“Se está ante una causa que investiga la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y cuyos autores materiales son agentes del Estado”. Ese es el argumento expuesto ayer por las abogadas que representan en la querella a la mamá de Jonatan Herrera, asesinado en enero de 2015 por efectivos de la Policía de Acción Táctica, para rechazar un acuerdo abreviado que firmó el fiscal Adrián Spelta con uno de los cuatro uniformados detenidos. En paralelo, y con argumentos similares, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó ayer un pedido de amicus curiae (amigo del tribunal), tras considerar que se está ante un hecho de interés público que conlleva la trascendencia social y supera las particularidades del caso. Ahora, será el fiscal regional Jorge Baclini quien decida si admite en el proceso la participación del organismo no gubernamental, especializado en el asesoramiento técnico y legal en materia de estándares internacionales de derechos humanos.
El asesinato de Jonatan Herrera tuvo un fuerte impacto social ya que marcó el deplorable debut de la Policía de Acción Táctica (PAT). Fue el domingo 4 de enero de 2015, cuando el joven de 23 años se encontraba lavando el auto en la puerta de su casa de barrio Tablada. Un ladrón fugitivo cayó herido de bala a pocos metros suyo, tras una persecución encabezada por el Comando Radioeléctrico. En esos momentos, un grupo de efectivos de las PAT descendió de un colectivo de línea y comenzó a disparar a mansalva contra Jonatan, que en vano intentó protegerse detrás de un árbol. Fueron más de 40 plomos. Tres alcanzaron al muchacho y dos fueron letales. La causa derivó en la detención de cuatro policías, de los cuáles sólo uno está imputado de homicidio, otros dos del mismo delito en grado de tentativa y un cuarto, intenta homologar un acuerdo abreviado por la pena de tres años de prisión por el delito de abuso de armas.
Ayer, las abogadas Cintia Garcilazo y Analía Abreu, quienes representan en la querella a María Elena, mamá de Jonatan, rechazaron la aplicación del trámite de juicio abreviado pidiendo que sea juzgado en un debate oral y público, como los tres imputados restantes: “En casos como el que nos ocupa, en los que las conductas que lesionan los derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Cadh) y puedan involucrar la participación de agentes estatales, los Estados tienen una obligación aún más pronunciada de esclarecer los hechos, juzgar y sancionar a los responsables. En la presente causa se investiga la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”, reza el texto.
En el mismo escrito, las abogadas solicitaron que por la “gravedad del caso” se realicen pruebas, entre ellas una pericia balística en manos de una fuerza imparcial. También pidieron la reconstrucción del hecho en el lugar donde ocurrió y una nueva autopsia en el cuerpo de la víctima con la intervención de peritos de parte.
En un detallado análisis del material probatorio y la posición de tiro de cada uno de los cuatro imputados, criticaron con dureza la posición del fiscal Adrián Spelta. Al respecto señalan que “sin fundamento suficiente, a pesar de la gran cantidad de disparos efectuados por los imputados (más de 40), el fiscal evaluó que no se ha acreditado que tuvieran la intención de quitarle la vida a la víctima. Sin embargo debemos decir que nada ha dicho ni probado para acreditar que una persona que emplea como medio para atacar a otra arma de fuego a corta distancia y con múltiples disparos pueda no querer lesionarla o quitarle la vida”. Uno de los disparos mortales que recibió Herrera fue en la cadera y pudo establecerse quién lo efectuó. Pero el otro plomo fatal, en la cabeza, pudo haber sido de cualquiera de los otros tres imputados, según exponen las abogadas en su escrito. “Tal circunstancia nos permite concluir que el acusado que hoy se favorece con el juicio abreviado por abuso de armas, pudo haber sido el autor de ese otro disparo mortal”, concluye.
“De interés público”
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) es una organización no gubernamental que desde 1979 se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del sistema democrático y el estado de derecho en la Argentina. Para llevar adelante esa tarea, que en los últimos años se centró en los casos de excesivo uso de la fuerza por parte de efectivos policiales, desarrolla sus actividades desde el punto de vista técnico-legal. Ayer, su representante Ramón Morales, con el patrocinio de las abogadas Agustina Lloret y Florencia Sotelo, se presentó en la causa que investiga el homicidio de Herrera en carácter de amicus curiae (amigo del tribunal) a fin que se incorpore al expediente judicial un memorial que contiene principios y argumentos del derecho constitucional e internacional de los derechos humanos. En ese sentido, pidió que se lo tenga en cuenta al momento de resolver el rechazo de la querella al juicio abreviado.
“La no realización de un debate oral y público para el juzgamiento de delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, cuando de acuerdo a las constancias probatorias es factible sostener la acusación en una calificación grave, se contrapone a toda la jurisprudencia nacional e internacional vinculada a la interpretación amplia sobre participación de la querella en los procesos penales, así como también a una tutela judicial efectiva y al derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, argumenta el escrito para resaltar que el acuerdo abreviado puesto en cuestión “desconoce la obligación que pesa sobre los Estados de investigar eficazmente y sancionar a sus responsables”.
Dos querellas
En diciembre pasado, un fuerte rumor sobre el alcance de un juicio abreviado para favorecer a tres de los cuatro policías detenidos volvió a golpear a María Elena, madre del joven asesinado. Y provocó un cortocircuito entra la familia directa de Jonatan y la mamá de su hijo pequeño, quien también es querellante en la causa con el patrocinio de los abogados Paul Krupnik y Gustavo Feldman.
