“Si vamos a pedir, pidamos grande”, debe haberle dicho el gobernador Miguel Lifschitz a sus funcionarios que redactaron el proyecto de autorización legislativa para colocar 1.000 millones de dólares en deuda para obra pública.
El monto original iba a ser la mitad pero en los últimos días se modificó la cifra, como si fuera lo mismo un número que otro. Y eso obedece a dos cuestiones que conviene detallar.
Lo primero es que entre que se pensó una cifra y se la modificó, salió a flote todo el daño provocado por las inundaciones con estimaciones alarmantes de lo que se necesitará para la reconstrucción. Lo segundo, que explica que un día diga 500 y otro día 1.000, es que Lifschitz está al frente de una provincia por la que se sucedieron desde gobiernos de impronta neoliberal hasta de centroizquierda, pero todos cultores, a su modo y con sus prioridades, de la disciplina fiscal.
Disciplina fiscal que hoy se traduce en bajo stock de deuda y curva de vencimientos descomprimida, además de cuentas al día.
Es lo que marca la diferencia con otras provincias que, al igual que Santa Fe, aprovecharán el acuerdo con los holdouts para salir al mercado de capitales. En muchos de esos casos será para reprogramar deuda vieja por nueva. Así alivian su situación financiera y pueden tomar más deuda para obras. Buenos Aires, Mendoza y Córdoba se cuentan entre esos casos.
El Ministerio de Economía ya contrató las agencias calificadoras y los agentes colocadores. La siguiente meta de la Casa Gris es que la Legislatura autorice el endeudamiento. Se prevé un trámite muy rápido en Diputados. En la cámara alta los senadores siempre fueron favorables a la idea, pero querrán asegurarse obras para sus departamentos.
El Tío Rico
Si consiguiese el respaldo legislativo, Lifschitz será el gobernador con más dinero para obra pública desde el retorno de la democracia. En lo personal es un privilegiado; en lo colectivo era hora que Santa Fe aprovechara tanta disciplina fiscal para intentar un salto de escala en materia de infraestructura. Es una oportunidad histórica para planificar a largo plazo, incluso más allá de las fronteras del mandato del actual gobernador. Veamos los números.
A la autorización para tomar recursos externos por hasta 1.000 millones de dólares (15.000 millones de pesos) en los próximos años (Economía los colocará por tramos), hay que sumar 8.000 millones contemplados para gastos de capital en el presupuesto provincial.
Y en el mediano plazo se destrabará el pago del fallo de la Corte nacional por descuentos de coparticipación. Nación y provincia acordarán primero el pago de la cifra histórica y se darán más tiempo para negociar la actualización. Son otros 20 mil millones de pesos de entrada, aunque sea en bonos canjeables, que el gobernador ya comprometió para obra pública.
En cualquier caso son sumas extraordinarias; tan extraordinarias que presentan una dificultad práctica: no alcanzan las empresas constructoras para ejecutar semejante volumen de obra pública, al que falta agregar las realizaciones en suelo santafesino de Nación y gobiernos municipales.
A medida que disponga de esos recursos, el gobierno deberá establecer prioridades.
La reconstrucción posinundación de la red caminera está en primer lugar.
Le seguirá la aceleración de plazos para terminar obras que llevan años en marcha, como hospitales nodales y acueductos.
Se iniciará la construcción de redes secundarias de gas para llegar a pueblos y ciudades que se desangran pagando garrafas. La incursión de la provincia en el área gasífera se prepara hace unos años y acaba de plasmarse con la creación de Santa Fe Gas.
Córdoba lleva la delantera en esto de ocupar el vacío que dejó el modelo privatizador de los 90 y el congelamiento de tarifas de los últimos 15 años.
También habrá que estar atento al golpe que recibió el plan de inversiones de la EPE.
Hacerse cargo de los heridos
El tarifazo nacional no le salió gratis a Santa Fe ni al resto. Por más que hayan trasladado costos a las facturas de los usuarios, el brutal ajuste sin red las obliga a asumir el costo social y productivo de la medida: pymes que si pagan la factura cierran, comercios en jaque, aumento de hurto de energía residencial. Todo es parte de un policromático abanico de casos que demandarán millones a los Estados provinciales.
En el caso de la EPE es probable que buena parte del presupuesto anual destinado a inversiones de capital termine financiando los “daños colaterales” que el gobierno nacional no vio o no quiso ver.
Los planteos y propuestas hechos a Nación por las provincias para amortiguar el tarifazo eléctrico no tuvieron respuesta. Lo que sigue es el tarifazo del gas, anuncio que en cuestión de días se empezarán a materializar en facturas que desconcertarán a los usuarios. En especial a los clientes de Litoral Gas, área de concesión donde por acumulación de incrementos el impacto será de entre 1.400 y 1.600 por ciento.
Las decisiones del ministro Juan José Aranguren terminan en una fenomenal transferencia de recursos a favor de grandes empresas, en este caso del sector energético. Cuando le preguntaron por el último aumento de combustibles, la respuesta del ex CEO de Shell fue tanto o más brutal que el ajuste mismo: “Si al consumidor le parece caro que no lo consuma”. En la Argentina de Macri empiezan a ser los consumidores quienes subsidian a petroleras y generadoras de energía.
El ministro de Producción Luis Contigiani puso en números lo que estaba ocurriendo: el aumento del 10% en el gasoil significa transferir a las petroleras 8.000 millones de pesos que salen de los bolsillos de productores inundados y ahorcados económicamente.
El regreso de la política
La otra novedad de la semana en la Casa Gris fue el decreto que modificó el sistema de selección de jueces, fiscales y defensores. Largamente trabajado por el Ministerio de Justicia, fue una de las prioridades que el gobernador le impuso a Ricardo Silberstein.
La medida tiene dos aspectos centrales que merecen considerarse. La primera es eminentemente práctica, porque tiene como objetivo que concursos para cubrir vacantes que hoy pueden llevar hasta 2 años se reduzcan a un puñado de meses. El otro aspecto medular de la reforma es la reafirmación del criterio político a la hora de que el Poder Ejecutivo proponga a la Legislatura los jueces, fiscales y defensores.
La experiencia de los últimos años, con sus ventajas y desventajas, formó una idea que comparten el gobierno, buena parte de la Legislatura y el Poder Judicial: devolverle al Poder Ejecutivo el protagonismo que le confiere la Constitución provincial y que por razones más que justificadas fueron autolimitadas en diciembre de 2007.
En este esquema, el papel del Consejo de la Magistratura será garantizar que los candidatos cumplan un piso básico para ser juez, fiscal o defensor. El resto lo hará la política.
El decreto 854/16 profundiza la idea de que el gobernador pueda elegir a quien él decida de la lista de postulantes que le envíe el Consejo de la Magistratura, incluso sin respetar el orden de mérito propuesto por el jurado.
Es una de las razones por la que, para evitar reclamos de quienes eran desplazados por otros candidatos que obtuvieron menor nota, se reemplazan las notas por calificaciones como “Supera ampliamente las pautas de evaluación” o simplemente las “supera…” o “no supera…”.
El riesgo, como siempre, es que la política y las corporaciones “tengan una recaída” y se vuelva a las arbitrariedades de otros tiempos, cuando ineptos, parientes, hermanos de novias, amigos, ilustres desconocidos o acreedores de favores se calzaban el traje de juez.
