El gobierno nacional quiere tener cerrado para el próximo 16 de marzo el “acuerdo de gobernabilidad” que le permita sacar leyes clave en el Congreso, pero las distintas vertientes del peronismo no quedaron del todo conformes con los cambios anunciados en la coparticipación y se preparan para sumar nuevas condiciones.
Tanto el peronismo “racional” del Senado –como lo define su jefe, Miguel Ángel Pichetto–, como el massismo y el bloque justicialista se muestran abiertos a darle gobernabilidad al presidente Mauricio Macri desde que asumió, pero a medida que se acerca el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso –cuya apertura se producirá este martes 1º de marzo– empiezan a perfilar un suerte de operación de pinzas.
Una fuente de primera línea del oficialismo indicó a NA que para el 16 de marzo ya tendría que haber un acuerdo sobre la derogación de leyes que necesita el gobierno para cerrar el conflicto con los holdouts, el nombramiento de jueces para la Corte Suprema y la devolución del 15% de los fondos coparticipables a las provincias.
Los tres temas forman parte del “acuerdo de gobernabilidad” definido por la Casa Rosada y los gobernadores peronistas, a través de sus legisladores, quienes votarían la derogación de la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano si el Ejecutivo devuelve el 15% y reactiva la obra pública en las provincias.
El gobierno confía en que el decreto 406, que dispone la devolución del 15% en la coparticipación “en forma progresiva y escalonada” de aquí a 2020 destrabe esas votaciones en el Congreso, pero fuentes del peronismo indicaron a NA que “todavía está lejos el acuerdo”.
“Es un gesto positivo, pero todavía hay que ver cómo se van a devolver esos fondos y además tiene que convocar a los gobernadores y terminar de cerrar”, sentenciaron dos senadores del bloque PJ-FpV.
Si bien Pichetto tiene una postura favorable a cerrar el conflicto con los holdouts, demora la definición de su bloque respecto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los jueces propuestos por Macri para la Corte Suprema.
Además, tuvo un gesto bastante sugestivo el último jueves, cuando recibió al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, con quien evaluó la preocupación ante el “negativo impacto para las arcas provinciales de la disminución de las retenciones a las exportaciones agrícolas”, según comunicaron luego del encuentro.
El problema para el oficialismo se profundiza en Diputados, donde creía tener asegurado el quórum de 129 con la colaboración del Bloque Justicialista y del Frente Renovador, que ahora empiezan a poner más condiciones.
Envalentonado por haber conseguido que Macri firme un nuevo decreto sobre coparticipación negociando su propuesta, Massa empezó a adelantar que impulsará proyectos propios cuando comience a sesionar el Congreso y la punta de lanza será la modificación del Impuesto a las Ganancias.
El líder del Frente Renovador podría actuar en conjunto con el sindicalismo, que piensa en armar un bloque propio de diputados mientras avanza en la reunificación de las tres CGT.
Por su parte, el Bloque Justicialista, desprendimiento del PJ-FpV que tiene como figura destacada a Diego Bossio, reclamó que la devolución del 15% se haga a través de una ley y que el tema se trate “conjuntamente con las leyes necesarias para la negociación de la deuda argentina”. El mensaje es claro: la nueva bancada peronista condiciona su apoyo a la derogación de la Ley Cerrojo y de Pago Soberano al tratamiento de un proyecto sobre coparticipación.