Luego de 17 meses de investigación, la causa penal que tiene como víctima a Leonel Iván Mafud formalizó la imputación sobre 15 uniformados. Siete de ellos enfrentan una calificación más grave que incluye entre otros hechos el crimen del hombre de 26 años ocurrido en septiembre de 2014 en Roldán, luego de una extensa persecución. Mientras que el resto de los policías afronta una serie de achaques fiscales vinculados con los pasos posteriores al asesinato, que incluyen delitos tendientes a ocultar o solventar la hipótesis policial que afirmó la existencia de tres ocupantes en el auto y un intercambio de disparos. La audiencia, que se extendió por cuatro horas, pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a pedido de las defensas, cuando se discutirá la prisión preventiva.
El homicidio de Iván Mafud ocurrió en la madrugada del 8 de septiembre de 2014 cuando un móvil policial cruzó el vehículo que comandaba la víctima en Uriburu al 3800. Según la versión oficial, los uniformados intentaron detener el rodado para identificarlo porque le faltaba la patente trasera. A partir de allí se inició una persecución que se extendió por varios kilómetros –unos 50– por la zona sur y oeste de la ciudad y que finalizó en Roldán, pasando el cruce de la ruta AO12 con la 9. La versión policial sostuvo que durante el trayecto hubo disparos contra los uniformados y se fueron incorporando otros móviles a la persecución, recorrido que finalizó cuando el auto de Mafud despistó luego de recibir algunos disparos. El parte oficial refirió que la víctima había abierto la puerta para disparar con un revólver calibre 22, por lo que repelieron la agresión y luego del hecho encontraron otra arma delante del vehículo.
Grietas en el relato oficial
Para el fiscal Miguel Moreno, que estuvo en el lugar del hecho poco después, la historia no cerraba y luego de 17 meses de investigación pidió a un juez la detención de los policías que intervinieron en el hecho. Todos revistaban entonces en el Comando Radioeléctrico y Seguridad Vial.
El funcionario entendió que Gabriel Sguazzini (de 24 años y ahora efectivo de la TOE Santa Fe), Oscar Jáuregui y Alejandro Gómez (ambos de Seguridad Vial), Gerardo Amarilla (subcomisaría 16ª de Pueblo Muñoz), Matías Maidana (de 30 años y del Comando), Alfredo Correa (sección Caballería) y Walter Machuca (Motorizada), en el kilómetro 47 de la A012, frente a una fábrica, con acuerdo previo y abusando de su condición de funcionarios policiales dispararon al menos en 19 oportunidades contra el Fiat Marea de la víctima, que se encontraba encajado en un zanjón, luego de que los uniformados Sguazzini y Gómez le dispararan y dos de esos proyectiles impactaran en la víctima.
Moreno sostuvo que estos policías, además, omitieron informar el hecho al Gabinete Criminalístico y a la Fiscalía y no brindaron datos suficientes a la comisaría con jurisdicción en el lugar. A lo que sumó el robo de una butaca de bebé y 3 mil pesos que se encontraban en la guantera del auto. El fiscal sostuvo que se insertó información falsa en el acta de procedimiento y señaló puntualmente cuáles eras esas falacias: que la víctima abrió fuego durante la persecución, que otras dos personas descendieron del auto y se dieron a la fuga, que el conductor disparó luego de que el auto se despistara y que se realizó un rastrillaje en busca de los prófugos. Todo ello lo basó en evidencia, entre la que se encuentra la pericia balística de las armas secuestradas supuestamente a la víctima y la filmación de una cámara de seguridad de un galpón cercano al lugar del hecho.
Moreno les imputó los delitos de homicidio doblemente calificado por la participación premeditada de dos o más personas y por su condición de funcionarios policiales, robo calamitoso agravado por la condición de funcionario público, falsedad ideológica en un instrumento público e incumplimiento de deberes.
