Los Tribunales provinciales fueron escenario ayer de una nueva audiencia para tratar el pedido de desalojo de unas tres mil personas que viven hace más de 30 años en un terreno de 12 hectáreas ubicado en Cullen y Sorrento por parte de su propietaria, la Compañía Santafesina de Tierras. Allí, los asesores legales de los ocupantes presentaron ante la jueza Stella Maris Bertune y funcionarios provinciales y municipales una propuesta que consiste en crear un fideicomiso popular mediante el cual los vecinos se comprometen a pagar los lotes que están ocupando y a su vez piden al Estado que urbanice y brinde los servicios básicos en la zona. La figura del fidecomiso no es novedosa. La Secretaría de Hábitat la comenzó a usar durante la gestión de Gustavo Leone, actual secretario de Gobierno de la ciudad. Uno de los casos en que se usó fue con un predio de Villa Gobernador Gálvez.
La empresa propietaria del terreno ubicado en Empalme Graneros recibió la propuesta y pidió “retocar algunas cuestiones”. En este marco, el desalojo previsto para mediados de abril quedó suspendido y un mes antes –el 15 de marzo– los habitantes del terreno se juntarán con funcionarios y los titulares de la firma para “pulir” la propuesta, esta vez sin la jueza, y para el 15 de abril habrá una nueva audiencia para ver si se ha logrado un acuerdo.
Según contó a este diario Analía Abreu, una de las abogadas de las familias, están abiertos todos los caminos para lograr un acuerdo a través de la concreción de un fideicomiso. “En la audiencia de diciembre la jueza nos pidió a las partes que busquemos una posible solución y ahí surgió esta posibilidad. Ayudó que nos juntáramos con (Miguel) Lifschitz en enero y con funcionarios de la Secretaría de Hábitat. El acuerdo incluye una propuesta integral de urbanización con participación activa de los vecinos y del propio Estado”, explicó.
“Entre los aportes básicos, lo que pedimos es en primer lugar que el Estado se comprometa a urbanizar la zona con apertura de calles, alumbrado, el acceso a la red eléctrica de los domicilios, la posibilidad de tener agua y gas e incluso la creación de espacios verdes y arbolado. Otra parte sería que los vecinos se comprometerían a pagar por su tierra con cuotas que afecten el 20 por ciento de sus ingresos. La empresa propietaria tendrá que aceptar ceder de manera onerosa el terreno que no está urbanizado”, añadió.
Otra de las propuestas radica en que se tenga en cuenta que se trata de un loteo “no convencional”, que está habitado desde hace mucho tempo, por lo que se piden concesiones en relación a las ordenanzas vigentes pero “siempre respetando la futura urbanización”.
“Hemos visto buena predisposición por parte de la empresa para sentarse a dialogar y también de parte de los funcionarios del Estado. Hay ítems a discutir que tendrán que ver con el costo de la tierra. La Justicia hizo una tasación que ronda los 18 millones de pesos. El último censo del lugar se hizo en 2005 y dio que había unas 450 familias viviendo allí, nosotros estimamos que ahora debe haber unas tres mil personas”, indicó la abogada.
“Si esto fracasa, esperamos que no, ya tenemos preparado un pedido que sería presentado en la Legislatura provincial para que la tierra sea expropiada, pero esperamos llegar a un acuerdo y que el Estado nos siga acompañando”, siguió la profesional.
En cuanto a los gastos administrativos del fideicomiso, se conformaría una unidad ejecutora del plan de urbanización, integrada por un equipo técnico, representantes del Estado, vecinos y organizaciones sociales para cumplir con las obligaciones del proyecto: económicas, creación de cooperativas de autoconstrucción de viviendas, loteo de los terrenos, prácticas de convivencia ciudadana.
El fondo sería administrado por el Banco Municipal de Rosario y auditado por el Plan Abre, organizaciones sociales, y la Compañía Santafesina de Tierras.
Ansiedad
Afuera, en las escalinatas de Tribunales, Marcela se encontraba junto a un grupo de vecinos y aguardaba ansiosa las instancias de la audiencia en el interior del edificio. “Yo hace 27 años que vivo ahí, sabemos que es un lugar con propietarios pero nosotros no tenemos donde vivir. Queremos pagar, que nos vendan el terreno. Hace un montón que vivimos ahí y tenemos toda nuestra vida en el lugar. Tenemos cerca las escuelas de los chicos, los médicos y un traslado sería cambiar todo”, indicó.
“Sabemos que no es nuestro pero queremos comprarlo, estamos dispuestos a pagar con una cuota mínima, pero queremos pagarlo. Queremos ser contribuyentes como el resto de la sociedad. No queremos que nos regalen nada, venimos acá para que nos den nuestro espacio de vivienda, nada más”, continuó.
Cabe recordar que el conflicto lleva años sin resolverse ya que en 1999 la Compañía Santafesina de tierras inició el juicio de desalojo. En estos 17 años, los vecinos han venido denunciando varios intentos violentos de desalojo.
“Para nosotros esto es un drama social”
El bloque del Frente para la Victoria en el Concejo Municipal anunció la presentación de una iniciativa solicitando al Ejecutivo municipal que elabore un Plan Especial para el terreno en conflicto en la zona de Sorrento y Cullen. “El Código Urbano define claramente el predio en disputa como «Área de Reserva para Reordenamiento Urbanístico y Regularización Dominial», que corresponde a aquellos sectores en los que hay asentamientos irregulares consolidados, para los que se dispone una regularización en el mismo sitio”, señaló el concejal Eduardo Toniolli.
“Esto convierte en un absurdo al desalojo que pretende la empresa que esgrime título de propiedad del predio porque hay normativas que ya establecen un uso y por otra parte obliga al Estado municipal a avanzar en el correspondiente Plan Especial, en el que se debe planificar el trazado definitivo de calles, el nuevo parcelamiento y los indicadores urbanísticos propios para ese sector, desarrollo que no se contradice para nada con una eventual solución de fondo, como la expropiación u otras alternativas”, añadió.
Además, el edil recordó que “deberá mensurarse también el impacto de las obras ya realizadas, como la del Aliviador III Conducto Sorrento, y las proyectadas, como la del Aliviador III Conducto Grandoli, que traerán consecuencias positivas, reduciendo la mancha de inundabilidad en el sector, tal como lo establece la Ordenanza 8876, que exige se revisen las restricciones a determinados usos del suelo (en este caso la construcción de viviendas), en función de las obras de infraestructura que se vayan realizando”, siguió.
Por último, Toniolli criticó las declaraciones desde el gobierno provincial y el municipal referiéndose a la situación como un “conflicto entre privados”. “Para nosotros es un drama social, irresoluble desde el plano exclusivo del sistema judicial, en el que deben involucrarse los otros poderes del Estado para avanzar en la urbanización y en el acceso a servicios básicos para los habitantes de la zona, que han mostrado en más de una ocasión la voluntad de regularizar su situación”, concluyó.
