La defensora pública María Laura Blacich interpuso un recurso de habeas corpus correctivo en favor de Carlos Gabriel P., un joven que se encontraba detenido en forma ilegal desde el 11 de febrero último sin que hubiese sido puesto a disposición de un juez en todo ese tiempo. Ahora la Fiscalía debe investigar por qué se desoyó la orden judicial de libertad que pesaba sobre Carlos P. De todos modos desde la Defensoría aseguraron que hubo otro caso en el que un hombre estuvo 35 días detenido pese a que se había dictado su libertad y que ocurren episodios frecuentes en los que las libertades se dilatan por varias horas. Al respecto, el defensor regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, sostuvo: “Exigimos a la OGJ (Oficina de Gestión Judicial) que implemente controles para ver si se materializan o no las libertades. Estamos hablando la libertad de las personas”.
Carlos Gabriel P. fue detenido por la Policía el 10 de febrero. Luego de analizar el caso conjuntamente con la defensa pública, la Fiscalía ordenó su libertad porque no encontró mérito para imputar delito alguno. De este modo, el representante del Ministerio Público de la Acusación, Patricio Serjal, dirigió un oficio a la comisaría 4ª a los fines de materializar la libertad de P. Sin embargo, la orden no se ejecutó por razones que deberán ser investigadas por la Fiscalía.
El habeas corpus fue interpuesto luego de que la defensora pública, María Laura Blacich, tomó conocimiento de manera casual acerca de la situación de Carlos P., quien mantenía una causa abierta por dos hechos calificados como tentativa de robo simple con un cómplice. Dada la insignificancia de los hechos imputados, Fiscalía y defensa habían acordado en su momento la aplicación de un criterio de oportunidad para P. y una suspensión de juicio a prueba para su compañero.
La Oficina de Gestión Judicial fijó fecha de audiencia para el día 29 de febrero para el control de cumplimiento acerca de lo acordado. Al contactarse la defensora Blacich con los familiares de ambos, fue informada de que Carlos Gabriel P. estaba detenido en la comisaría 4ª desde principios de febrero, habiendo sido visitado por uno de ellos el día anterior.
La integrante del Ministerio Público de la Defensa se comunicó inmediatamente con la comisaría, donde le ratificaron la información y de inmediato interpuso el recurso de habeas corpus correctivo y presentó denuncia correspondiente ante la Fiscalía en turno, quien deberá iniciar una investigación para determinar responsabilidades administrativas y delictivas, además de las demandas de contenido económico que el Estado podría afrontar. Sobre el mediodía del mismo día miércoles logró materializarse la libertad de Carlos P.
Cabe agregar que no es el primer hecho de estas características que ocurre durante la vigencia del nuevo sistema procesal penal. En 2014, F.G. estuvo 35 días detenido ilegalmente, oportunidad en que la defensa pública denunció el caso para lograr su cese y exigió se establezcan controles de cumplimiento de órdenes judiciales.
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El defensor regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, pidió que “se inicien las investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas por parte del Ministerio de Seguridad, y que también la Fiscalía investigue y vea si se cometió un delito”.
A su vez, solicitó: “Que se implementen controles para que se cumplan las órdenes de los fiscales como así también de los jueces cuando se trate de una libertad, porque ya es la segunda vez que nos pasa”.
Y aclaró que “cuando la orden la da el juez, la Oficina de Gestión Judicial debería controlar que esa orden se materialice, mientras que cuando la Fiscalía da la orden, es potestad del Ministerio Público de la Acusación asegurarse que se realice, ya que ayudaría a evitar este tipo de situaciones como la expuesta”.
Trámite delegado a la Policía
Gustavo Fraceschetti explicó que si bien cuentan con registros de dos casos importantes sobre la desobediencia a la orden de libertad, hay un sinnúmero de situaciones menores en las cuales se dilatan las excarcelaciones.
Sostuvo que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) debe implementar controles para ver si se materializan o no las resoluciones sobre la libertad de las personas.
“Hay algunas deficiencias que requieren recursos humanos y materiales para que una persona logre su libertad rápidamente”, explicó.
“Un juez pide la libertad de un detenido, pero después tienen que chequear que la persona en cuestión no cuente con capturas anteriores. Esos pedidos los deberían manejar en los Tribunales, pero lo maneja la Policía”, explicó.
A modo de ejemplo graficó que, una vez que el juez ordena la libertad, lo llevan a la Unidad Regional para chequear sus datos y después lo liberan. “Si eso se manejase desde el Poder Judicial, la gente podría recuperar la libertad en la audiencia misma. Aspiramos a eso”, aseguró Franceschetti.
Con respecto al caso de Carlos P. explicó: “Nosotros vamos a hacer una copia de lo actuado en el habeas corpus, lo llevamos a la Fiscalía para que evalúen las responsabilidades penales en la causa”.
