Una postal del Brasil dramático de estos días: el gobierno de Dilma Rousseff acudió al Supremo Tribunal Federal en un último y desesperado intento de que demore, por vicios de forma, la votación del impeachment, prevista para el domingo.
Otra: la presidenta les pidió que dejen sus cargos a los ministros de Ciencia y Tecnología, de Salud, de Aviación Civil y de Desarrollo Agrario (los tres primeros, del PMDB, que desoyeron la orden partidaria de abandonarla; el tercero del PT) para que vuelvan a sus bancas y la defiendan.
No son, desde ya, demostraciones de gran confianza, pero sí de que la pelea continuaba, a apenas 48 horas de la cita crucial. Y, también, de que al gobierno no le sobra nada para impedir una derrota que puede marcar, nada menos, que un final ignominioso para la era del Partido de los Trabajadores en el poder.
Todo se negocia en estas horas dramáticas. Cargos (y sus cajas anexas) en sendos gabinetes, por el momento fantasmales: el de Dilma porque no se sabe cuánto tiempo seguirá en funciones; el de su ansioso vice, Michel Temer, porque no se sabe si alguna vez verá la luz… ni por cuánto tiempo.
Diputados partidarios del impeachment denuncian en off the record que las negociaciones no son sólo políticas, sino que en varios casos implican ofertas de dinero. Según ellos, el tarifario va de los 30 mil a los 570 mil dólares, de estricto desembolso anticipado y en efectivo. Explican semejante diferencia por dos factores. Uno, por el nivel de compromiso: ausentarse es igual de útil para que los destituyentes no logren los 342 votos que necesitan, pero es menos jugado y, por ende, saldría más barato; exponerse con un voto oficialista a voz en cuello es otro precio. Pero, además, influiría el modo en que las bases de los «contactados» puedan reaccionar ante un voto salvador para la mandataria: los diputados de circunscripciones más antipetistas exigirían más a cambio de, posiblemente, enterrar sus carreras políticas.
Cuentan, también, que concurrir a las reuniones que Luiz Inácio Lula da Silva, el principal operador de Dilma, comanda en el hotel Royal Tulip Brasilia Alvorada, un clásico de la clase política local, supone no sólo apagar el celular sino dejarlo antes de ingresar.
Del otro lado, también se denuncia. Dicen que los operadores del juicio político apoyan carpetas en los escritorios de los diputados vulnerables, un modo de chantaje poco elegante pero efectivo.
Deben ser habladurías, parte de la guerra de acción psicológica en curso. ¿Cómo podría dirimirse de un modo tan basto una decisión institucional de tal gravedad, justo cuando Brasil está en plena etapa moralizadora?
Ambos bandos incurren en esas campañas de presión. Por un lado, los partidarios de la remoción de la mandataria aseguran tener votos de sobra, de manera de presionar al puñado de indecisos que aún piensan, con desinterés, qué es lo mejor para la patria. El oficialismo hace lo mismo, pero sus proclamas de que cuenta con 200 votos se dan de bruces con los hechos, como la movida ante el Supremo y la liberación de ministros para que voten.
En ese sentido, la diputada Luciana Santos, presidenta del Partido Comunista de Brasil, anunció ayer que tenía una lista con la firma de 186 diputados y 27 senadores «contra el golpe». Curioso: en ella aparecían incluso legisladores del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), completamente comprometido con el impeachment, quienes comenzaron a denunciar haber sido «traicionados» con el pretexto de firmar un compromiso «por la democracia».
Alertado de esto, este diario llamó al despacho de Santos, donde reconocieron que el pronunciamiento no era contra el juicio político, sino apenas «la búsqueda de un espacio muy importante de articulación política» y que muchos de los signatarios «probablemente voten a favor del impeachment».
En concreto, este diario averiguó que el gobierno, que necesita el apoyo, la abstención o la ausencia de 172 diputados, cuenta con un centenar de votos «seguros». Puede haber más, pero no está resultando fácil juntarlos.
Hablar de votos «seguros» obliga a usar comillas. Entre los recursos poco ortodoxos en juego, resalta la pelea por el orden de votación, que será de a uno, de viva voz y con tiempo controlado para decir el sentido del sufragio y una breve consigna. El presidente de la Cámara baja, el ampliamente sospechado de corrupto Eduardo Cunha, había decidido un criterio regional, desde el sur rico (y opositor) hacia el norte pobre (y petista). La idea era que los primeros pronunciamientos crearan un clima de triunfo rotundo del impeachment, de modo de hacer dudar a los más volubles. Pero para evitar que eso reforzara las impugnaciones oficiales ante el STF, cedió y estableció un orden alternado: comenzará el septentrional y pequeño Roraima; lo seguirán Rio Grande do Sul y Santa Catarina; luego, el norte de nuevo con Amapá y Pará… etcétera. Polémico también. Los estados anotados en el inicio siguen teniendo más representantes del sur que del norte. Por más que los sondeos de los diarios los acerquen decisivamente al número mágico de 342 (ver gráfico), acaso en ese campo tampoco sobre confianza en algunos terminen haciendo lo que prometen.
Será un espectáculo curioso. Brasil hierve de denuncias de corrupción, las que crearon el clima social para el juicio político, pero este se basa en el maquillaje de las cuentas públicas, una práctica común a todos los presidentes anteriores a Dilma y que debería complicar también a Temer, quien firmó al menos tres decretos de ese tenor durante viajes de aquella. Además, mientras hasta los mayores enemigos de Rousseff la acusan de haber hecho la vista gorda con la corrupción, pero no de haberse beneficiado personalmente de ella, decenas de diputados que votarán en tono elevado para liberar a Brasil de la «turma do PT» sí están acusados de fechorías de todo tipo.
Un relevamiento de Transparência Brasil reveló que 36 de los 65 miembros de la Comisión Especial que recomendó el pasado lunes al pleno votar el impeachment están o estuvieron sometidos a procesos por cargos como financiación ilegal de campañas, licitaciones amañadas, malversación de fondos públicos y lavado de dinero. Entre ellos, su presidente, Rogério Rosso, y el miembro informante y autor del proyecto votado, Jovair Arantes.
Lo que se jugaba en el STF es trascendente. Si se vota el domingo y dos tercios, 342 diputados, apoyan la elevación del caso al Senado, bastará con que la mayoría absoluta de este, 41 legisladores, le dé entrada para que Dilma sea suspendida por 180 días hasta el día del juicio final. Ya hay votos para eso y el «efecto avalancha» haría que se llegue con cierta facilidad a los 54 que requeriría su apartamento definitivo.
Para unos y otros, es ahora o nunca, vida o muerte. Ese sentimiento intenso explica el espectáculo indecoroso de estos días dramáticos.
