El gobierno de Mauricio Macri no tiene previsto recoger el pedido de Dilma Rousseff para que el Mercosur estudie la aplicación de la llamada “cláusula democrática” a Brasil en caso de que el Senado decida avanzar con el impeachment en su contra y desplazarla de la Presidencia.
Así surge de una consulta específica realizada sobre la cuestión por Ámbito Financiero en la Cancillería, donde dijeron que no habrá por el momento una toma de posición oficial y se limitaron a responder que la crisis institucional en Brasil “se sigue con preocupación y de cerca”. A veces el silencio habla.
Dilma dijo el último sábado, durante una conferencia de prensa con medios de su país en Nueva York, adonde había concurrido para firmar un protocolo internacional contra el cambio climático: “Está en marcha un golpe en Brasil. A mí me gustaría que Unasur y el Mercosur miraran este proceso”.
En lo que respecta a la Argentina, entonces, eso no ocurrirá. Cabe recordar que, antes de asumir, Macri había pedido que esa salvaguarda se aplicara a Venezuela por el encarcelamiento de Leopoldo López y otros dirigentes opositores y que Brasil desactivó la movida.
En la reunión de cancilleres o vicecancilleres del bloque realizada el lunes en Uruguay como parte de la celebración del 25 aniversario del Tratado de Asunción, el reclamo de Dilma, de hecho, no fue tomado por ningún país. Ni siquiera por el brasileño Mauro Vieira.
Más allá de la posición argentina, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, señaló este lunes claramente que Brasil tiene “una democracia muy consolidada y nosotros no vamos a opinar” sobre el juicio político. “Dejemos que cada país, conforme a sus normas constitucionales y su institucionalidad democrática, tome la decisión que tenga que tomar”, agregó. Es natural: Paraguay aún resiente la suspensión que le impuso el Mercosur en 2012, en aplicación de la “cláusula democrática”, debido al juicio político exprés que derribó a Fernando Lugo.
El gobierno de Uruguay, en tanto, que hace algunos días había emitido un comunicado muy crítico sobre el caso brasileño, el lunes volvió sobre sus pasos. El canciller Rodolfo Nin Novoa indicó: “No debemos olvidar que el Mercosur debe ser garante del respeto a las instituciones democráticas de los países que lo conformamos. La justicia, la legalidad y la legitimidad deben estar por encima de posicionamientos políticos (…) Confiamos en que ése será el camino adecuado por el bien del Brasil y por el bien del Mercosur”.
Los plazos en Brasil son acuciantes, y lo que hoy es silencio regional pronto supondrá una toma de posición estruendosa. La comisión especial del Senado que tratará el impeachment ya se puso en marcha y eligió anteayer sus autoridades.
La oposición no sólo predomina numéricamente, sino que puso al presidente, Raimundo Lira, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y al instructor, Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Se espera que el próximo 6 de mayo ese cuerpo de 21 senadores recomiende la continuidad del impeachment y que el 11 el pleno lo convalide por mayoría absoluta de, al menos, 41 votos. Según la prensa brasileña, 50 senadores ya se pronunciaron contra la mandataria, más que suficientes para suspenderla por 180 días. En esa fecha, el “golpe” sería consumado.
Independientemente de las dos bibliotecas jurídicas que se enfrentan en torno a la polémica sobre si hay un golpe de Estado en Brasil, cabe recordar que el actual juicio político pasó por todos los filtros institucionales, en el Congreso y en el Supremo Tribunal Federal, como prescribe la Constitución. Y que el mismo comenzó en octubre, al revés de las menos de 48 horas que bastaron para que el Congreso paraguayo se sacara de encima a Lugo.
El otro antecedente de “golpe blanco” que se cita es la remoción de Manuel Zelaya en Honduras en 2009, quien fue destituido por el Legislativo mientras, en sumario expediente, una comisión militar lo arrestaba en su casa en pijama y lo depositaba en el acto al otro lado de la frontera con Costa Rica.
Más allá de las valoraciones políticas negativas que merece el caso brasileño, donde hay una evidente actitud destituyente, no parece apropiado hablar de “golpe” como en esos dos casos. Hacerlo puede ser un atajo tentador para las víctimas de este proceso, pero implica banalizar un concepto muy concreto y doloroso en América latina.
Al gobierno argentino le preocupa el precedente y el modo en que se está actuando en Brasil. Pero, más que eso, que la crisis institucional se prolongue y siga lastrando la economía del vecino, con pésimas consecuencias aquí.
Ésa es la inquietud, y si el vice Michel Temer asegura una salida al laberinto, algo que todavía está por verse, es altamente improbable que haya condenas o suspensiones.
Por si faltara aclararlo, Brasil, con su portentoso tamaño, no es ni Paraguay ni Honduras. Sancionarlo y someterse a posibles represalias comerciales es un camino poco recomendable.
