Al igual que ocurrió en los anteriores gobiernos del Frente Progresista, los senadores de la oposición le hacen transpirar la camiseta al gobernador Miguel Lifschitz para autorizarle emisión de deuda en moneda extranjera para obra pública.
Sin posibilidad de destrabarlo la semana que pasó, ahora el jueves es el próximo el día D para el proyecto del Ejecutivo, que pretende que el Senado lo vote ese día y que rápidamente el expediente atraviese el pasillo central de la Legislatura para que Antonio Bonfatti lo ponga a consideración de la Cámara de Diputados que preside y en la que el oficialismo sí tiene mayoría propia. Lograrlo, obliga a una negociación a dos bandas, donde los operadores del oficialismo deberán avanzar en simultáneo, cotejando que lo que se acuerde en una cámara sea digerible para la otra.
Los senadores peronistas siguen siendo el principal núcleo de poder de oposición. Tienen 11 de las 19 bancas departamentales y con eso obligan al Ejecutivo a negociar cualquier iniciativa que necesite aprobación legislativa.
En el caso del permiso para tomar 1.000 millones de dólares para obras de infraestructura, imponen sus condiciones: están dispuestos a levantar la mano sólo si el gobierno les garantiza que parte del dinero se destine a financiar un pliego de obras definidas por ellos para sus departamentos.
Lifschitz ya les hizo un guiño cuando en el pedido de autorización detalló una serie de obras a realizar con el crédito, algunas de ellas de pequeña escala que bien podrían financiarse con presupuesto ordinario, pero que puestas en ese lugar no eran más que el reflejo de las conversaciones previas. Todos tienen claro que el núcleo de negociación pasa por el paquete de proyectos a financiar con el dinero que se obtenga, por lo cual ese listado, cuestionado porque no pasaba de un boceto a mano alzada con proyección de costos a muy grosso modo, nunca tuvo carácter definitivo.
Para colmo, cuando le dio media sanción, Diputados borró los montos de las obras, por más que fueran estimativos, y estableció que su inclusión debía entenderse como obras consideradas prioritarias, pero ni más ni menos que otras que no estaban mencionadas allí. Por eso los senadores exigen garantías de que las obras se harán.
Las condiciones
Los senadores de la oposición tienen la sartén por el mango en esta instancia. Le guste a quien le guste. Al vicegobernador Carlos Fascendini no le gustó: expresó públicamente su amarga percepción y acusó a los caciques peronistas de estar poniéndole llave a sus departamentos y querer cogobernar.
¿Qué fue lo que molestó a Fascendini? Los caciques justicialistas ofrecieron aprobar 500 en lugar de 1.000 millones de dólares con el argumento de que no hay tiempo material para ejecutar todos esos recursos extraordinarios más los 11 mil millones para obra pública previstos en el presupuesto 2016. Ofertaron que los 500 millones restantes los sacarían en 2017 y hasta hablaron de un tercer tramo por la misma cifra en 2018.
Yendo a los bifes: los senadores pretenden la mitad de los u$s 500 millones (unos 3.500 millones de pesos) para “sus” obras y dejan liberados los otros 3.500 millones para las obras “del gobierno” que además, recuerdan, ya dispone de los 11 mil millones del presupuesto. Este esquema de reparto fue contado a este diario por negociadores del peronismo y confirmado en el Frente Progresista.
En síntesis: los senadores quieren definir el destino del 20% del total de los fondos de Santa Fe para obra pública.
El planteo es polémico. Para algunos bordea lo extorsivo. Para otros es injusto porque supone usar una herramienta extraordinaria para financiar obras que no responden a esa escala. Seguramente para los habitantes de muchos de sus departamentos, que son los que votaron a esos senadores, es una buena noticia porque podría garantizarles alcanzar obras que suelen quedar relegadas.
Como sea, Lifschitz no tiene demasiadas alternativas. Pragmático, el gobernador entendió que el enojo de Fascendini sirvió para esclarecer las antipáticas condiciones que le impone el Senado, pero no para conseguir la autorización para emitir la deuda que está buscando. Por eso el jueves al mediodía mandó dos ministros a negociar con los senadores sobre la realidad de que sólo le aprobarían 500 millones de dólares. Después de todo, esa es la cifra original que había pensado y que comunicó durante su mensaje a los legisladores el 1º de mayo pasado.
Pablo Farías, que tuvo a los peronistas Danilo Capitani y Rubén Pirola entre los principales interlocutores, fue y vino entre la Legislatura y la Casa de Gobierno. Calmó los ánimos, hizo desistir a los justicialistas de presentar un proyecto propio que hubiera frenado todo porque jamás hubiera pasado por Diputados, y acercó posiciones. Por su parte, el ministro de Infraestructura José Garibay se llevó tarea para el fin de semana: su misión es adecuar la lista de obras a un presupuesto de 500 y no de 1.000 millones. Y dentro de eso, equilibrar la mitad para las obras que pretende hacer el gobierno y la otra mitad para las que quieren los senadores.
Cabe aclarar que el escalonamiento de emisión que propone la oposición no difiere demasiado del que estaba planificando el propio Ministerio de Economía, tal como se adelantó en esta columna semanas atrás (no hay capacidad operativa real en el mercado para ejecutar obras por 1.000 millones de dólares más todos los fondos de los distintos niveles del Estado). Para el ministro Gonzalo Saglione, un escenario es disponer de la aprobación legislativa de modo de programar la emisión de bonos de acuerdo a la evolución de las licitaciones y a que las condiciones de mercado sean las más oportunas, y otra subordinar esas variables a un tratamiento legislativo previo, que en este caso ya insumió un mes y medio. El impacto del Brexit en los mercados financieros abona esta idea. Nadie puede garantizar que ahora se pueda conseguir dinero con las tasas y los plazos que se preveían hasta el jueves pasado.
El realismo del poder real
El acercamiento del intendente de Santa Fe y esa rama de la UCR a Cambiemos es una amenaza a futuro para el Frente Progresista. Por el contrario, la mayoría justicialista en el Senado provincial es el núcleo de poder con el que el gobierno debe tratar día a día.
Los senadores peronistas controlan la cámara y ahora también el PJ santafesino. Fue un proceso “natural”: derrotado el kirchnerismo, la Casa Rosada dejó de ser un factor influyente en el partido. Asumieron la conducción los senadores, que son los que tienen votos, dinero para hacer política y control territorial.
Omar Perotti es el socio estratégico al que necesitan no porque sea senador nacional, sino porque tiene la proyección e instalación electoral que a ellos les falta. Los senadores departamentales pueden condicionar al gobierno pero no pueden ser una alternativa de gobierno. No por sí mismos. Si lo miramos hoy con perspectiva a futuro, se podría asegurar que uno de ellos estará en la fórmula a gobernador de 2019, pero como segundo, detrás de Perotti.
Con los intendentes peronistas a la deriva, sin referencia ni caja de un gobierno nacional o provincial, la figura de los senadores se agiganta. El eje de poder se trasladó a ellos, no sólo en términos políticos y económicos, incluso físico, como lo demuestra la presencia casi cotidiana de Ricardo Olivera, flamante presidente del Partido Justicialista, en los despachos de la Cámara alta.
