El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe decidió apartarse de un caso en el que el acusado no devolvió la plata de la indemnización que le depositaron de más por considerarlo insignificante desde el punto de vista de la persecución político-criminal. En la Argentina, es la primera vez que en un caso como éste una Fiscalía decide aplicar el criterio de oportunidad y no dedicar recursos públicos y dejar al demandante la decisión de continuar con la persecución como querella.
El caso que se consideró insignificante fue el que tiene como acusado a Juan Leandro V, un santiagueño de 36 años, que trabajaba para la empresa Carrefour y fue despedido en septiembre pasado. Juan recibió como indemnización 426.000 mil pesos en su cuenta sueldo. A los seis días, la cuenta del empleado se duplicó. Juan se encontró con más de 800 mil pesos porque la empresa INC SA –que es la representante de Carrefour– volvió a depositarle por error su indemnización. La empresa reclamó la devolución del dinero al ex trabajador, pero éste omitió hacer caso al reclamo.
En septiembre pasado se realizó una audiencia donde se le ordenó al ex empleado devolver el dinero. La resolución fue apelada y la instancia se reanudó el 16 de febrero pasado en una nueva audiencia presidida por el juez de Cámara Alfredo Ivaldi Artacho. A su vez, el Ministerio de la Acusación fue representado por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos Sebastián Narvaja, quien estuvo acompañado por el director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), Agustín Carrara. El director del Cipce habló en la audiencia bajo la figura de amicus curiae (amigos del tribunal). Por su parte, la querella estuvo a cargo de la abogada Daiana Daich, y por la defensa los letrados José Nanni y Matías Camardo.
En dicha instancia, se discutió el pedido de criterio de oportunidad que solicitó el fiscal Narvaja en representación del MPA, acompañado por el director de la Cipce, una reconocida ONG a nivel nacional encargada de brindar asesoramiento, capacitación y realizar investigaciones sobre la persecución de la criminalidad económica.
Desde el Cipce, Carrara expuso –en apoyo a la postura de la Fiscalía– que, como uno de los criterios de oportunidad se basa en la insignificancia del caso, el planteo en la audiencia consiste en que esta norma del Código Procesal Penal no refiere a delitos que sean insignificantes en sí mismos (por ejemplo, robar un alimento), sino a hechos que sean insignificantes desde la visión de política criminal del Ministerio Público.
“Lo decisivo es la relación del caso concreto con la capacidad de la Fiscalía de gestionar sus recursos limitados para hacer frente una cantidad de casos potencialmente ilimitada. El objetivo no es generar impunidad para los casos no perseguidos por la Fiscalía, sino todo lo contrario: revertir la situación actual de saturación y constantes demoras y prescripciones, que justamente evidencia una impunidad estructural presente desde hace tiempo”, expuso el director ejecutivo de la Cipce.
Criterio de oportunidad
Para entender la decisión del MPA de no utilizar recursos públicos y catalogar la causa de insignificancia para la persecución de la criminalidad económica se debe recorrer los pasos de control que posee la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional Rosario. “Dentro de esta Unidad hay una reglamentación que evalúa los criterios de significación que deben alcanzar tres variables. Éstas corresponden al criterio de significación desde el punto de vista económico, social e institucional. Los casos que cumplan con estos requisitos y que coincidan con las directivas generales de política criminal, como lo son delitos de mercados o patrimoniales, se le dará prioridad”, explicó el fiscal Sebastián Narvaja.
Y agregó que una vez que se solicita la aplicación del criterio de oportunidad, el fiscal lo hace en representación de todo el MPA.
Una vez que se acepta el pedido se notifica a la víctima y en el transcurso de 60 días ésta puede decidir llegar a un acuerdo con el denunciado o presentarse como querellante. Esta situación se rige por el procedimiento especial que se aplica, por ejemplo, en los casos de acciones privadas como puede ser por calumnias, describió el representante de la Fiscalía Regional.
En consonancia con la exposición del director ejecutivo del Cipce, Narvaja remarcó que “la importancia se da en que el sistema de Justicia tradicionalmente se ha dedicado a los casos donde hay personas o entidades que están en condiciones de demandar atención a través de un grupo de abogados, como puede ser un hurto en un supermercado. Sin embargo, un aspecto que nadie insiste que se investigue son los delitos económicos que realizan las grandes corporaciones, empresas y compañías que se traduce en evasión tributaria”.
“Una empresa que deja de pagar al fisco 100 millones de pesos produce un daño social muy grande, porque esa plata se traduce en menos asistencia social, disminución de recursos para la salud y falta de entrega de equipamiento para hospitales. En ese sentido, la definición de política criminal del MPA es justamente dedicarles los recursos a estos casos. En Rosario, los ejemplos de casos en el que la Unidad Delitos Económicos dedicó los recursos fueron la estafa que llevó adelante una mujer a más de 400 personas muy humildes con la venta de terrenos y el decomiso de 30 millones de pesos a un integrante del Sindicato de Camioneros que los había desviado. Ese dinero volvió al gremio”, puntualizó Narvaja.
Base de datos
Con respecto a la persecución de delitos económicos, los cuales trascienden las fronteras, Narvaja describió que la Cipce fue fundamental para el armado de una base de datos como también en la creación de la Red de las Unidades Fiscales de Delitos Económicos entre todas las provincias del país. Esta red nació hace dos años, cuando las diferentes fiscalías junto a la fiscalía federal comenzaron a formar canales para intercambiar información. “El segundo encuentro se realizó hace poco en Santa Fe y tuvo la participación no sólo de la fiscalías de todo el país sino también de representantes del Banco Central y la Afip. Esto posibilita tener una rápida respuesta y también disponer de cooperaciones de otras instituciones como puede ser la Policía Federal”, detalló Narvaja.
