El romance parece terminarse. La seguidilla de elogios de las calificadoras de riesgo sobre las medidas de ajuste que adoptó el gobierno en el comienzo de su mandato, en un contexto social complicado, se interrumpió en estas semanas con los reparos que empezaron a hacer llegar a sus clientes sobre las últimas medidas: a pocos días de que ingrese el proyecto de ley de pago a jubilados en la Cámara de Senadores, Standard & Poors alertó en un informe global que es probable que la Argentina no vaya a cumplir con sus metas de déficit cero e inflación de un dígito en 2019, y que en sólo dos va a tener récord mundial en gasto previsional. En Moody’s, otras de las tres grandes agencias de riesgo del mundo, consideran también que la medida de “reparación histórica” que está por convertirse en ley puede volverse negativa si fuerza al país a no solucionar su problema del déficit.
Se trata de una luz amarilla que el mercado no pasa por alto y que refleja un cambio de postura en la visión de las calificadoras. Ambas vienen elogiando y favoreciendo a la Argentina en sus notas de deuda desde el comienzo del mandato de Mauricio Macri, especialmente por el levantamiento del cepo cambiario y el pago a los holdouts. Ahora, sin embargo, parecen soltar la mano por primera vez: “Todo lo que podemos hacer es alertar sobre las posibles consecuencias de estas medidas mediante la cuantificación de sus efectos fiscales. El más preocupante de ellos es que el gasto de la seguridad social se incrementará de un ya elevado 10 por ciento del PIB al 13 por ciento, más alta que en Brasil y sólo comparable con los niveles observados en países desarrollados como Francia, Alemania y Japón”, comentó en un informe a clientes el economista jefe de Standard & Poors Joaquín Cottani.
Gastos, no personas
En la calificadora consideran que el gobierno no sólo tendrá dificultades para cumplir su meta de déficit cero sino, también, para llegar a tener inflación de un solo dígito en 2019: “Incluso antes de que se anunciara el plan, estábamos escépticos de que el gobierno iba a alcanzar los objetivos de 2017 y 2018 con déficit primario, debido al excesivo gradualismo en la reducción de las subvenciones públicas. Ahora, con el aumento de las pensiones y las transferencias provinciales, las diferencias son significativamente más amplias. Para el año 2018, prevemos un déficit primario del 4,5 por ciento del PIB en comparación con un objetivo oficial del 1,8 por ciento. En nuestra opinión, esto hará que sea más difícil para la administración de Macri alcanzar su objetivo de reducir la inflación a un solo dígito en 2019”, completó Cottani.
Costos fiscales
En Moody’s, mientras tanto, esperan a evaluar el verdadero costo fiscal de la medida.
Pero consideran que sería “claramente negativo” que la medida frenara “el proceso de consolidación fiscal” que había planteado la Argentina. “El país tiene un déficit muy alto. Si tarda mucho en bajarlo, va a llevar a un aumento importante de la deuda pública. La clave para nosotros es cómo se financiará la medida”, comentó el director de calificaciones soberanas, Gabriel Torres. Y, en este sentido, consideró que, “si bien el blanqueo podrá ayudar, en el corto plazo si aumentan los gastos permanentes se necesitarán ingresos permanentes”.
Las agencias de riesgo castigaron duramente a la Argentina durante el gobierno anterior.
Apenas la presidenta Cristina de Kirchner resolvió embarcarse en el default al no pagar el vencimiento del Discount en dólares, colocaron al país en los escalones más bajos de la escala (RD y CCC+), que identifica a los emisores que tienen algún grado de incumplimiento. Luego, con el cambio de gobierno y por las últimas decisiones sobre la economía, la deuda soberana salió de la categoría de default y fue elevada a los niveles de B y B3. Con todo, en las agencias reconocen que la solvencia fiscal no es un dato menor al momento de asignar una calificación sobre la capacidad de pago de un emisor.
La fría calculadora
Hace unas pocas semanas, la consultora Macroview, del economista Rodolfo Santangelo, también advirtió sobre el peligro de una “pesada mochila estructural” que podría asumir la Argentina ante la medida de pago a los jubilados. Según describió en un informe, el stock del FGS –que se calcula en los 90.000 millones de pesos al año– alcanzará para pagar sólo una parte del nuevo compromiso que asumirá el gobierno con los jubilados, y será insuficiente para afrontar toda la “reparación histórica” que se pondrá en marcha, que supone un stock de 90.000 millones de pesos en forma retroactiva (por la deuda acumulada hasta ahora) y un flujo permanente de 110.000 millones de pesos adicionales por año, a partir de ahora, por el aumento del haber jubilatorio. El blanqueo de capitales y la moratoria previsional asistirán al fisco inicialmente, con una buena parte del resto, pero por única vez. La inconsistencia del plan podría verse, entonces, en el gasto permanente que asumiría el Estado a partir de ahora, sin un flujo de ingresos similar que le permita compensarlo. La preocupación se extiende cada vez más. Y las calificadoras parecen esta vez no estar tan solas.
