Fuentes internas de la Afip denunciaron que se está intentando borrar pruebas que comprometerían a altos mandos del organismo recaudador con el tráfico de información por el que fueron imputados ante la Justicia tanto el titular de la entidad, Alberto Abad, como la diputada aliada de Cambiemos Elisa Carrió. Luego de que avanzara la investigación judicial que involucra a funcionarios encabezados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, actuales empleados alertaron que los registros que permiten rastrear la elaboración de los “dossiers” con datos tributarios de personalidades políticas están siendo borrados de las computadoras.
A través de un nuevo correo electrónico –el mismo que originó la denuncia–, la fuente de identidad reservada sostuvo que ante la trascendencia de la causa penal, que como adelantó este diario dio sus primeros pasos, en la Afip “Mecikovsky y su gente están como locos limpiando computadoras, y esto es un revuelo”. Ese envío está identificado en lo que se presupone un alias, Carlos Batallán. “Recibí un segundo mail que decía que a partir de la denuncia estaban borrando pruebas en Afip”, aseguró en diálogo con Radio 10 Rodolfo Tahilade, el diputado que formalizó la denuncia. Ese correo electrónico enviado desde la misma casilla de Yahoo desde donde se envió el primer email a fines de marzo detallando la maniobra, ya fue aportado a la causa penal que abrió el fiscal Eduardo Taiano y que instruye el juez Claudio Bonadio.
Este magistrado fue uno de los que habría sido investigado en la Afip junto con otros pares federales y por presunto pedido de Carrió. Este es el punto sobre el que el fiscal busca ahondar: si dentro de la Afip operaba un “task force” utilizado para “traficar” información confidencial con objetivos políticos o económicos. Según la denuncia, esos datos eran luego publicados en medios de comunicación o servían para alimentar causas judiciales en curso con el supuesto aporte de información novedosa.
Maniobra investigada
Bonadio acumula también los pedidos de la fiscalía para el cruce de un teléfono aportado al expediente, desde el 10 de diciembre en adelante, que fuera suministrado por el informante. Allí se presume que se encontrarán los lazos que señalan a Mecikovsky con Carrió pero también con la líder del GEN, Margarita Stolbizer, y sus respectivos asesores. “Esto es muy grave porque viola el secreto fiscal, se atropella la intimidad de las personas”, sostuvo el denunciante sobre lo que consideró “información que se vendía a los medios”, porque eran trabajados y publicados al día siguiente. “Me llevé una sorpresa cuando vi carpetas de estos memos o dossiers en el escritorio de Mecikovsky”, subrayó.
La maniobra investigada tiene como eje al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior pero que actuaría con el “aval” de Abad y del titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola. Por debajo de esa estructura, actuarían Liliana Graciela Chimenti (abogada, ex agente judicial en jurisdicción de la Agencia Nº 8 de la Dirección Regional Centro); el agente Miguel Ángel Rifici; Diego Sparsa (director regional de la Dirección Regional San Juan), y Clotilde Silvana Sinatra, asesora de la Afip. Se los acusa de violación de secretos, fijado en el artículo 157 bis del Código Penal que reprime con un máximo de dos años de prisión a quien “a sabiendas e ilegítimamente, violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; o ilegítimamente proporcionare a otro información cuyo secreto estuviere obligado a preservar”.
En su declaración testimonial ante Sebastián Casanello, Mecikovsky reconoció que “en función de los temas que tenemos bajo fiscalización, como Helvetic, sí puedo haber tenido algún contacto” con Silvina Martínez, asesora de Stolbizer. Son precisamente los asuntos bajo fiscalización los que podrían ser sospechados de ser “filtrados” en los dossiers.
Entre las medidas de prueba solicitadas por el fiscal –que ahora podrían estar en riesgo– se encuentran los registros que dependen de la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones de la Afip, que está bajo la órbita de Jorge Linskens. Esa dependencia puede informar acerca de todas las consultas efectuadas a las bases de datos que quedan asentadas a partir del CUIL del sujeto consultado, nombres, el “log” de la consulta y el “agente consultante”. Allí podría identificarse quién accedió a los datos fiscales de varias de las personalidades involucradas, incluso del entorno del presidente Mauricio Macri. El “detalle y parámetros de la consulta” también es un aspecto que debiera quedar registrado en los sistemas de Afip, data que permite ser contrastada con el sistema consultado y por la denominada “opción de consulta”. Para mejor trazabilidad, se exige la identificación IP de la computadora desde la cual se accedió a esa información.
Antecedentes
Mecikovsky ya había sido denunciado en 1997 por el cuestionado ex secretario de Turismo de Carlos Menem y empresario inmobiliario Omar Fassi Lavalle. Éste denunció entonces persecución y armado de “listas” de personajes extorsionables. Pero los mismos nombres tuvieron cruces desde 2008, cuando Castagnola fue separado de la conducción de la DGI (reemplazado por Rubén Toninelli, hoy denunciado en la causa Lázaro Báez) por orden del entonces recaudador Claudio Moroni.
En su momento, se dijo que el apartamiento fue porque se negó a desplazar a Mecikovsky, quien había encabezado una investigación contra la empresa Gotti, una de las constructoras de Báez. Castagnola y Abad fueron indivisibles desde el duhaldismo, siendo el primero uno de los referentes de “La Casa”, como se denomina internamente al organismo. Lo mismo sucede con la ex Side.
