El fiscal federal Federico Delgado pidió la detención del prefecto del departamento de Narcotráfico Néstor David Alarcón Torres así como el procesamiento de otros prefectos y cinco funcionarios del Gobierno porteño.
Lo hizo ante el juez federal Sebastián Casanello luego que fueran procesados con preventiva los organizadores del evento, entre ellos, el abogado Víctor Stinfale y Adrián «Pollo» Conci, este último de la organizadora Dell Producciones.
Alarcón Torres es del departamento de Narcotráfico, quien venía llevando una investigación previa sobre un grupo de vendedores de droga, y según la fiscalía facilitó el comercio de estupefacientes y concurrió en el abandono de persona seguido de muerte.
«Alarcón Torres, que tenía a su cargo las tareas de prevención de venta de drogas el 15 de abril de 2016 en Costa Salguero no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada como responsable de un área sensible, porque subordinó los objetivos generales de la Prefectura Naval Argentina a los de los organizadores de la rave que necesitaban», según la fiscalía.
«Ello es así, pues fue un engranaje decisivo de ese esquema que montaron los organizadores que requería la complicidad policial. Sin esa indiferencia intencional y deliberada, no se podría haber llevado adelante. Subordinó los objetivos de una fuerza de seguridad pública al fin de lucro de los organizadores. Su inacción fue una acción relevante. Ello lo convierte en cómplice de los hechos», añadió.
El fiscal Delgado recordó que a la madrugada un encargado del control de acceso quiso entregar una bolsa con drogas a Alarcón Torres que habían quitado a los asistentes, y que aquel estaba ausente, por lo que fue dejada al prefecto Alberto Pandiani. Pero Pandiani la dejó en custodia y recién hizo apertura de esa bolsa a la tarde del sábado: «su intervención en el hecho fue colateral y no tuvo relevancia en la tragedia».
«Repetimos, Pandiani debió regirse por el procedimiento penal y no lo hizo. Además, la bolsa tenía otro destinatario», sostuvo al pedir el procesamiento de Pandianti por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La diferencia entre Alarcón Torres y Pandiani es que el primero venía realizando una investigación previa sobre venta de drogas y estaba como agente estatal, y el segundo estaba en el lugar contratado como «adicional».
Por incumplimiento de deberes de funcionario público, el fiscal reclamó los procesamientos de Claudio Alberto Iacobaccio, Fernán García Vázquez, Néstor Ricardo Cella, Gustavo Alberto Herms y Pablo Germán Fontanellas, funcionarios del Gobierno porteño de la Agencia Gubernamental de Control.
El fiscal recordó que el predio de Costa Salguero donde tuvo lugar la fiesta tenía una capacidad permitida de 13 mil personas y que ingresaron un total de 20513, tal cual surge del análisis del teléfono de Conci que mantuvo la madrugada del 15 de abril conversaciones vía chat con otros organizadores.
Para la fiscalía hubo un incumplimiento de deberes de funcionario público pues en el caso «no hay evidencia concreta de soborno a funcionarios por ahora, no hay pruebas de otro tipo de connivencia» y por ello «las pruebas reunidas no autorizan por ahora a colocar a los inspectores como cómplices de los organizadores».
Hasta el momento, en la causa están detenidos Stinfale, Conci, Carlos Garat, responsable del plan de evacuación en Costa Salguero; Carlos Penise; y procesados Maximiliano Ávila y el productor artístico Martín Gontad.
