Apenas un tercio de los trabajadores en relación de dependencia recibirá una compensación salarial este año en caso de prosperar la negociación entre el gobierno y los gremios para encarrilar las paritarias, como pretende Mauricio Macri, con aumentos por debajo del 30 por ciento. Se trata del universo de asalariados que paga el impuesto a las Ganancias o que cobra asignaciones familiares, los dos ítems que el Ejecutivo analiza modificar para convencer al sindicalismo. La discusión, como anticipó este diario, incluye otro ítem no salarial que implica un desembolso de fondos mayor para las obras sociales gremiales.
Macri recibió la semana pasada a los líderes de las CGT para avanzar en el “combo” de medidas para aplicar en los primeros meses del año a cambio de una pauta salarial moderada. Según la composición de la masa de asalariados de la Argentina, ese combo de compensaciones sólo llegará a una minoría, entre los contribuyentes de Ganancias y los padres de familia que trabajan en el sector formal.
En el mejor de los casos, si el gobierno aplicara una universalización de las asignaciones familiares y aumentara de manera extraordinaria los montos que rigen en la actualidad, el número de beneficiarios se ampliaría pero nunca podría superar la mitad de los trabajadores en relación de dependencia.
En la actualidad, sobre una población económicamente activa de 17,5 millones de personas hay 9,5 millones de trabajadores registrados y 1,2 millón de desocupados. Del total de la PEA, entre 4,5 y 5 millones de trabajadores se desempeñan “en negro”, por lo que están afuera de cualquier compensación ideada para la actual ronda de paritarias. En la misma situación se encuentran 3 millones de cuentapropistas.
Según el Observatorio del Derecho Social de la CTA, del total de trabajadores registrados, para junio del año pasado sólo 2.063.356 percibían asignaciones familiares. El total de beneficios era entonces de 4.038.699, a razón de dos hijos promedio por asalariado contemplado por el sistema. El salario familiar tiene un escalonamiento que arranca en 172 pesos por hijo, para los trabajadores con ingresos superiores, y que llega a 837 pesos para los de sueldos más bajos. Para cobrar el beneficio, el grupo familiar debe percibir ingresos por debajo de los 30 mil pesos y ninguno de sus miembros puede cobrar, individualmente, más de 15 mil en bruto.
Uno de los puntos en discusión entre el gobierno y los gremios es la posible universalización del beneficio, es decir, la eliminación de los topes. En ese escenario, podrían incorporarse al sistema buena parte de los asalariados que cuenta con ingresos individuales de más de 15 mil pesos, y que por lo tanto están alcanzados por Ganancias.
El universo total de contribuyentes de ese impuesto es de un millón de personas.
Para ese sector, el Ejecutivo les ofreció a los gremios el cambio integral del tributo, con la suba del mínimo no imponible, de 15 mil a cerca de 30 mil pesos.
Sólo con esa medida, el economista Claudio Lozano calculó que unos 300 mil trabajadores dejarán de pagar Ganancias. Y para el resto, el gabinete económico analiza una modificación de las escalas, desactualizadas por efectos de la inflación. Entre las compensaciones por Ganancias y las del salario familiar, se calcula entonces que no más de 3 millones de trabajadores recibirán un adicional extrasalarial para compensar la eventual pérdida de poder adquisitivo de la inminente ronda de paritarias.
No obstante, tanto Luis Campos, del Observatorio de la CTA, como Lozano advirtieron que ni siquiera en esos casos podrá preservarse el poder de compra de los salarios y que la ronda de negociaciones, en los parámetros que maneja el Ejecutivo, será perjudicial para todos los asalariados contemplados en convenios colectivos. Peor será el escenario para los trabajadores en negro y para los desocupados.
“El sistema de asignaciones familiares necesita una reforma que revierta la licuación de los montos que sufrió en los últimos años producto de la inflación y de la falta de actualización, pero de ninguna manera eso puede ser la moneda de cambio para aceptar negociaciones salariales a la baja”, le dijo a este diario Campos.
Un estudio de la CTA establece que entre 2007 y 2014 un trabajador con un salario promedio, en el sector registrado y dentro del sistema de asignaciones familiares, perdió 74 por ciento del poder de compra del beneficio. Mientras que para una pareja en la que ambos cobran el salario mínimo, vital y móvil, y que tiene dos hijos, en el mismo lapso sufrió una caída por salario familiar en términos reales de 49 por ciento.
En marzo habrá un aumento del salario familiar, incluido desde el año pasado en un sistema de movilidad similar al que rige para las jubilaciones y que se actualiza de manera semestral. Según Lozano, incluso con ese incremento se mantendrá la pérdida de poder adquisitivo. “Aun con una inflación como la que prevé el gobierno, de 25 por ciento para este año, para marzo de este año los salarios en general habrán perdido entre 5 y 8 puntos porcentuales. Y los cambios en el salario familiar y en Ganancias en modo alguno podrán revertir esa tendencia si los aumentos salariales no superan el 33 o 34 por ciento”, agregó el economista.
