Thomas Griesa también votó e hizo anteayer su propio aporte, a su modo, a favor de acelerar el fin del “juicio del siglo”. El juez de Nueva York, ya convertido en uno de los principales aliados de la estrategia argentina, firmó una orden judicial donde califica la operación de pago a los fondos buitre y los holdouts como “de crítica importancia para la salud de la economía del país”, define la necesidad de avalar ese esquema de liquidaciones a partir de las “circunstancias extraordinarias” en las que se está definiendo la causa y, lo más importante, declara que cualquier restricción que se intente instalar de parte de cualquiera de las partes (en un mensaje directo a los acreedores díscolos), será calificada como “contraria al interés público” de los Estados Unidos.
Tamaña calidad de definiciones de parte de Griesa no se recuerda, a favor de alguno de los dos bandos en pugna, desde el comienzo mismo del juicio; y demuestra que a esta altura del caso su voluntad está abiertamente manifiesta a favor de la posición argentina.
Según interpretó el gobierno, Griesa da con esta decisión una protección máxima para evitar embargos o intervenciones por parte de los acreedores que no aceptaron la propuesta. Además, implicaría un incentivo más para que los bonistas que aún no ingresaron (el 25 por ciento del total) avancen en un acuerdo en los días que restan hasta el 14 de abril.
Thomas Griesa avaló además, en un escrito de sólo tres páginas, el mecanismo de liquidación de la deuda con los acreedores que aceptaron el plan de pagos presentado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Alfonso Prat Gay la primera semana de febrero; incluyendo la advertencia explícita de aplicar sanciones a cualquiera que intente “trabar, restringir y cualquier otro intento de trabar” la operación de liquidación de los algo más de 12.000 millones de dólares que se les pagará a los acreedores. Nuevamente Griesa advierte que este tipo de avance será considerado contrario al “interés público” y severamente sancionado.
El mensaje está destinado a los acreedores que no aceptaron la oferta de la Argentina y que bombardearon con presentaciones judiciales el proceso de negociaciones primero y de aprobación de parte del juez después, del acuerdo entre los principales fondos buitre y los enviados del gobierno de Mauricio Macri, el secretario de Finanzas Luis Caputo y el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Eugenio Bruno. La mira de Griesa está puesta en las actividades que desplegó el denominado Grupo Varela, integrado por unos 13 argentinos con tenencias por algo menos de 100 millones de dólares, y que no sólo no aceptaron la oferta presentada ante el “special master” Daniel Pollack, sino que comandaron las acciones de apelación ante la Cámara de Nueva York, algo que molestó al juez, según la versión que le trasladó uno de los clerks (colaboradores) a enviados del estudio Cravath, Swaine & Moore (CS&M).
Según las fuentes, las acciones ante la segunda instancia judicial, que incluso llevaron a la Cámara a la necesidad de emitir un fallo para ratificar los poderes de Griesa para aplicar el “stay” a favor del país para que se concrete la operación de pago, perturbaron al magistrado de la misma manera que las presentaciones de la Argentina en los días de Cristina de Kirchner. La insistencia de los acreedores disgustados con la oferta argentina en trabar el mecanismo de pago y no esperar a llevar la apelación a la segunda instancia, una vez definido el caso, hicieron que Griesa acelerara la contundente definición de anteayer.
El juez además viene demostrando un apoyo directo a las acciones requeridas por el Ministerio de Hacienda de Prat Gay, entendiendo que, ahora sí, hay una voluntad de pago concreta de parte del país y la intención de respetar su fallo de liquidar el 100 por ciento del capital adeudado y de negociar sólo los intereses.
Griesa, en su decisión de anteayer, también avaló los nombres de las entidades financieras que intervendrán en la operación como agentes financieros de la operación que debería concretarse antes del 14 de abril. Estos son el “renacido” e indultado Bank of New York Mellon (Bony), Wells Fargo, State Street, Goldman, JPMorgan, TD Bank, Bank of Nova Scotia, HSBC y el Citi. Se aclaró además que podrían sumarse más entidades que operen en Wall Street, pero sólo como agentes colocadores de los títulos públicos que emitirá el gobierno para pagar a los acreedores. Entre estos se sumarían el BBVA, el Santander y el Deutsche Bank.
