A un año del asesinato de Javier Barquilla en Villa Banana, sus familiares y amigos junto con representantes de organismos de derechos humanos y la agrupación Comunidad Rebelde realizaron ayer una serie de actividades para exigir el juicio oral y público para el único detenido por el crimen, un hombre conocido como Pandu, sindicado de ser un narcotraficante de la zona sudoeste que actuaba con apoyo policial. Las acciones se dieron en el marco de la constitución de su esposa y su hermana como querellantes en la causa, instancia que será formalizada la semana que viene por el abogado Norberto Olivares. Esta decisión fue tomada por la familia luego de que en diciembre, a través de un juicio abreviado impulsado por el fiscal Ademar Bianchini, quedara en libertad el otro imputado en la causa, un chico apodado Wititi, cuñado de Pandu. Y se da en medio de un creciente debate para que haya una regulación de los juicios abreviados.
A Javier Barquilla, de 37 años, lo mataron la noche del 2 de enero en Villa Banana cuando salió a defender a Cristian, su cuñado, que era agredido por un grupo de muchachos.
Javier intentó socorrerlo y, en medio de golpes, uno de los matones sacó un arma y le dio cuatro tiros. Javier fue trasladado al Heca y murió.
Apenas ocurrió el crimen, testigos apoyados por la organización social Comunidad Rebelde contaron a los investigadores que el homicida de Javier es Nelson Alexis A., un matón de barrio Las Flores conocido como Pandu, de 37 años, quien fue detenido el 23 de abril pasado.
En la causa que investiga Bianchini también estaba imputado Gustavo Rodrigo Berón, un joven apodado Wititi, cuñado de Pandu, quien fue el primer detenido acusado de participar en el crimen. En diciembre, Wititi fue condenado a través de un juicio abreviado a tres años de prisión efectiva por unas amenazas que se produjeron luego del asesinato de Barquilla, quedando desvinculado del homicidio. En ese marco, el 5 de diciembre pasado Wititi recuperó la libertad por un acuerdo entre defensa y Fiscalía. Apenas salió, los vecinos denunciaron amenazas de su parte e, incluso, le atribuyeron dos homicidios ocurridos en el último mes.
El juicio abreviado despertó la indignación de la familia de Barquilla. Apoyada por organismos de derechos humanos y los militantes de Comunidad Rebelde, su hermana y su mujer, en representación también de su hija de 14 años, se presentarán la semana que viene como querellantes en la causa. Las mujeres serán representadas por Olivares.
El reclamo
A un año de la muerte de Baquilla, estas organizaciones hicieron ayer un acto en Tribunales seguido de una conferencia de prensa. Por la tarde, participaron de un encuentro en la sede de ATE con el espacio Memoria, Verdad y Justicia, de Buenos Aires, y al anochecer hicieron un festival en la plaza frente a Tribunales.
En la actividad de la mañana, una familiar de Barquilla sostuvo: “Vamos a pelear contra viento y marea por justicia. Acá Javier no se murió, le acortaron la vida, pero estamos nosotros para pelear por él y todos los pibes que mueren en los barrios por culpa del Estado y de fiscales que abrevian juicios para no investigar”. Sus palabras iban dirigidas principalmente a Bianchini, quien en varios encuentros con familiares dijo que la situación de Pandu podría resolverse en un abreviado, como pasó con Wititi, pese a que en la audiencia preliminar pidió 18 años de cárcel para el acusado.
En este sentido, Olivares sostuvo que la constitución de querella busca impedir este acuerdo y tiene como fin el juicio oral y público, con la condena correspondiente: “La querella no tiene que ver solamente con sagacidad de los abogados, sino que es un problema profundamente ético, ideológico y político, que permite tener una postura propia en la investigación”.
“Este caso pone en evidencia que estamos enfrentando una trama que ha provocado muchas muertes en nuestra ciudad. Saquémonos de la cabeza que hay un Estado que está ausente: el Estado es omnipresente y tiene mucho que ver con la universalización de este proceso de narcotráfico”, dijo Olivares a los presentes en el acto.
Por su parte, Carolina Vicente, vocera de Comunidad Rebelde, contó que a lo largo de un año se presentaron todos los meses en Fiscalía y siempre observaron irregularidades en la investigación. La portavoz volvió a expresar el rechazo a un posible acuerdo abreviado para Pandu: “Parece que la Justicia es una cuestión privada o, incluso, íntima. Hay muchos casos como los de Javier que se resuelven puertas adentro, sin que se dé conocimiento de la investigación. En este caso, hacemos responsable a Bianchini de que hoy Wititi esté libre y amenazando y matando gente”.
En este marco, la militante de Comunidad Rebelde recordó que las tres testigos que fueron aportados a la causa tuvieron que abandonar el barrio debido a amenazas reiteradas.
