El Concejo Municipal aprobó ayer por unanimidad una ordenanza que obliga a todos los comercios de productos alimenticios de la ciudad de más de 300 metros cuadrados de superficie a adoptar las llamadas “etiquetas de doble registro” para anunciar los precios de los productos de la canasta básica alimentaria, en todas las marcas, desde las más baratas hasta las premium. La obligación comenzará a regir en enero de 2017.
Aunque se les llama doble registro, las etiquetas tendrán que exhibir tres datos concretos: el precio que tenían al 1º de enero del año en curso, la fecha del último aumento y el precio final vigente del producto. Los datos deberán estar exhibidos en las góndolas donde se encuentre el producto.
Según está previsto en la ordenanza, las etiquetas con doble registro se aplicarán en todos los supermercados, comercios o centros de venta de alimentos, tanto minoristas como también mayoristas. La única salvedad es de superficie, ya que la obligación regirá para los que tengan 300 metros cuadrados o más, aunque ese tamaño esté repartido en varias bocas de expendio de una misma cadena.
El proyecto, de autoría del edil Aldo Pedro Poy, del Partido Demócrata Progresista, no es de factura reciente, sino que hacía casi tres años que estaba en tratamiento en comisiones. Pero el apagón estadístico del Indec, que recién esta semana publicó una medición de inflación, la primera desde diciembre del año pasado, puso en relieve otros relevamientos privados o de menor alcance que el que por estructura puede generar el organismo estadístico nacional, como el “IPC Congreso” que mes a mes da a conocer el Parlamento nacional o la medición de la canasta básica en Rosario, que desde hace casi seis años releva el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria para una familia tipo que vive en departamento. Sin las pretensiones de una medición, la etiqueta de doble registro es una fuente de información a los consumidores, que simplemente expone la variación de un producto determinado.
De hecho, en los considerandos de la iniciativa se da cuenta de que el Indec elabora un índice de mayor exactitud pero de menor proximidad, al exponer que “sus resultados son cuestionados por no reflejar con similitud el aumento que se observa en las góndolas de los supermercados”.
En ese marco menciona al Instituto Provincial de Estadística y Censos “que genera su propia información estadística y coopera con otros organismos de su misma naturaleza”, trabajo con el que la normativa puede contribuir.
Pero sobre todo se apunta a facilitar el accionar informado y orientado de quienes se abastecen de alimentos en supermercados: “La implementación de etiquetas con doble registro ayudará al consumidor a controlar si se cumple con el compromiso del congelamiento de los precios y también para comparar el incremento de los mismos”, puntualiza la ordenanza. Y define que “la inflación refleja la disminución real del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio”, por lo que “la suba de precios de los bienes comercializables en las cadenas de supermercados afecta fuertemente la economía familiar”.
