La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) pidió al Estado argentino un informe acerca de las torturas sufridas por cinco personas dentro de una comisaría de la localidad santafesina de Florencia a mediados de 2012, informó ayer el defensor público provincial, Gabriel Ganón, quien impulsó la denuncia. “La responsabilidad por tal accionar recae en la órbita del gobierno de Santa Fe, debido a que fueron miembros de las fuerzas de seguridad provincial quienes violaron sistemáticamente la integridad personal, garantías judiciales y no establecieron una igualdad ante la ley y protección judicial de las cinco víctimas”, indicó Ganón, tras aclarar que la Argentina tiene un plazo de tres meses para responder el pedido del tribunal internacional.
La resonante denuncia de tortura, por la que hay tres policías procesados por delitos de privación abusiva de la libertad y apremios ilegales, fue realizada por Ganón a mediados de 2012, luego de tomar conocimiento de que cinco personas habían sido detenidas en mayo de ese año sin orden judicial y trasladadas a las seccional 9ª de Florencia, donde permanecieron incomunicadas, sin la posibilidad de acceder a un abogado particular o defensor público y sometidas a sucesivas sesiones de tortura para obtener su confesión sobre varios delitos menores cometidos en la comuna.
Según detalla el comunicado de Ganón, la prisión preventiva dictada por el juez de Instrucción de Reconquista Virgilio Palud tiene su fundamento basal en declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura: “Las cinco víctimas sufrieron una violación esencial a sus derechos humanos y al debido proceso legal debido a que el magistrado, a su vez, los mantuvo privados de su libertad fuera de los plazos legales y no estuvo presente durante los interrogatorios sufridos. Tampoco investigó debidamente la denuncia efectuada por las víctimas”.
La primera medida que tomó Ganón tras las graves irregularidades fue la presentación de un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia provincial, solicitando la constitución como querellantes de las víctimas con su representación legal, porque no tenían medios económicos para solventar una defensa privada. Pero la solicitud fue rechazada con el argumento, en ese entonces, de que Ganón aún no se encontraba en funciones; en tanto el máximo tribunal no habilitó a ningún otro abogado para que asesorara a los denunciantes, sostuvo la defensa pública en un comunicado.
La causa, que en 2013 derivó en el procesamiento de tres policías, continúa en la etapa instructiva, es decir que no fue elevada a juicio. Tampoco es investigada como tortura ya que los uniformados fueron acusados de apremios ilegales.
El 12 de mayo de 2012, tres jóvenes fueron detenidos por personal de la seccional 9ª de Florencia sospechados de participar en el robo de motos. Según la denuncia, fueron torturados y puestos a disposición del juzgado cinco días después del arresto.
Dentro de la misma dependencia policial se encontraban otros jóvenes detenidos por otra causa que también fueron amedrentados. Una de las víctimas declaró que, mientras era golpeada, un policía llamó a su compañero y le pidió una jeringa y tinta; luego le dijo que si no contaba dónde estaban los elementos robados le iba a inyectar el contenido de la jeringa en el brazo para que se muriera. Luego esos elementos fueron secuestrados en la dependencia por efectivos de Asuntos Internos.
