Cosas raras ocurren en la Argentina de recurrentes moratorias y perdones fiscales a evasores: los blanqueos de capitales son más blancos si los hace Cambiemos que si los hace el kirchnerismo.
En definitiva esto es capitalismo. ¿Por qué no evadir, eludir, ocultar si siempre habrá algún gobierno necesitado de dinero? Cristina Fernández lo hizo cuando la sequía de dólares en el Banco Central; y Mauricio Macri ahora sigue sus pasos motivado por otras urgencias. Al igual que las moratorias a las que echan mano las provincias cuando están cortas de presupuesto, los que más aprovechan estas medidas no resultan ser quienes se atrasaron por falta de capacidad de pago sino los que planifican incumplir sus compromisos fiscales.
Hace ruido tanto silencio de todos aquellos que fustigaron el blanqueo en tiempos del kirchnerismo, entre ellos radicales, peronistas disidentes, macristas, socialistas.
Pareciera que narcos, lavadores, corruptos y evasores son patrimonio de sólo algunos gobiernos. Como si el capitalismo financiero se rigiera por ideologías o el blanqueo fuera bueno en manos de unos y malo en manos de otro.
Con disimulo
Tan consciente es Cambiemos de esa contradicción que coló el blanqueo debajo de las polleras de una batería de medidas muy bienvenidas para jubilados actuales y futuros, como el pago de juicios que llevaban tantos años de tramitación como para después cobrarlos; o la actualización del cálculo de haberes que se dice significará hasta un 45% de aumento; y más aún el derecho universal a una pensión de vejez.
Probablemente esos beneficios a los jubilados no hayan estado en los planes inmediatos del gobierno y hayan sido adelantados para apaciguar lo que el jefe de Gabinete llamó “el peor momento” de la gestión. Desde la óptica de los jubilados, bienvenido sea el apuro del gobierno. Desde el punto de vista del presidente debe ser preocupante tener que salir a quemar semejante cartucho apremiado por la agenda y no por una planificación propia de los tiempos.
Money
Todas las cartas de este gobierno están jugadas al ingreso de dinero desde el exterior.
Hombres y mujeres de Cambiemos creen que en los próximos meses habrá fondos, vía inversiones o préstamos (más lo segundo que lo primero por ahora), y que eso devolverá movimiento a la economía. Se abrazan a la posibilidad de miles de millones de dólares derramando en obras públicas en distintos rincones del país, moviendo pueblos y ciudades.
En el juego del día a día de la política, esas voces de Cambiemos creen que si se cumpliese esa parte del plan y la economía tomase temperatura, ya “sería otra cosa” para el gobierno. Podría sacar la cabeza de un laberinto de apremios cotidianos, del fárrago de malas noticias que aquejan a una administración que aceleró la paralización de la actividad, golpeó con tarifazos impagables, puso en jaque el empleo, ajustó presupuestos y paralizó la obra pública. Es decir, si llegaran esos fondos, y si se logra que traccionacen a la economía, la Casa Rosada podría poner los ojos en el mediano plazo, esbozar un proyecto político que hoy sólo aparece desarticulado y a saltos.
La historia no tan lejana tiene sobradas muestras de los peligros que representa entregarse al endeudamiento externo bajo condiciones que dependen de variables que no se manejan aquí.
Ese debate atraviesa a la provincia de Santa Fe, una de las que se dispone a buscar recursos en el mercado de capitales. El tratamiento en la Cámara de Diputados expuso esas posiciones. Una amplia mayoría votó a favor de autorizar una herramienta que permitirá al actual y probablemente también al próximo gobernador emitir deuda por hasta 1.000 millones de dólares, que no se emitirán de una sola vez sino de a tramos, en la medida que existan proyectos, capacidad de ejecución y las condiciones de mercado sean favorables.
La cifra es alta (el mismo gobierno comenzó hablando de la mitad), pero en las condiciones financieras, de pasivo y de compromisos que tiene Santa Fe es más que aceptable, cumple con parámetros constitucionales y leyes nacionales y aún así le queda mucho resto. Además, ese dinero no es para uso de cuenta corriente, ni siquiera para reprogramar deuda como es el caso de otras provincias “grandes”, sino exclusivamente autorizado para obra pública. Visto de esta manera, es una oportunidad única para que la provincia dé un salto cualitativo en materia de infraestructura que, vale decirlo, no es exactamente lo que refleja el anexo de obras a financiar con este dinero que acompañó el proyecto de ley (a tal punto que la Cámara de Diputados lo relativizó en la letra final que pasó al Senado).
Renunciamientos
La contrapartida es que para acceder a esa oportunidad hay que hacer renunciamientos.
Uno de ellos es prorrogar la jurisdicción nacional en favor de tribunales extranjeros y desistir a oponer la defensa de inmunidad soberana. “En caso de incumplimiento”, aclararon durante el debate los diputados del oficialismo, quienes sostienen que la fortaleza económica y financiera de Santa Fe hace impensable esa situación.
La cuestión es que la prórroga de jurisdicción nacional no es un discurso abstracto. Ocurrió en Argentina y tuvo como desenlace el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa y el arreglo con los holdouts.
Una minoría de diputados compuesta por una parte de peronistas, el bloque de socialistas Igualdad y Participación, y el Frente Social y Popular votaron en contra. También objetaron que se recurra a endeudamiento en moneda extranjera y no en pesos (cuyo financiamiento es más caro y la disponibilidad de montos es mucho menor y los plazos más cortos) y que “nos metamos en la boca del lobo” recurriendo voluntariamente al “más puro y duro instrumento del neoliberalismo y del capitalismo financiero internacional”, según las palabras del diputado Rubén Giustiniani.
Hasta diputados del oficialismo dijeron entender los temores manifestados por esa minoría de legisladores (quién no con la historia argentina del siglo XX), pero replicaron que el santafesino no es ni cerca un Estado sobreendeudado como para correr riesgos de impago. Se respaldaron con las mejores notas que las calificadoras de riesgo pusieron a Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.
Con el debate en ese punto, cabe preguntarse si a esta altura del siglo XXI, con el nivel de desarrollo adquirido por la globalización de matriz capitalista, es malo por sí mismo recurrir al endeudamiento externo o, por el contrario, es una cuestión de herramientas financieras que merece ser estudiada y aprovechada según las circunstancias, es decir si son favorables variables como nivel de deuda previa, programación de pagos, tasas, destino de los fondos, condiciones de devolución, plazos, tiempo de gracia, volumen, entre otros.
Esta es otra de las cosas raras que ocurren en Argentina: Estados subnacionales como Santa Fe viven la posibilidad de tomar deuda en el exterior como una oportunidad única para desarrollo de infraestructura; mientras que el Estado nacional, que es su garante de última instancia, echa mano al crédito internacional como su carta de salvación.
