Dos muertos y más de 400 personas detenidas a raíz de saqueos a comercios y camiones que transportaban alimentos, y un nuevo fallo de la Justicia contra el Parlamento, aumentaron ayer la tensión política en Venezuela, pese al aparente alivio aportado por la iniciativa para instalar un diálogo urgente entre el gobierno de Nicolás Maduro y el de los Estados Unidos.
Diputados opositores afirmaron que los disturbios, ocurridos anteayer en Cumaná, capital del estado Sucre, dejaron dos muertos y al menos 25 heridos, pero el gobernador regional, el chavista Luis Acuña, aseguró que las víctimas fatales fallecieron “por diferentes hechos” que “no están vinculados” con los saqueos.
Entre los más de cuatro centenares de detenidos hay varios menores de edad, indicó Acuña, quien sostuvo que el episodio fue “aislado”.
El gobernador aseguró que Cumaná había vuelto a la normalidad y permanecía “sin ningún foco de vandalismo” después de que llegaran tropas militares a reforzar la seguridad y de que el alcalde David Velázquez prohibiera la circulación de motocicletas en la ciudad por 72 horas.
“Creo que no podemos criminalizar las protestas cuando son por hambre y creo que lo que está pasando en el estado de Sucre es que básicamente la gobernación del estado no ha asumido de inmediato la emergencia de alimentación y distribución que estamos necesitando”, afirmó la diputada opositora Milagros Paz.
Asimismo, en Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, se registraron ayer intentos de saqueos y al menos ocho personas fueron detenidas por la Policía, reportó el gobernador, el chavista Nelson Moreno, quien responsabilizó a la oposición por esos hechos.
En los últimos días, protestas por el desabastecimiento de alimentos y medicamentos y otros incidentes en filas frente a supermercados dejaron tres muertos, uno en Caracas, otro en el estado andino Táchira y el tercero en el interior del estado de Sucre.
El jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Julio Borges, pidió anteayer al gobierno que prohíba a policías y militares el uso de armas de fuego en la represión de manifestaciones, que está autorizado por una resolución del Ministerio de Defensa vigente desde enero de 2015.
Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) volvió a emitir ayer un fallo destinado a limitar las atribuciones de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), con amplia mayoría opositora.
La sentencia ordena “a la Asamblea Nacional, a su presidente, a su junta directiva y a sus miembros en general abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la república y, en general, desplegar actuaciones que no estén abarcadas por las competencias que les corresponden”.
El TSJ explicó en un comunicado que sustentó su decisión en que parlamentarios opositores están realizando acciones “tendientes” a “solicitar la intervención de organismos e instancias internacionales en asuntos internos de la república”.
Desde que la oposición asumió la mayoría de la Asamblea, en enero pasado, el gobierno utilizó al TSJ para neutralizar la acción legislativa, con lo que se generó un conflicto de poderes.
En ese contexto, el TSJ declaró inconstitucionales varias normas sancionadas por la Asamblea, tales como la ley de amnistía, las reformas al funcionamiento del Banco Central y la propia máxima corte, y la ley especial para atender la crisis humanitaria en salud.
Mientras tanto, la secretaria de Estado adjunta interina para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Maricarmen Aponte, afirmó en Santo Domingo que su gobierno está “tratando de impulsar que haya un diálogo” de “venezolanos hablando con venezolanos”, un día después de que los cancilleres John Kerry y Delcy Rodríguez anunciaran inminentes conversaciones entre los gobiernos de Washington y Caracas.
Días atrás trascendió que Washington está detrás del intento que el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, y los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá) están haciendo para reunir en una mesa de diálogo al chavismo y la oposición venezolana.
La oposición condiciona su asistencia a esas conversaciones a que el oficialismo deje de obstaculizar la realización este año de un referendo revocatorio del mandato del presidente Maduro.
Santos y Macri piden diálogo
Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de la Argentina, Mauricio Macri, hicieron ayer en Bogotá un nuevo llamado al diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. “Espero que se encuentre el camino del diálogo para que con los instrumentos constitucionales se logre votar y, si en la votación sale que hay elecciones, puedan hacerse antes de fin de año”, expresó Macri. A su vez, Santos afirmó: “Ahí está el instrumento revocatorio a disposición del pueblo venezolano. Que se respeten esas reglas de juego”.
