encarcelamiento de Milagro Sala. En primer lugar, cooptar en algún caso, pero básicamente suprimir la acumulación de poder de organizaciones sociales que fueron o son afines al kirchnerismo como la Tupac Amaru. Segundo, dar un mensaje sobre lo que intentarán hacer Cambiemos y el aliado Sergio Massa con quienes se crucen en el camino de la razia estatal y el ajuste económico. El tercer propósito, demonizar a las organizaciones sociales, merece un párrafo aparte.
Una caricia y una cachetada
“Han perjudicado más al país personajes ineptos e inmorales con importantes títulos académicos que los dirigentes humildes”, remarcó el obispo de Gualeguaychú y presidente de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano.
“¿Lo estará diciendo por tipos como yo?”, se debe haber preguntado Federico Sturzenegger, actual presidente del Banco Central y procesado en la causa que investiga el Megacanje de 2001.
En la Casa Rosada todavía celebraban que el Vaticano haya fijado el 27 de febrero la audiencia de Macri con el Papa cuando Lozano, parafraseando a Francisco, reprochó la “sutil xenofobia” y “demonización de las organizaciones sociales”.
Sería errado pensar que el mensaje tiene un único sentido y destinatario. No lo hacía así con Cristina, por más que ella se sentía aludida, ni lo hará ahora con Macri. No hace falta: la frialdad de Francisco con Macri no sólo se explica por ese llamado de felicitaciones que el presidente electo esperaba y nunca llegó. Se manifiesta cada día en lo que el pontífice pregona a sus fieles y su contraste con el rumbo económico que tomó el gobierno.
Para ponerlo en un ejemplo cercano: 220 empleados de la aerolínea Sol en la calle, sin red, porque a las autoridades de Aerolíneas no les gustó el contrato.
El obispo Lozano advirtió sobre “el serio riesgo de generar un clima hostil e intolerante”.
“…se usan como chivos expiatorios a algunos líderes sociales, sin mencionar a quienes se enriquecieron a costa del Estado incrementando escandalosamente sus patrimonios personales o empresariales. Debemos cuidarnos de no caer en lo que Francisco llama sutil xenofobia, bajo el noble ropaje de lucha contra la corrupción o el clientelismo”.
Recordó que “gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales surgen en torno a la gravísima crisis institucional de 2001”, que fueron “salvavidas que juntaron los despojos y ayudaron a que el desastre no resultara mayor”.
Explicó que “hay liderazgos que se respaldan con el voto popular y otros que surgen de estar entre los pobres y se legitiman con el compromiso de vida entre los excluidos y descartados de la sociedad. Pero ni unos ni otros confieren derecho a la impunidad”.
Según señaló Lozano, “que tengan que mejorar” las organizaciones sociales “no implica que hagan todo mal y menos aún que deban desaparecer”.
Rosario ayer y hoy
No sólo en 2001 esas organizaciones sociales resultaron una red de contención indispensable entre el Palacio y la Calle. A medida que la economía y la situación social se modificaban, también surgieron nuevas responsabilidades y formas de organización, algunas con apoyo económico estatal y otras sin nada.
Rosario, que sufrió como pocos la explosión del negocio narco en paralelo con explosiones “virtuosas”, como el boom del ladrillo, el de las escuelas particulares o el de los autos en las calles, tiene en esas organizaciones una red, no siempre bien aprovechada, que cumple un rol decisivo en barrios donde el Estado no llega o no llega de la forma que la realidad lo exige.
Si en 2001 representaban desocupados, desalojados, organizaban comedores y frenaban saqueos, ahora también intentan, como pueden, atajar la violencia.
Sus referentes (entre los que se debe admitir que hay de todo) viven y/o trabajan en ese contexto de carencias y violencia, lo que supone estar expuestos a intimidaciones, amenazas o, directamente, a la muerte como cualquier vecino, como le ocurrió a Mercedes Delgado en 2013 en barrio Ludueña.
Son ellos los que mano a mano con el Estado, y éste no siempre da respuesta, protegen chicos y familias, sirven de nexo con funcionarios y lidian con la indiferencia. En definitiva, preservan las últimas hebras de un tejido social que se desintegra.
