Operación destrabar. En un marco de medidas de fuerza que dejan la ciudad sin taxis de 23 a 6 tras caerse la sesión del pasado jueves en la que se iba a votar el aumento –la mayoría de los bloques oposición dejó sin quórum en rechazo a la suba del boleto a 8 pesos ahora y a 8,50 en julio acordada por el oficialismo y el PRO– ediles de ambas veredas volvieron a sentarse a la misma mesa para ensayar una salida de la virtual parálisis en la que quedó el Legislativo. Sin lograr grandes avances –en rigor lo que más se hizo fue una ratificación de posturas de una y otra parte– 20 de los 28 ediles participaron de lo que se institucionalizó como una reunión de la comisión de Servicios Públicos en la que estuvo hasta la presidenta del Concejo, Daniela León. Y con esa misma cobertura los dos entramados, que hasta ahora no muestran fisuras, volverán a reunirse hoy a partir de las 9, ya con la presión de que si no se vislumbra una salida la sesión de mañana también puede caerse, y si eso ocurre todo indica que la medida de fuerza de los taxistas se endurecería en forma automática.
La reunión de ayer es la primera en la que, más allá de contactos informales e individuales con presumibles tanteos, presiones, que no ofrecimientos, los dos entramados volvieron a encontrarse. La reunión de la comisión de Servicios Públicos se convirtió numéricamente en una sesión: más del 70 por ciento de los concejales y un porcentaje aún mayor si se contaba a nivel de bloque estaban presentes.
Pero los interbloques eran notoriamente dos, y el que coordinó el no ingreso al recinto en la sesión del jueves pasado se mantuvo plantado en sus trece. Unidos en la postura de no convalidar la suba del boleto urbano al nivel propuesto –y más allá de que reconozcan profundas distancias ideológicas y políticas, y una existencia efímera del trabajo en conjunto– los ediles opositores pusieron sobre la mesa tres propuestas para mitigar la suba del boleto. Cada una se deglutiría al menos 50 centavos, por lo que, aunque no expusieron números concretos, la idea ronda en un boleto a no más de 7 pesos.
Una de las medidas consiste en aplicar los 100 millones de pesos anunciados como aporte al transporte público rosarino por el gobernador Miguel Lifschitz –para renovación de unidades y reforzar el sistema de trolebuses– se destinen por entero al Fondo Compensador. “(Lifschitz) Debería permitir al municipio que pueda definir en qué aportarlo, en pos de la autonomía municipal por la que tanto bregó”, habían adelantado los 14 en su último “comunicado oficial”.
Se trata de la forma que eligieron expresar la posición de conjunto: aunque como antes aceptan responder en forma individual a los requerimientos del periodismo, cada pronunciamiento sobre el boleto lleva la firma de los 14, en un fenómeno inédito para el Palacio Vasallo.
Otro de los puntos que se mensuran en al menos 50 centavos son las franquicias que se aplican en el transporte urbano local, esto es el medio boleto para los estudiantes y el pasaje gratuito para los mayores de 69 años y a personas con discapacidad y otras –como efectivos de Bomberos Voluntarios– sean costeadas por la provincia. Eso representa un fondeo de 120 millones de pesos anuales: “Le pedimos a la intendenta Mónica Fein y al gobernador Lifschitz que utilicen esa cifra como políticas sociales y que no tenga que hacerse cargo el usuario”, expusieron los ediles opositores.
La tercera fuente, que según expusieron está a punto de convalidarse en la Legislatura provincia, es un proyecto del diputado Luis Rubeo para que consta en aumentar el monto que se cobra por el Impuesto a los Sellos para que sea destinado al Fondo Compensador.
Según estiman, representaría alrededor de 50 millones de pesos más y completaría el peso y medio menos de aumento en el boleto, cuya suba pasaría así a estar en el orden de los 70 centavos.
La media es clave para la contabilidad familiar: según estimó una concejala entre los que expusieron ayer, un núcleo de tres personas que utilizan el transporte urbano dos veces al día, sólo de lunes a viernes, gastarían 1.020 pesos por mes, con un boleto a 8,50 pesos.
Pero desde el lado del oficialismo no dijeron que no, pero mucho menos que sí a las iniciativas. De hecho, pusieron en relieve que la Municipalidad tiene un déficit, alto aunque “manejable” que se tornaría en un rojo complicado si se le suma el transporte, ya que el estudio de costos arrojó un boleto de más de 9,45 pesos hasta febrero pasado, sin tomar, por ejemplo la última suba de combustibles disparada esta semana.
En ese marco mientras el oficialismo rescataba las gestiones realizadas ante provincia y Nación, los representantes del PRO presentes resaltaron el mantenimiento de subsidios decidido por el gobierno nacional, que no adecuar su nivel al aumento para los choferes, hubiera determinado un boleto de 12 pesos.
Como caso testigo se apeló al precio del boleto en la capital provincial, donde el intendente tiene facultades cedidas por el Legislativo: pasó de 5,60 a 7,65 pesos, una suba del 36,6 por ciento. En cambio, la propuesta que no se llegó a tratar el jueves pasado arrancaba con una suba del 26,9 por ciento y completaba en julio un 35 por ciento, en conjunto menor que la ciudad de Santa Fe.
Expuestos los argumentos, todo pasó para hoy, aún sin indicios de cómo se zanjará la brecha.
