La familia del empresario rosarino Leonardo Grinschpun –fallecido recientemente– reclama a un grupo familiar y empresario alrededor de 140 millones de dólares por un préstamo de dinero realizado a fines de la década del ’90.
El origen de este juicio, considerado como el más grande de la provincia de Santa Fe, se tuvo lugar a fines del siglo pasado, cuando el empresario le entregó al Grupo Werthein una importante suma de dinero (entre efectivo, bonos, propiedades y la fábrica de yerba mate y te Cachamai) para la compra de Telecom.
Tiempo después, el grupo empresario comenzó a pagar la deuda, pero en un momento dejaron de hacerlo, por lo que se inició un largo expediente judicial.
Tras la muerte de Grinschpun, su familia fue a la Justicia con un pedido de homologación del convenio.
Los denunciantes tienen reconocimientos de deuda firmados en Uruguay por los Werthein, señala Radio 2. En principio fue por 84 millones de dólares, cifra que creció a 140 millones por intereses resarcitorios y punitorios. Entre los reconocimientos, los integrantes del Grupo W pusieron como garantía a Telecom.
El Grupo Werthein posee Telecom y Personal. Y el año pasado compró la firma QBE ART. El grupo y particularmente su presidente, Daniel Werthein, tiene una inhibición por un millón de dólares. Al juicio civil lo tramita el juez de distrito Marcelo Quiroga.
También hay una denuncia penal por desbaratamiento de derecho (contra los W) y prevaricato (contra Gustavo Isaack), que recayó en manos del fiscal de Investigación y Juicio Fernando Dalmau. La demanda por prevaricato contra Gustavo Isaack es porque fue abogado de Grinschpun por 20 años.
Según la publicación, hasta participó como asesor legal de la transferencia de Cachamai e intervino en mediaciones. Ahora representa a los Werthein. Al principio firmó documentación, pero ahora quien se hace cargo de las firmas es Germán Winter (vinculado a Isaack).
Grinschpun falleció en Punta del Este (Uruguay) en enero de este año y son sus herederos quienes continúan con el reclamo judicial. Los abogados patrocinantes de la familia son Matías Scalona (por la familia), Froilán Ravena (denuncia penal) y Leopoldo José Hernández (reclamo civil).
