Por: Ezequiel Nieva / Corresponsalía Santa Fe
Una multa “muy severa” le cabría al juez santafesino Rubén Saurín si la Justicia lo encuentra culpable de hurtar energía eléctrica en su hogar. El caso, que se conoció el año pasado, estuvo a punto de ser archivado; las quejas públicas del gobernador Hermes Binner y el ministro Héctor Superti repercutieron en Tribunales y ahora la investigación recayó en el Juzgado de Instrucción 5ª, a cargo de Darío Sánchez. El juez está obligado a continuar las diligencias contra su colega a partir del ofrecimiento de pruebas presentado por la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Antonio Ciancio, ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente –bajo cuya órbita está la empresa–, ratificó el informe técnico que originó las actuaciones.
Con la reapertura de la causa contra Saurín, volverán a ser convocados los técnicos de la EPE. Ciancio explicó: “El estudio que se hizo en su momento es el estudio que se va a presentar cuando sean citados los técnicos. Son trabajos que se hacen a conciencia y en conjunto con escribanos y con la universidad. Y se hacen así porque, después, todo el mundo tiene derecho a defenderse. Se toman todas las medidas para que la documentación sea exacta”. El funcionario despejó cualquier duda sobre una supuesta intencionalidad política detrás de los informes: aseguró que no hay forma de que el trabajo haya sido manipulado por los operarios de la EPE.
Saurín intentó, en febrero, renunciar a su puesto, pero el Ejecutivo se lo negó y el juez investigado debió retomar sus actividades. Fue un intento en busca de acelerar su trámite jubilatorio, pero el gobierno de Binner ordenó que le fuera negado el privilegio y que avanzara el proceso en su contra con el juez a cargo de su despacho: un capítulo más en la novela de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y, a la vez, la posibilidad para el gobierno de poder exhibir una victoria –en caso de que Saurín resulte destituido– no exenta de simbolismos. En paralelo a la causa por hurto de energía, a Saurín se le abrió un jury, que de momento está “en estado reservado”.
Consultado Ciancio sobre la sanción que le cabría al juez en caso de que se lo encuentre culpable, retrucó: “Eso depende la Justicia”. Pero aclaró: “Habitualmente son multas muy severas y se hace un seguimiento de la persona para que no reincida. Es un llamado de atención”. El ministro comentó que el robo de energía eléctrica es una práctica habitual en distintos sectores sociales. “Los sectores más humildes representan una pérdida, por hurto, de 40 millones de pesos al año”, aseguró. Pero justificó esos casos como una excepción: “A veces están obligados a hacerlo”.
“Pero también hay comercios, industrias, hay de todo”, siguió Ciancio, para cerrar: “Los sectores formales tienen que entender que esto se tiene que terminar. Más temprano que tarde nosotros vamos a generar los mecanismos, los medios técnicos para ir detectando esta problemática”.
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