El sindicalismo intentará saltear el cerco teórico del 30% establecido por el Gobierno para la discusión este jueves en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y rechazará cualquier intento de debatir descuentos de sueldo o limitaciones al derecho de huelga. El organismo que reúne a empresarios y gremialistas -en esta ocasión, por primera vez estarán representadas las cinco centrales obreras- se reunirá desde la mañana en el Ministerio de Trabajo, en donde también definirá una suba extraordinaria del subsidio por desempleo prevista del monto actual de $ 400 a más de $ 3.000.
En el encuentro estarán representadas con igual peso las tres variantes de la CGT (con cuatro representantes cada una), de Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo, y las dos CTA (dos sillas para cada una) de Hugo Yasky y Pablo Micheli. En tanto que los 16 lugares para empresarios serán ocupados por entidades como la Unión Industrial, las cámaras de Comercio y de la Construcción, el agro y las finanzas.
Mientras la administración de Mauricio Macri prevé para la discusión de fondo un aumento del piso salarial de los actuales $ 6.060 a cerca de $ 8.000 en dos etapas, desde las centrales obreras adelantaron que intentarán empujar ese ajuste a un rango de entre 35 y 40 por ciento, de modo tal de estirar el monto a entre 8.200 y 8.500 pesos. El salario mínimo tiene un impacto directo sobre menos de 200 mil trabajadores no alcanzados por convenios colectivos, pero en forma mediata -aseguran los funcionarios- opera como eventual referencia para los planteos de ajustes de los empleados no registrados y de los monotributistas.
Por primera vez el debate incluirá ítems que hacen a su constitución original, pero que no fueron puestos en práctica en los últimos diez años, una vez que se reactivó el funcionamiento del Consejo. Por caso, fijará la suba extraordinaria del subsidio por desempleo y la posibilidad de habilitar su cobro en simultáneo con la Asignación Universal por Hijo (AUH), como método de contención social.
Como novedad de la actual convocatoria, se intentará establecer un monto de la canasta básica de bienes y servicios. Si bien el Indec debe calcular esos valores con sus propios métodos, el Consejo del Salario tiene como facultad «aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil». Según los gremios, esa canasta en la actualidad equivale a un valor cercano a los 16 mil pesos.
Además, el Gobierno buscará incluir en la discusión variables relacionadas con la productividad del sector industrial y el ausentismo como preocupación de los empresarios. En particular, la posibilidad de formalizar los descuentos salariales por los días no trabajadores como consecuencia de conflictos sindicales.
Esta novedad levantó indignación y repudios unívocos en los sindicatos. La respuesta más dura vino ayer de Pablo Moyano (hijo y número dos de Hugo en el sindicato de Camioneros), que expresó su «rechazo total, no sólo del gremio sino de toda la CGT y del conjunto del movimiento obrero». «Macri es Menem sin patillas; con estas medidas volvemos a los años 90, con esta posibilidad del Gobierno de limitar el derecho a huelga. No lo va a poder hacer», advirtió. En igual sentido se pronunció Micheli: «Rechazo total. Si intentan ir por ese lado, es para patear la pelota afuera de la cancha y no lo vamos a permitir», sostuvo.
En la CGT, sin embargo, algunos dirigentes interpretaron en reserva que el objetivo central del Ejecutivo será limitar la conflictividad en el Estado, en donde las protestas y huelgas son más habituales que en el sector público. En particular se cree que la idea apunta contra la Asociación de Trabajadores del Estado, una organización minoritaria en el sector público respecto de la Unión del Personal Civil de la Nación, pero mucho más combativa.
