El ex mandatario brasileño Lula da Silva asumió el cargo de jefe de gabinete de Dilma Rousseff, en medio de protestas de grupos opositores y manifestaciones de apoyo.
Lula, salpicado por sospechas de corrupción, fue juramentado por Rousseff en un acto realizado en el Palacio presidencial de Planalto, que fue cercado por cientos de personas que expresaban su apoyo al Gobierno o su rechazo al ingreso del exmandatario al gabinete.
A la ceremonia asistieron decenas de parlamentarios de la base oficialista que recibieron a Lula y a Rousseff al grito de «no habrá golpe», en alusión al trámite con miras a un posible juicio político contra la mandataria, que será retomado en la Cámara de Diputados.
Un diputado opositor fue retirado cuando Rousseff debió suspender el inicio de su alocución. El legislador del partido opositor Solidaridad comenzó a gritar «Vergüenza» y fue retirado por agentes de seguridad.
El nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, el cargo más influyente del Gobierno, ha generado un terremoto político por los problemas que el ex mandatario enfrenta en la Justicia, que se agravaron con la difusión de unas polémicas grabaciones que sugieren que la mandataria intentó influir a su favor.
La seguridad en el Palacio de Planalto ha sido reforzada con decenas de policías y el tránsito de vehículos fue restringido en torno a la Plaza de los Tres Poderes, donde también se sitúan las sedes del Congreso y de la Corte Suprema.
En esa plaza se concentraron manifestantes tanto a favor como en contra del Gobierno, que llegaron a enfrascarse en incidentes que no llegaron a mayores.
Las grabaciones que agravaron la crisis fueron divulgadas este miércoles por el juez Sergio Moro, del sureño estado de Curitiba y responsable de la investigación en la petrolera estatal Petrobras, que afecta a decenas de políticos, entre los que está el propio Lula.
La condición de ministro que tiene desde hoy Lula le garantizará un fuero privilegiado y supondrá que las causas en su contra salgan de la órbita de Moro y pasarán a la Corte Suprema.
La difusión de los audios y la sospecha que de Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso llevó a miles de personas a protestar en todo el país y exigir la destitución de la mandataria, como el pasado domingo ya lo habían hecho 3,5 millones de personas en la mayor manifestación política de la historia brasileña.
También tras conocerse esas grabaciones, la Cámara de Diputados decidió retomar el trámite para un posible juicio político contra Rousseff, cuyo apoyo en el Congreso ha ido menguando al calor de la severa crisis política en la que se ha sumergido el país.
De hecho, una vez que fueron difundidas las grabaciones, el Partido Republicano decidió abandonar la coalición de Gobierno y se posicionó en favor de la destitución de Rousseff.
Esa formación cuenta con 21 de los 513 diputados y solo uno de los 81 senadores, números no muy significativos pero que son cruciales para el Gobierno frente a un posible juicio político contra la mandataria.