El encubrimiento
En cuanto al resto de los uniformados, identificados como Diego Franco, Leonardo Malisani y Víctor Vélez (todos de Seguridad Vial); además de Eva Monzón, Jonatan Sánchez y Ayelén Bustamante (Comando), Moreno les imputó ayudar a los autores del crimen y no denunciar el hecho a pesar de tener la obligación de hacerlo, a lo que sumó la falta de datos brindados a la comisaría del lugar y el robo de bienes de la víctima –la butaca y el dinero–; a ello agregó la falsedad en el contenido del acta de procedimiento. Estos hechos encuadran las figuras de robo calamitoso agravado, falsedad de documento público, incumplimiento de deberes y encubrimiento agravado. Por su parte, el comisario principal Fabián Díaz (actual jefe de la Agrupación Cuerpos) y el subcomisario Norberto Dilda, quienes en aquel momento se desempeñaban como jefe y subjefe del Comando Radioeléctrico de Rosario, fueron objeto del mismo achaque que los anteriores, a lo que se sumó el delito de abuso de poder.
Los descargos
De los 15 policías acusados, seis decidieron contar su versión, entre ellos los dos que iban en el móvil que inició la persecución. Se trata de Jáuregui y Monzón. El primero sostuvo que fueron comisionados por la activación de una alarma, pero cuando llegaron a la zona de Uriburu y Ovidio Lagos se cruzaron con el Fiat Marea, que no tenía patente trasera. Le hicieron señas de luces y el vehículo escapó, por lo que iniciaron una persecución que fue por Uriburu hacia el oeste. El policía sostuvo que comisionaron en varias oportunidades al 911 y en el trayecto fueron baleados en tres oportunidades, una de ellas cuando lograron ponerse detrás del auto, por lo que tomaron distancia.
El agente agregó que su compañera, Monzón, quedó inmovilizada por el susto y aclaró que fue quien manejó, disparó y moduló la frecuencia policial, todo a la vez. Jáuregui concluyó que el móvil iba a toda velocidad y el motor terminó fundido 150 metros antes de llegar al lugar del hecho, por lo que caminaron hasta el Fiat Marea cuando todo había finalizado. Su compañera dio una versión similar, aunque sin tanto detalle, y aclaró que al día siguiente fue citada a División Judiciales donde fue maltratada por los fiscales, quienes le dijeron que no iba a ver más a su familia, que era pésima policía y que estuvo “de florero” en el móvil, según refirió.
A su vez declararon otros dos uniformados, Amarilla y Sánchez, quienes brindaron apoyo al primer móvil. Sostuvieron que por la frecuencia radial escucharon la persecución y la alerta de que había un tiroteo, por lo que se acoplaron a la caravana de coches policiales.
Amarilla sostuvo que en el camino se despistaron dos móviles por la mala condición en las que se encontraba la flota y otro de ellos sufrió un desperfecto antes de llegar. Cuando arribó al lugar donde el auto de Mafud estaba despistado, dijo que se abrió la puerta unos 30 centímetros y que desde su interior dispararon, por lo que todos los que se encontraban en el lugar repelieron la agresión, lo que fue respaldado por su compañero.
Este policía argumentó que al acercarse vio a la víctima con un arma en la mano y al iniciar un rastrillaje para ubicar a los otros dos prófugos encontró otra arma delante del auto. El uniformado afirmó que, a pesar de que llamaron a la ambulancia para asistir a la víctima –con lo cual se presume que habían estimado que seguía con vida–, no le retiraron el arma que tenía en la mano.
Por último declararon los dos policías que revestían cargos de jefe y subjefe del Comando Radioeléctrico en septiembre de 2014. Dilda, quien está en disponibilidad luego de haber sido procesado en febrero de 2014 en un caso conexo a la megacausa Monos, sostuvo que llamó al jefe para anoticiarlo y se dirigió al lugar, y que avisó al 911 para que notificara a la División Criminalística y la Fiscalía. A su turno, Díaz sostuvo que llegó casi al mismo momento que el fiscal, por lo que se enteró con él de lo que había sucedido.
Las defensas
Al final de la audiencia, los defensores Juan Ubiedo, José Luis Giacometti, Ignacio Carbone, Luís Tomasevich, Horacio Corbacho, Carlos Varela, Adrián Martínez y, por la defensa pública, Marianela Di Ponte cuestionaron algunas formalidades en la imputación, puntualmente lo que refiere a un acuerdo previo para el crimen o el robo, achacado a todos como coautores, a la vez que solicitaron un cuarto intermedio para conocer el legajo fiscal a los fines de efectuar cuestionamientos al pedido de prisión preventiva. Si bien el fiscal se opuso, la jueza Mónica Lamperti hizo lugar al pedido, por lo que la medida cautelar sobre los imputados se discutirá hoy.
