La causa que investiga el homicidio de Gerardo “Pichón” Escobar pasará al fuero federal.
Así lo determinó ayer la jueza Georgina Depetris, quien confirmó lo que ya había dispuesto el juez Luis María Caterina en diciembre: la muerte del joven de 23 años debe ser investigada como desaparición forzada de personas. La incompetencia de la Justicia provincial había sido planteada desde el principio por la querella y resistida inicialmente por la Fiscalía de Homicidios Dolosos aunque, con el correr de los meses, se sumó al pedido debido a las pruebas que evidencian la participación y complicidad de miembros de la policía.
El crimen de Pichón Escobar puso en la mira el after La Tienda, el último lugar donde fue visto con vida, y a varios patovicas y policías que trabajaban en el local nocturno. Pichón trabajaba en la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad. El jueves 13 de agosto fue al Casino, ganó dinero, se compró ropa y salió con amigos. Estuvo en Bogart, un cantobar de Santa Fe y Presidente Roca, y de ahí partió con un amigo hacia La Tienda, en Tucumán 1119. Su compañero lo perdió de vista y cuando salió, el patovica Cristian V. le dijo que Gerardo ya se había ido. Una semana después, su cuerpo apareció en las aguas del río Paraná. En ese lapso, el mencionado empleado de seguridad fue demorado porque de su casa salió la última señal de GPS del celular de Pichón. Sin embargo, fue a finales de agosto cuando este empleado de seguridad, de 36 años, fue imputado como autor del crimen de Gerardo, cometido la madrugada del viernes 14 de agosto. Sus compañeros de trabajo en el after José Luis C., de 34 años e integrante de la barra de Newell’s, y César A., de 30, y los empleados policiales Maximiliano A. y Luis Alberto N., ambos de 32, fueron acusados de encubrir el asesinato.
Desde el hallazgo del cuerpo, los abogados Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet que representan a la familia Escobar, solicitaron que la causa sea investigada por la Justicia federal debido a que se trataba de un caso de desaparición forzada de persona, que involucraba a fuerzas policiales.
En septiembre, el defensor provincial Gabriel Ganón había pedido cambiar la figura de la investigación y que pase a la Justicia federal, pero esto fue rechazado por Caterina. En esa ocasión, el pedido fue rechazado por los fiscales que investigaban el homicidio, Marisol Fabbro y Rafael Coria.
Sin embargo, en las audiencias posteriores las pruebas apuntaron fuertemente a la participación de las fuerzas policiales de la seccional 3ª en el encubrimiento del crimen, por lo que la Fiscalía se sumó al pedido de la querella y solicitó que pase al fuero Federal.
Finalmente, en diciembre Caterina declaró la incompetencia de los Tribunales provinciales. A pesar de la negativa de la defensa, que cuestionó incluso la existencia de una muerte violenta, el magistrado hizo lugar al reclamo al entender que existe la posibilidad de una participación de personal policial en el hecho. Caterina refirió que esa noche, en ese lugar, el Estado era la comisaría 3ª y la Policía de Santa Fe, y destacó la probabilidad de que los involucrados hayan contado con apoyo policial, lo que interpretó suficiente para dictar la incompetencia.
Ayer, en una audiencia celebrada en los Tribunales provinciales, la jueza de Cámara Depetris confirmó lo dispuesto por Caterina.
En diálogo con El Ciudadano, Campana se mostró “muy conforme” con el fallo. “Los primeros meses la Fiscalía no avalaba nuestra teoría del caso, sabiendo de la participación policial, la privación de libertad y la participación del Estado. Esto cambió a partir de la nueva evidencia que daba cuenta del acuerdo que tenía La Tienda con fuerzas tanto privadas como públicas de la comisaría 3ª para gestionar la seguridad del local y de las inmediaciones. Este pacto era verbal e ilegal ya que la seguridad del local nocturno no puede arrogarse funciones de seguridad pública en la calle”, explicó el abogado de la familia Escobar.
Campana lamentó que hayan tenido que pasar seis meses para esta determinación: “En casos como estos es fundamental que no se pierda el tiempo discutiendo la competencia cuando hay evidencia de participación de fuerzas policiales. Primero debía ser investigado como desaparición forzada. Si después no se podía probar, debía volver a la Justicia provincial, pero así se perdió mucho tiempo”.
En la misma dirección apuntó Ganón. “Estamos satisfechos con el fallo en cuanto a la decisión final que se toma, pero lamentamos que haya pasado tanto tiempo. Lo presentamos al inicio porque las pruebas demostraban la complicidad de los patovicas con la Policía de la zona pero el cambio se dio gracias a la lucha de la familia Escobar y a la movilización de la sociedad rosarina”, dijo el defensor.
“El pueblo construyó una forma de ver diferente a la que querían los actores judiciales, se pudo construir conciencia popular entorno a este caso. Cuando se trata de crímenes vinculados al poder como las desapariciones forzadas, la administración de Justicia siempre ampara a ese poder y eso no ocurrió gracias a la movilización popular”, explicó Ganón.
Para el representante de la Defensoría Pública el fallo marca un buen antecedente ya que “a partir de las movilizaciones de derechos humanos por los crímenes de la dictadura, la sociedad aprendió a poner la misma resistencia a casos de este tipo y a empujar a los aparatos del Estado a tomar decisiones diferentes a las que están acostumbrados”.
