La sanción de la ley de amnistía para presos políticos y la aprobación parcial de la reforma a la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) volvieron a intensificar el conflicto de poderes surgido en Venezuela desde que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora al gobierno de Nicolás Maduro asumió en enero pasado el control de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
Tanto la sanción de la amnistía como la aprobación en primera discusión de la reforma a la ley orgánica del TSJ fueron alcanzadas en la sesión de anteayer de la Asamblea con los votos de la bancada de la MUD y pese al rechazo de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante.
Sin embargo, lejos de significar una definición para el marco legal de esos asuntos, la novedad provocó la profundización del debate que ya tenía lugar acerca de las competencias del resto de los poderes públicos para dejar sin efecto lo que sancione el Legislativo.
La segunda y definitiva votación de la ley de Amnistía y Reconciliación Nacional se produjo a última hora de anteanoche –pese a que no figuraba en el orden del día de la sesión, por lo que el chavismo acusó a la mayoría de haber violado el reglamento de la Asamblea–, al cabo de un debate que duró casi ocho horas.
Con la amnistía, la MUD procura sacar de la cárcel a cerca de 80 dirigentes opositores presos, entre ellos el líder partidario Leopoldo López, el alcalde Antonio Ledezma, el ex alcalde Daniel Ceballos y el ex candidato presidencial Manuel Rosales.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, que no tiene poder de veto, había advertido más temprano que no promulgaría la norma en el caso de que fuera sancionada.
“Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas; tengan la seguridad de que esa ley por aquí no pasa”, advirtió el mandatario.
La Constitución venezolana faculta al presidente a solicitarle a la Asamblea que modifique artículos o levante total o parcialmente una ley sancionada, pero no le confiere derecho a veto. Si el mandatario no promulga una ley, podrán hacerlo las autoridades del Parlamento.
No obstante, el conflicto de poderes actual no se limita a quién se encarga de promulgar las leyes sino que se extiende a su entrada en vigencia o no, ya que en otras oportunidades el TSJ, controlado por el Ejecutivo, neutralizó la autoridad del Legislativo.
Así ocurrió tanto en enero último como semanas atrás, cuando la Asamblea, en uso de sus facultades constitucionales, vetó el decreto de emergencia económica dictado por Maduro y luego su prórroga, y el TSJ ratificó su validez.
Las reformas al funcionamiento del TSJ incluyen el aumento de la cantidad de sus integrantes, por lo que la MUD intentará arrebatarle poder al chavismo en ese organismo judicial.
